Delito de Cohecho en Colombia

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El cohecho se relaciona directamente con una conducta de soborno, no obstante, en materia penal adquiere una dimensión mucho más específica. Así, se vincula con aquel grupo de delitos que atentan contra el bien jurídico de la Administración Pública. Vale la pena resaltar que, no es recomendable dentro de una actuación penal, usar como sinónimos los dos términos señalados, debido a que, existen otro tipo de delitos que usan la palabra soborno, tales como, el soborno a testigos, el soborno en la actuación penal y el soborno transnacional.

El objetivo principal de este tipo penal, consiste en salvaguardar la integridad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, es decir, implica la protección de valores inherentes a la función pública, por ejemplo, la imparcialidad y la rectitud. De esta forma, se garantiza la operatividad del principio de legalidad dentro de todo el territorio nacional y el funcionamiento de todas las instituciones pertenecientes a las tres ramas del poder público.

De acuerdo a lo anterior, resulta posible afirmar que este delito tiene una doble connotación negativa, pues no solamente se despliega la conducta, para doblegar fraudulentamente la voluntad de una persona, sino que el propósito de dicha acción, se enfoca en desviar la labor que ejercen los funcionarios públicos. Generalmente, esta conducta se materializa con una oferta, entrega de dinero o un bien material que sea susceptible de valor patrimonial.

Cohecho en el Código Penal (Ley 599 de 2000)

El artículo 407 de esta norma, señala expresamente que “ el que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores (cohecho pasivo), incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. La nomenclatura completa de este tipo es cohecho por dar u ofrecer. Esta clase de cohecho se denomina activo y no requiere bilateralidad, es decir, la presencia de dos sujetos. Aquí, el sujeto activo es quien realiza la conducta señalada.

¿Qué es el cohecho pasivo?

Seguidamente, en este tipo de cohecho, se encuentran necesariamente dos sujetos, a saber, el servidor público y el sujeto del artículo anterior. En el cohecho pasivo, el sujeto activo del delito es el servidor público que acepta recibir el dinero, utilidad o promesa de retribución. Si se sigue una línea de pensamiento lógico, cuando se ejerce esta conducta, necesariamente se produce la anterior modalidad descrita.

Vale la pena resaltar que, la clasificación antes expuesta es meramente metodológica y la legislación en ningún momento realiza tal exposición dogmática. Los artículos 405 y 406 de la misma norma, señalan dos modalidades de cohecho pasivo.

Así las cosas, el cohecho propio descrito en el artículo 405, se produce cuando un servidor público recibe para si mismo o para un tercero que este señala, cualquier valor patrimonial o promesa de ser remunerado, de manera directa o indirecta, con la finalidad de retardar u omitir una acción asignada a su cargo, o ejecutar un acto contrario a sus deberes como titular de la función pública.

Respecto a la pena, esta modalidad se sanciona con una pena privativa de la libertad por un término entre ochenta (80) y ciento cuarenta (144) meses. De igual forma, la sanción monetaria se estimará entre sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes; e inhabilidad para el desarrollo de funciones públicas entre ochenta (80) y ciento cuarenta y cuatro (144) meses

Por otra parte, el cohecho impropio, expuesto en el artículo 406, se lleva a cabo cuando un servidor público recibe para sí mismo o para un tercero que este señala, cualquier valor patrimonial o promesa de ser remunerado, de manera directa o indirecta, para ejecutar una acción que sea propia del desarrollo de las funciones de su cargo.

La sanción en esta modalidad, consiste en una pena privativa de la libertad por un término entre sesenta y cuatro (64) y ciento veintiséis meses (126), la multa se estimará entre sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes; e inhabilidad para el desarrollo de funciones públicas entre ochenta (80) y ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Ahora bien, en el caso en que un servidor público realice la misma conducta, frente a alguien que tenga interés en la resolución de un asunto, cuya competencia le corresponda aquel, se sancionará con prisión entre treinta y dos (32) y noventa (90) meses, y deberá pagar entre cuarenta (40) y setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. También será sujeto a inhabilidad de los derechos y las funciones públicas durante (80) meses. Este tipo de cohecho se ha clasificado como aparente por parte de algún sector académico, lo cual disentimos desde este despacho.

El Cohecho y la Jurisprudencia

La Honorable Corte Constitucional se ha manifestado sobre el tema, señalando claramente que, los actos de consumación del tipo penal de cohecho, se ejecutan de manera instantánea, toda vez que, este delito no puede presentarse bajo la modalidad de tentativa. Esta consideración no puede tomarse de manera indefectible, en razón a que, la doctrina y algunos sectores académicos consideran que si es posible la existencia de la tentativa en este delito.

Por otra parte, se reconoce que en la mayoría de los casos donde se comete este comportamiento, se ejerce de forma clandestina y oculta, sin que concurran testigos diferentes a los que llegan al acuerdo ilícito, por lo tanto, resulta difícil obtener una prueba directa de este acuerdo y sus detalles. Debido al anterior obstáculo, se consideran pertinentes y útiles, aquellos medios de prueba indirectos, por ejemplo, los indicios, los cuales tendrán mayor credibilidad, si se acompañan de testimonios coherentes, dentro del caso que se esté sometiendo a juzgamiento.

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