Subrogación y su implicación en lo penal

Son aquellos mecanismos o medidas sustitutivas de la pena de prisión, las cuales son otorgadas a aquellas personas que han sido condenadas por estas penas de prisión, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley para que le sean otorgados estos subrogados. 

Los subrogados penales se encuentran consagrados en el código penal en el artículo 63, artículo 64, artículo 65, artículo 66, artículo 67, artículo 68, y artículo 68 A, los cuales son:

Suspensión de la ejecución de la pena (Artículo 63 Código Penal)

Se puede suspender la ejecución por un período de dos (2) a cinco (5) años, ya sea a petición del interesado o de oficio, pero se deben cumplir con los requisitos que a continuación se enunciarán:

• La pena de prisión por la que haya sido condenado no debe ser superior a cuatro (4) años.
• La persona condenada debe carecer de antecedentes penales y no debe haber sido condenada por delitos contenidos en el inciso 2o del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.
• En caso de que la persona que solicita la suspensión tiene antecedentes penales por delitos dolosos dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder el subrogado si al analizar los antecedentes personales, sociales y familiares del condenado sean indicativos de que no hay necesidad de seguir con la ejecución de la pena.
• La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.
• El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta.

Libertad condicional (Artículo 64 Código Penal)

Este mecanismo consiste en conceder la libertad a quien se encuentre en prisión previo cumplimiento de unos requisitos y siempre que se cumplan con unas obligaciones, por eso se trata de una libertad condicional; los requisitos que debe cumplir son los siguientes:

• Es necesario haber cumplido por parte del condenado las tres quintas partes (3/5) de la pena.
• Que el condenado haya tenido una adecuado desempeño y comportamiento durante el tiempo que estuvo en el centro de reclusión para concluir de manera fundada que no existe necesidad alguna de continuar con la ejecución de la pena en dicho establecimiento.
• Que demuestre arraigo familiar y social. Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.
• Que exista una reparación integral a la víctima o el aseguramiento del pago de la indemnización, a excepción que se demuestre insolvencia del condenado.
• El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.

Con relación a estos dos subrogados el código penal establece unas obligaciones comunes a ellos, que debe cumplir el condenado so pena de que le sean revocados por el juez los mencionados subrogados, a saber:

• Informar todo cambio de residencia.
• Observar buena conducta.
• Reparar los daños ocasionados con el delito, a excepción que se compruebe que está en imposibilidad económica de hacerlo.
• Comparecer ante la autoridad judicial competente cuando le sea requerido con el fin de verificar el cumplimiento de la sentencia.
• No salir del país sin previa autorización.
• Prestar caución.

Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave (Artículo 68 Código Penal)

Este subrogado se presenta cuando el condenado se encuentre padeciendo una enfermedad muy grave que sea incompatible con la vida en el establecimiento carcelario, por lo cual el juez autoriza la ejecución de la pena privativa de la libertad en el domicilio del condenado o en un centro hospitalario dependiendo de la situación, esta medida no procederá si al momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo; por regla general el centro hospitalario es designado por el INPEC pero en el caso que sea elegido por el penado este deberá asumir los gastos del mismo, el legislador impuso con relación a este subrogado las subsiguientes exigencias:

• Debe existir concepto de médico legista especializado que confirme la grave situación del condenado y que debe ser trasladado a su residencia o a un centro hospitalario.
• El juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar al subrogado persiste, en caso en que dicha situación haya desaparecido o permita que el condenado pueda cumplir la pena en el establecimiento carcelario el juez podrá revocar la medida.
• Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud del sentenciado continúa presentando las características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción.

Exclusión de los beneficios y subrogados penales (Artículo 68 A Código Penal)

La Ley establece algunos criterios y delitos que están excluidos de cualquier de las figuras que se mencionó en el presente escrito ya que, para el legislador por su modalidad y gravedad, no deben ser beneficiarios de estas figuras, a saber:

• Cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.
• Quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104; Tampoco lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; entre otros.

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