Delito de prevaricato en el código penal

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El término prevaricato deriva etimológicamente de la palabra latina prevaricare, la cual hace referencia a torcer el camino o desviarse de la senda. El delito de prevaricato hace parte del grupo de delitos que atentan contra la administración pública y se encuentra estrechamente ligado al principio de legalidad que rige en todo el territorio nacional. Así, los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, solamente pueden realizar lo que se encuentra consagrado en la ley. En ese sentido, cuando se ejercen labores oficiales por fuera de las leyes o actos administrativos, se incurre en esta conducta sancionada por el Estado.

Ahora bien, resulta indispensable aclarar que, la conducta de los funcionarios puede producirse por acción y omisión, por lo tanto, la tipología de este delito es bipartita. El delito de prevaricato altera gravemente la seguridad y legalidad de las decisiones proferidas por los servidores públicos. El sujeto activo de esta conducta es el servidor en ejercicio de sus funciones oficiales, dentro de cualquiera de las tres ramas del poder público. De acuerdo a lo anterior, dentro del ámbito nacional se escucha frecuentemente, acerca de miembros de corporaciones administrativas o judiciales, incurrir en este delito.

Por otra parte, los elementos subjetivos no tienen protagonismo en este delito, debido a que, no es necesario que el autor del delito, tenga como finalidad lucrase de esta conducta u obtener provecho alguno. El juicio de adecuación típica de este delito, no requiere la determinación de un fin personal de quien lo comete, lo cual no quiere decir que pueda predicarse la existencia de la culpa. Las modalidades de prevaricato descritas en los 413 y 414 de la ley 599 de 2000 (Código Penal) son de carácter doloso.

¿Qué es el delito de prevaricato?

El prevaricato es un delito que afecta gravemente la integridad y rectitud de la función pública, toda vez que, la colectividad espera que las decisiones de los servidores públicos se ajusten al principio de legalidad. Las competencias relacionadas con los deberes oficiales nunca podrán ser totalmente discrecionales, pues siempre se encuentran limitadas y regladas por la Constitución Política de 1991 y las leyes pertinentes en cada tema.

En este punto, vale la pena resaltar que, el principio de legalidad adquiere una dimensión positiva, es decir, el servidor debe actuar de manera diligente, clara y precisa en el asunto que decide. Así, debe actuar con todo el rigor técnico jurídico y evitar imponer sus propias formas o puntos de vista, frente a un asunto que ya ha regulado la norma. El dolo debe encontrarse presente en esta conducta, en otras palabras, la intención positiva de vulnerar la norma, en ejercicio de las competencias asignadas.

Clases de prevaricato que existen

Prevaricato por acción

En primer lugar, se encuentra el prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del mismo código, el cual se produce cuando un servidor público se pronuncia por medio de una resolución, un concepto o un dictamen que expresa algo contrario a la ley. La sanción consiste en pena privativa de la libertad por un término entre cuarenta y ocho (48) y ciento cuarenta y cuatro (144) meses, la multa se estimará entre setenta y seis punto setenta y seis (66.66) y trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas será por un tiempo entre ochenta (80) y ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Prevaricato por omisión

Por otro lado, se encuentra el prevaricato por omisión, que se presenta cuando un servidor público omite, retrasa, excluye o deniega un acto que le corresponde en razón de sus funciones. La sanción establecida corresponde a pena privativa de la libertad por un término entre treinta y dos (32) y noventa (90) meses, la multa será estimada entre trece puntos treinta y tres (13.33) y setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilidad para el ejercicio de las funciones pública será por un tiempo de ochenta (80) meses.

Respecto a las circunstancias de agravación punitiva, el artículo 415 del código señala que, las sanciones anteriormente enunciadas, se ampliaran hasta en una tercera parte, en aquellos casos donde la conducta se ejecute en el desarrollo de algún tipo de actuación administrativa o judicial sobre delitos como el homicidio, genocidio, la desaparición forzada, el secuestro, la tortura, el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Diferencias entre el prevaricato por acción y el abuso de la función pública

La Honorable Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia, las características de estos dos delitos. De esta forma, en el prevaricato por acción un servidor público decide sobre el contenido de una resolución, un concepto o dictamen de una forma que es discordante con la ley. Adicionalmente, esta corporación manifiesta que, este delito no se configura solamente con la apreciación de los argumentos que expone el servidor a través del acto administrativo o judicial, pues también se tiene en cuenta un análisis de las circunstancias en las cuales se tomó la decisión. Por otra parte, el tipo penal de abuso de la función pública, se presenta cuando un servidor público abusa de su cargo, mediante la ejecución de funciones públicas diferentes a las que le corresponden, es decir, que están fuera de la órbita de su competencia.

Ejemplos de prevaricato en Colombia

A continuación, se pueden encontrar 4 ejemplos de prevaricato que ocurren en nuestro país con bastante frecuencia.

  • El Juez que resuelve un caso, a través de una providencia que desconoce la legislación, fundamentos de hecho o medios probatorios pertinentes, conducentes y útiles en la solución de un caso, por ejemplo, declarar la resolución de un contrato de compraventa, sin que haya existido o acreditado tal negocio jurídico en el expediente que se esta evaluando.
  • Cuando un alcalde ejerce su potestad nominadora de forma discrecional, desconociendo un proceso de selección como el concurso de méritos. Así, si elige por capricho y desconoce la elección desarrollada en el proceso, incurrirá en este delito.
  • Cuando un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad concede a un sujeto, algún tipo de beneficio o subrogado penal, sin que cumpla los requisitos de ley, por ejemplo, la prisión domiciliaria.
  • Cuando un servidor público que tiene a su cargo, adelantar procesos administrativos sancionatorios, impide el ejercicio del derecho de defensa, mediante autos ilegales, por ejemplo, impedir la práctica de pruebas que fueron decretadas, o no valorar pruebas que fueron practicadas.

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