investigador privado- Evidencia confiable

Ofrecemos el servicio de Investigador Privado, quien trabaja mancomunadamente con nuestro equipo de profesionales. Así, durante el proceso penal no siempre resulta fácil establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la comisión de algún delito, tampoco la individualización de los presuntos responsables de estas conductas, por lo tanto, resulta fundamental contar con un investigador propio que apoye a la Fiscalía General de La Nación en su trabajo investigativo. De esta forma, muchos casos adquieren mayor celeridad y eficacia, traduciéndose en decisiones judiciales.

De igual forma, contamos con plataformas digitales y acceso a amplias bases de datos, para adelantar perfilamientos de personas naturales y jurídicas dentro del ámbito nacional, teniendo en cuenta de manera responsable, los limites con el derecho a la intimidad.

La organización IPCOL agrupa a la mayoría de investigadores privados en Colombia, no obstante, no se encuentra regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debido a que, se establece que sus labores son exclusivamente investigativas y que los únicos resultados que pueden lograr son informes descriptivos que presentan ante los contratantes del servicio, y que pueden llegar a ser medios de prueba en actuaciones judiciales.

De esta forma, en Colombia también se conoce al investigador privado como un auxiliar de la justicia y colaborador en distintos organismos gubernamentales. El artículo 27 de la Constitución Política de 1991 respalda el ejercicio de esta labor, en los siguientes términos:

“ARTICULO 27, Constitución Política: El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.”

¿Qué es un Investigador
Privado y qué hace?

El investigador privado es aquella persona que desarrolla todo tipo de actividades investigativas, tales como, seguimientos, rastreos, identificaciones y recolección de evidencias, para el esclarecimiento de circunstancias de tiempo, modo y lugar, que resultan de gran interés para el particular que contrata sus servicios. En ese sentido, la labor de los investigadores privados tiene unos limites legales bastante claros, relacionados con el derecho a la intimidad de las personas.

Así, la ley 599 de 2000 (C.P) tiene varios tipos penales que protegen directa o indirectamente la intimidad de las personas. Por ejemplo, el artículo 269A de este código, establece el delito de Acceso abusivo a sistema informático, y el artículo 189 de la misma ley, consagra el delito de Violación de habitación ajena.

La Fiscalía General de la Nación, a través de los diferentes órganos de policía judicial (CTI, SIJIN, DIJIN), cuenta con el apoyo de investigadores, quienes trabajan reconstruyendo con precisión y claridad todos los hechos delictivos. Así, la labor de estos funcionarios es mucho más profunda y tiene una gran variedad de procedimientos de recolección de evidencias, amparados por la ley.

Ahora bien, la Fiscalía no tiene los recursos suficientes para abarcar íntegramente la actividad investigativa de todos los casos a nivel nacional. De esta manera, resulta frecuente en muchos casos, que no haya grandes avances en la indagación por parte de esta entidad, sobre la comisión de hechos punibles, por lo tanto, el papel de los investigadores privados adquiere preponderancia, pues sus gestiones pueden permitir la recolección de los elementos materiales probatorios necesarios, para emprender acciones judiciales.

Evidentemente, los detectives privados no tienen funciones judiciales, por consiguiente, sus resultados solo pueden conducir a entregar sus hallazgos a sus clientes o a las autoridades competentes, siempre y cuando se encuentren en los lineamientos legales de recaudación de evidencias. Excepcionalmente, un detective privado podrá realizar una captura ciudadana, con fundamento en el numeral 2 del artículo 95 de la Constitución Política Nacional, y el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 (C.P.P.).

Identificación de
personas naturales
y jurídicas

Rastreos y
seguimientos

Perfilamientos

Soporte
digital

Cuánto cuesta un Investigador
Privado – Precios Promedios

Los precios de un investigador privado en Colombia no tienen una fijación taxativa, pues el valor de estos servicios depende de muchos factores, a saber, la calidad y el prestigio del servicio, la diferente tipología y formas de investigar, los recursos que emplean los investigadores privados dentro de sus labores y el número de horas o días que dedican a la recolección de evidencias e información.

Realmente, un caso sencillo teniendo en cuenta los anteriores factores, puede variar entre 3 a 8 millones de pesos. Luego, si se trata de casos de complejidad mediana, el precio oscila entre 8 y 20 millones. Los casos de alta complejidad pueden valer mucho más de lo enunciado.

EL VALOR DE ESTE SERVICIO REQUIERE COTIZACIÓN A TRAVÉS DE NUESTROS MEDIOS INSTITUCIONALES

Abogada de la Universidad Sergio Arboleda con énfasis en protección de derechos humanos y reparación de víctimas. Especialista en derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como funcionaria judicial en el ámbito penal. De igual forma, se desempeña como docente de procedimiento penal en su alma mater.

Abogada bilingüe de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Social, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia. Así, ha participado en el trabajo de campo de la investigación ‘’Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género” que se adelantó en este claustro y ha escrito artículos jurídicos para Lexir Colombia e Idealex.press. Asimismo, cuenta con una trayectoria laboral en empresas privadas y entidades públicas, tales como, el INPEC, ICBF, Secretaría Distrital de Gobierno y prestigiosas firmas de Bogotá, donde desarrolló amplias competencias en derecho procesal penal. Además, cuenta con gran capacitación en materia de conciliación extrajudicial certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

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Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas del mismo claustro y Magister en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad de los Andes. Así, ha adelantado la asesoría y representación en alrededor de 2000 casos penales como apoderado contractual, atendiendo personas naturales, y jurídicas nacionales y extranjeras con intereses en investigaciones y procesos judiciales en el área penal en Bogotá y todo Colombia.