Respuesta clave
¿Cuándo se puede demandar al Estado en Colombia?
Respuesta corta
Cuando una autoridad pública le causa un daño que usted no tenía el deber jurídico de soportar. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991 obliga al Estado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. La demanda se presenta ante los jueces administrativos, los tribunales administrativos o el Consejo de Estado, según la competencia, y debe hacerse dentro del plazo de caducidad del medio de control que corresponda.
Para que prospere una demanda contra el Estado deben demostrarse dos elementos. El primero es el daño antijurídico: la Corte Constitucional, en la sentencia C-333 de 1996, lo definió como el perjuicio que sufre una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, aunque la actuación del Estado haya sido lícita. El segundo es la imputación: el daño debe poder atribuirse jurídicamente a una entidad pública por su acción u omisión.
Las entidades que más se demandan son la Nación y sus ministerios, la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, el INPEC, los hospitales públicos, los municipios, los departamentos y las empresas de servicios públicos. Cada una tiene un régimen de defensa propio, así que identificar bien a quién se demanda es parte de la estrategia.
Legitimación
¿Quién puede demandar al Estado?
Puede demandar toda persona que haya sufrido un perjuicio por el hecho dañoso, no solo la víctima directa. Esto amplía mucho el número de reclamantes posibles en un mismo caso:
- Víctima directa
- La persona que sufrió la lesión, la detención, la pérdida patrimonial o la decisión administrativa ilegal.
- Familiares cercanos
- Padres, hijos, cónyuge o compañero permanente, hermanos y abuelos pueden reclamar su propio perjuicio moral. Para los más cercanos la jurisprudencia presume el dolor con la sola prueba del parentesco.
- Herederos
- Si la víctima murió, sus herederos pueden reclamar los perjuicios que ella sufrió antes de morir y, por derecho propio, los que les causó su muerte.
- Terceros damnificados
- Quien dependía económicamente de la víctima o demuestra un vínculo afectivo real, aunque no sea pariente, puede reclamar si prueba el perjuicio.
- Personas jurídicas
- Las empresas pueden demandar por daños patrimoniales, por actos administrativos que las afectan y por controversias contractuales.
Los menores de edad demandan por medio de sus representantes legales. El parentesco se prueba con registros civiles de nacimiento y de matrimonio, y la unión marital con los medios que la ley admite. Como la demanda contra el Estado exige abogado, todos los reclamantes deben otorgar poder.
Vías judiciales
¿Qué medios de control existen para demandar al Estado?
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula varios medios de control. Escoger el equivocado puede llevar a perder el caso, aunque el daño sea evidente.
Reparación directa
El daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación de un inmueble.
Artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.
Nulidad y restablecimiento del derecho
El daño proviene de un acto administrativo particular que se considera ilegal.
Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
Controversias contractuales
El conflicto nace de un contrato estatal: incumplimiento, desequilibrio económico, nulidad o liquidación.
Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011.
Reparación de perjuicios a un grupo
Un mismo hecho causa daños a un número plural de personas, como en una inundación o un desplazamiento.
Artículo 145 de la Ley 1437 de 2011.
También existen la nulidad simple (artículo 137 de la Ley 1437 de 2011), para controlar la legalidad de actos generales sin pedir indemnización, y la protección de los derechos e intereses colectivos (artículo 144 de la Ley 1437 de 2011). Ninguna de las dos sirve para cobrar perjuicios individuales.
Responsabilidad extracontractual
¿Cuándo procede la reparación directa por hechos u omisiones del Estado?
La reparación directa es el medio de control más usado para reclamar indemnizaciones. Procede, entre otros, en estos casos:
Fallas médicas
Errores de diagnóstico, cirugías o falta de atención en hospitales y clínicas públicas.
Fuerza pública
Muertes, lesiones o abusos en operativos de la Policía o del Ejército, o lesiones a soldados.
Personas privadas de la libertad
Muertes, lesiones o enfermedades de internos en cárceles a cargo del INPEC.
Obras y vías
Accidentes por huecos o falta de señalización, y daños a inmuebles por obras públicas.
Justicia
Privación injusta de la libertad, error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Vehículos oficiales
Accidentes causados por vehículos de entidades públicas en servicio.
El Consejo de Estado aplica tres títulos de imputación principales:
- Falla del servicio
- La entidad actuó de forma irregular, tardía, defectuosa o no actuó cuando debía hacerlo. Es el régimen general y exige probar esa falla.
- Riesgo excepcional
- El daño se produjo por una actividad peligrosa del Estado, como el uso de armas de dotación, vehículos o redes eléctricas. No es necesario probar una falla.
- Daño especial
- Una actuación legítima del Estado impuso a una persona una carga desproporcionada frente a los demás ciudadanos.
La entidad puede defenderse alegando una causa extraña: fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima. Por eso la prueba de cómo ocurrieron los hechos es decisiva.
Situaciones típicas
¿Cuáles son los casos más frecuentes de responsabilidad del Estado?
Fallas en la prestación del servicio de salud
Los hospitales públicos y las empresas sociales del Estado responden por errores de diagnóstico, demoras en la atención, cirugías mal practicadas, infecciones intrahospitalarias o falta de consentimiento informado. La regla general es la falla probada del servicio: hay que demostrar que la atención se apartó de lo que exigía la ciencia médica y que eso causó el daño o la pérdida de la oportunidad de curarse. La historia clínica completa y un dictamen médico independiente son la base del caso.
Soldados y conscriptos
Quien presta servicio militar obligatorio no eligió exponerse a los riesgos del servicio. De ahí que el Consejo de Estado aplique un régimen objetivo de responsabilidad frente a los conscriptos: el Estado debe garantizar su integridad y, si sufren lesiones o mueren en el servicio, responde salvo que pruebe una causa extraña. Para los soldados profesionales, que se vincularon voluntariamente, la regla es distinta: en principio cubre la indemnización a forfait de su régimen laboral, y la reparación directa exige probar una falla o un riesgo excepcional.
Personas privadas de la libertad
El Estado tiene una relación de especial sujeción con los internos de las cárceles y estaciones de policía. Muertes, agresiones entre internos, enfermedades no atendidas o lesiones durante la reclusión pueden comprometer la responsabilidad del INPEC o de la entidad a cargo, porque la persona no puede protegerse por sí misma.
Operativos de la fuerza pública
Las lesiones o muertes de civiles causadas con armas de dotación oficial, en retenes, persecuciones o manifestaciones, se estudian por lo general bajo el régimen de riesgo excepcional o de falla del servicio, según cómo ocurrieron los hechos. Las investigaciones disciplinarias y penales sobre los funcionarios son pruebas valiosas para la reparación directa.
Omisión en el deber de protección
Cuando una persona advirtió amenazas a las autoridades, pidió protección y no la recibió, y luego fue atacada, el Estado puede responder por omisión. Lo decisivo es probar que el riesgo era conocido y que la autoridad tenía el deber y la posibilidad de evitarlo.
Vías, obras y vehículos oficiales
Los accidentes por huecos, falta de señalización o mantenimiento de vías, los daños a viviendas por obras públicas y los choques con vehículos oficiales en servicio son otra fuente frecuente de demandas. En estos casos se reúnen el informe de tránsito, fotografías del lugar, peritajes y testimonios.
Donde el derecho penal y el administrativo se cruzan
¿Cuándo se puede demandar por privación injusta de la libertad?
Cuando una persona estuvo detenida en un proceso penal y luego fue absuelta o el proceso terminó con preclusión, puede reclamar al Estado. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone que quien haya sido privado injustamente de la libertad puede demandar la reparación de perjuicios. La demanda se dirige, según el caso, contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
La absolución no garantiza por sí sola la indemnización. La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, entendió que la privación es injusta cuando resulta abiertamente desproporcionada o contraria a la ley, y en las sentencias SU-072 de 2018 y SU-126 de 2025 exigió al juez administrativo analizar si la medida de aseguramiento fue razonable, proporcionada y legal a la luz de las pruebas que existían cuando se impuso. Así, por ejemplo, una detención basada en indicios graves y debidamente motivada puede no generar responsabilidad, mientras que una impuesta sin esos indicios sí la genera.
Culpa de la víctima. El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 exonera al Estado cuando el daño se debió a culpa grave o dolo de la víctima, o cuando esta no interpuso los recursos de ley. Por eso conviene que la defensa penal deje constancia de los recursos contra la medida de aseguramiento.
El Consejo de Estado ha unificado cómo se calculan estos perjuicios: el lucro cesante se liquida con los ingresos probados o, a falta de prueba, con el salario mínimo, y los honorarios del abogado penal solo se reconocen si se prueba el pago (sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 44572); los perjuicios morales se presumen para la víctima y sus familiares cercanos, con topes según el tiempo de detención (sentencia de 29 de noviembre de 2021, expediente 46681).
Responsabilidad por la actividad judicial
¿Qué es el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la justicia?
Junto a la privación injusta de la libertad, la Ley 270 de 1996 prevé otros dos supuestos en que el Estado responde por la actuación de jueces y fiscales:
Error jurisdiccional
Es el que comete una autoridad judicial en una providencia contraria a la ley. Para reclamarlo, el afectado debe haber interpuesto los recursos de ley y la providencia debe estar en firme (artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996).
Defectuoso funcionamiento
Cubre los daños que no provienen de una providencia sino del funcionamiento del servicio: demoras injustificadas, pérdida de expedientes o de bienes bajo custodia judicial, o errores en embargos y secuestros (artículo 69 de la Ley 270 de 1996).
En los tres casos el Estado se exonera si el daño se debió a culpa grave o dolo de la víctima o si esta no interpuso los recursos de ley (artículo 70 de la Ley 270 de 1996). Quien enfrenta un proceso judicial debe ejercer todos los recursos a su alcance: además de defenderse, conserva su derecho a reclamar después.
Control de legalidad
¿Cuándo procede la nulidad y restablecimiento del derecho frente a un acto administrativo?
Cuando el perjuicio proviene de una decisión de la administración, como una destitución, una sanción, una liquidación de impuestos o la negación de una pensión, lo que se demanda es la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011). El acto puede anularse por las causales del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011:
- Infracción de las normas en que debía fundarse.
- Falta de competencia de quien lo expidió.
- Expedición irregular o desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.
- Falsa motivación.
- Desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
Antes de demandar deben haberse interpuesto los recursos obligatorios en sede administrativa, por lo general el de apelación cuando procede (artículo 161 de la Ley 1437 de 2011). Y el plazo es corto: cuatro meses desde el día siguiente a la notificación del acto, salvo excepciones como los actos que reconocen o niegan prestaciones periódicas, que pueden demandarse en cualquier tiempo.
Contratación pública
¿Cómo se demandan las controversias contractuales con entidades estatales?
Los contratistas del Estado pueden demandar cuando la entidad incumple, cuando circunstancias imprevistas rompen el equilibrio económico del contrato, cuando se discute la validez del contrato o de sus actos, o cuando hay diferencias en la liquidación (artículo 141 de la Ley 1437 de 2011).
- Incumplimiento
- Se comparan las obligaciones pactadas con lo ejecutado, con soporte en actas, informes de supervisión e interventoría.
- Equilibrio económico
- Se reclama el restablecimiento cuando hechos no imputables al contratista hacen más onerosa la ejecución.
- Actos contractuales
- Multas, caducidad del contrato o liquidación unilateral se controvierten dentro de esta misma demanda.
- Liquidación
- Las salvedades dejadas en el acta de liquidación bilateral son las que, por lo general, pueden reclamarse después.
El plazo general es de dos años, pero su inicio cambia según el tipo de contrato y si fue o no liquidado. Calcularlo bien es indispensable.
El plazo es fatal
¿Cuánto tiempo hay para demandar al Estado antes de la caducidad?
La caducidad es el plazo máximo para presentar la demanda. Si se vence, el juez la rechaza y el derecho se pierde, sin importar cuán grave haya sido el daño. El artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 fija estos términos:
Reparación directa: 2 años
El día siguiente al hecho u omisión que causó el daño, o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de él, si fue en fecha posterior.
En desaparición forzada, el plazo corre desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo penal, sin perjuicio de demandar antes.
Nulidad y restablecimiento: 4 meses
El día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto.
Actos sobre prestaciones periódicas: en cualquier tiempo.
Controversias contractuales: 2 años
El día siguiente a los motivos de hecho o de derecho que fundamentan la demanda.
En los contratos que requieren liquidación, el cómputo depende de si se liquidaron y cómo.
En los casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó en 2020 que el plazo de dos años también aplica, pero empieza a correr desde que los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado, y no se exige mientras existan situaciones que impidan materialmente demandar.
Requisito previo
¿Cuándo es obligatoria la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría?
Antes de demandar, en la mayoría de los casos hay que intentar conciliar ante la Procuraduría General de la Nación. Según el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, Estatuto de Conciliación, la conciliación es requisito de procedibilidad cuando el asunto es conciliable y se pretende la nulidad y restablecimiento del derecho, la reparación directa o una controversia contractual.
Cuándo es facultativa
El artículo 93 de la Ley 2220 de 2022 la hace opcional, entre otros casos, cuando el demandante pide medidas cautelares de carácter patrimonial, en el medio de control de repetición y en ciertos procesos ejecutivos.
Efecto sobre la caducidad
La solicitud suspende la caducidad, una sola vez, hasta que se expida la constancia, se impruebe el acuerdo o pasen tres meses desde la solicitud (artículo 96 de la Ley 2220 de 2022).
La conciliación no es un trámite de paso. Muchas entidades concilian cuando el caso está bien documentado, y un acuerdo aprobado por el juez permite cobrar en meses lo que en un proceso tardaría años.
Lo que se puede cobrar
¿Qué perjuicios se indemnizan y cómo se prueban?
El Consejo de Estado reconoce perjuicios materiales e inmateriales, y ha unificado criterios para su liquidación:
- Daño emergente
- Gastos y pérdidas efectivas: facturas médicas, reparaciones, honorarios pagados, bienes perdidos. Se prueba con soportes de pago.
- Lucro cesante
- Ingresos dejados de percibir. Se prueba con certificados laborales, declaraciones de renta o contables; sin prueba de ingresos, suele liquidarse con el salario mínimo.
- Perjuicio moral
- El dolor causado a la víctima y a sus familiares. Se liquida en salarios mínimos según topes fijados por la jurisprudencia de unificación, con presunciones para los parientes cercanos.
- Daño a la salud
- La afectación física o psíquica de la víctima directa, que se mide con dictámenes médicos y de pérdida de capacidad laboral.
- Bienes constitucionales
- La afectación relevante de derechos como la familia o la honra, que se repara con medidas no pecuniarias y, excepcionalmente, con indemnización.
Las pruebas que más pesan son la historia clínica, los informes oficiales de los hechos, los expedientes administrativos o penales, los testimonios, los dictámenes periciales y los registros civiles que acreditan el parentesco.
Trámite judicial
¿Cuáles son las etapas del proceso contencioso administrativo?
Demanda
Se presenta con los requisitos del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011: partes, pretensiones, hechos, fundamentos, pruebas y estimación razonada de la cuantía, y se envía copia a la entidad demandada.
Admisión y notificación
El juez admite, inadmite para que se corrija o rechaza la demanda, y la notifica a la entidad, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuando corresponde.
Contestación
La entidad contesta, propone excepciones y puede llamar en garantía a aseguradoras o funcionarios.
Audiencia inicial
Se resuelven excepciones, se fija el litigio, se intenta la conciliación y se decretan las pruebas. En algunos casos el juez puede dictar sentencia anticipada.
Pruebas, alegatos y sentencia
Se practican testimonios, dictámenes e inspecciones, las partes presentan alegatos y el juez decide.
Apelación
La sentencia de primera instancia puede apelarse ante el tribunal administrativo o el Consejo de Estado.
La duración depende del despacho y de la complejidad del caso, y con frecuencia supera varios años entre las dos instancias. Por eso la conciliación y una demanda bien probada desde el inicio hacen una gran diferencia.
Ante quién se demanda
¿Qué juez conoce de una demanda contra el Estado?
La demanda no se presenta ante cualquier juez. La competencia se define por dos factores que regula la Ley 1437 de 2011, modificada en este punto por la Ley 2080 de 2021: la cuantía o la entidad demandada, que indica si el caso va a un juez administrativo, a un tribunal administrativo o al Consejo de Estado; y el territorio, que indica en qué ciudad se tramita.
Reparación directa
En el lugar donde ocurrieron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o en el domicilio o sede principal de la entidad demandada, a elección del demandante.
Nulidad y restablecimiento del derecho
En el lugar donde se expidió el acto o en el domicilio del demandante, siempre que la entidad tenga oficina allí. En asuntos laborales, en el último lugar donde se prestaron los servicios.
Controversias contractuales
En el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.
Las reglas territoriales están en el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, y las de cuantía, en los artículos 152 a 155 de la misma ley. Presentar la demanda ante un juez sin competencia no hace perder el derecho, porque el expediente se remite al competente, pero sí puede costar meses. La estimación razonada de la cuantía en la demanda es la que define, en buena medida, la instancia.
Protección provisional
¿Qué medidas cautelares se pueden pedir en una demanda contra el Estado?
Desde la presentación de la demanda o en cualquier etapa, puede pedirse al juez una medida cautelar para proteger el objeto del proceso (artículo 229 de la Ley 1437 de 2011). La más común es la suspensión provisional de un acto administrativo, que procede cuando la violación de las normas invocadas surge del análisis del acto y de las pruebas aportadas (artículo 231 de la Ley 1437 de 2011). También pueden pedirse medidas preventivas, conservativas o de suspensión de una actuación, según el caso.
Después de ganar
¿Cuándo paga el Estado una condena?
Según el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, las condenas al pago de sumas de dinero deben cumplirse en un plazo máximo de diez meses contados desde la ejecutoria de la sentencia. El beneficiario debe presentar la solicitud de pago ante la entidad, con los documentos que esta exige; si no lo hace a tiempo, se pueden suspender los intereses.
Las sumas reconocidas devengan intereses desde la ejecutoria. Si la entidad no paga dentro del plazo, se puede iniciar un proceso ejecutivo ante la misma jurisdicción. El acompañamiento en esta etapa evita meses de retraso por documentos incompletos.
El Estado contra sus funcionarios
¿Cuándo responde el funcionario con su patrimonio en la acción de repetición?
El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991 ordena que, si el Estado es condenado por un daño causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, debe repetir contra él. La acción de repetición está regulada en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y en la Ley 678 de 2001.
Para la víctima, esto tiene dos consecuencias prácticas. La primera: no necesita demandar al funcionario, porque la entidad responde frente a ella y luego cobra a su servidor. La segunda: la entidad suele llamar en garantía al funcionario dentro del mismo proceso, lo que puede alargar el trámite pero también aportar pruebas sobre cómo ocurrieron los hechos.
Si usted es un servidor público llamado en garantía o demandado en repetición, la defensa se centra en demostrar que no actuó con dolo ni culpa grave, que son los únicos supuestos en que responde con su patrimonio.
Preparación del caso
¿Qué documentos debe reunir según su caso?
Falla médica
Historia clínica completa, fórmulas, exámenes, incapacidades, dictamen de pérdida de capacidad laboral y facturas de gastos médicos.
Privación injusta de la libertad
Copia del proceso penal, la decisión que impuso la medida de aseguramiento, la absolución o preclusión en firme, certificados de reclusión y soportes de ingresos.
Muerte o lesiones por la fuerza pública
Registro civil de defunción, necropsia o dictamen de Medicina Legal, informes oficiales, investigaciones penales o disciplinarias y testimonios.
Acto administrativo
El acto con su constancia de notificación, los recursos presentados y sus respuestas, y el expediente administrativo.
Contrato estatal
Contrato, otrosíes, actas de inicio, suspensión y liquidación, informes de supervisión o interventoría, comunicaciones y soportes financieros.
En todos los casos conviene aportar los registros civiles que acreditan el parentesco de los familiares que reclaman y los soportes de ingresos de la víctima. Si un documento está en poder de la entidad, puede pedirse mediante derecho de petición o solicitarse al juez como prueba.
Lo que debe evitar
¿Qué errores son frecuentes al demandar al Estado?
- Dejar vencer el plazo
- Contar mal los dos años o los cuatro meses, o confiar en que la conciliación suspende más tiempo del que realmente suspende.
- Elegir mal el medio de control
- Pedir reparación directa cuando el daño viene de un acto administrativo que debía demandarse en nulidad y restablecimiento.
- Demandar a la entidad equivocada
- Dirigir la demanda contra quien no causó el daño o no tiene la representación legal correspondiente.
- No probar los perjuicios
- Pedir sumas sin soportes de ingresos, gastos o parentesco, lo que lleva a condenas mínimas o a negar la indemnización.
- Omitir la conciliación
- Presentar la demanda sin agotar la conciliación cuando era obligatoria, lo que puede llevar a su rechazo.
Acompañamiento en cada etapa
¿Qué servicios prestamos en demandas contra el Estado?
01
Estudio de viabilidad
Revisamos el daño, la entidad responsable, el medio de control y el plazo de caducidad.
02
Conciliación ante la Procuraduría
Preparamos la solicitud y representamos al cliente en la audiencia.
03
Demanda y pruebas
Redactamos la demanda, cuantificamos los perjuicios y coordinamos peritajes.
04
Privación injusta
Unimos la defensa penal y la reclamación administrativa para quien fue detenido y absuelto.
05
Audiencias y apelación
Representamos al cliente en primera y segunda instancia.
06
Cobro de la condena
Gestionamos el pago ante la entidad y, si es necesario, el proceso ejecutivo.
Legislación vigente
Marco normativo de las demandas contra el Estado
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
Artículo 138
Nulidad y restablecimiento del derecho frente a actos administrativos particulares.
Artículo 140
Reparación directa por hechos, omisiones, operaciones administrativas u ocupación de inmuebles.
Artículo 141
Controversias relativas a contratos estatales.
Artículo 142
Repetición contra el servidor que causó el daño con dolo o culpa grave.
Artículo 145
Reparación de los perjuicios causados a un grupo.
Artículo 156
Competencia por razón del territorio.
Artículo 161
Requisitos previos para demandar, incluidos los recursos obligatorios.
Artículo 162
Contenido de la demanda.
Artículo 164
Oportunidad para presentar la demanda: términos de caducidad.
Artículo 192
Cumplimiento de condenas: plazo máximo de diez meses e intereses.
Artículo 229
Procedencia de las medidas cautelares.
Artículo 231
Requisitos para decretar la suspensión provisional y otras medidas cautelares.
Otras normas
Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia: responsabilidad por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento y culpa de la víctima (artículos 65 a 70).
Ley 678 de 2001
Regula la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición.
Ley 2220 de 2022
Estatuto de Conciliación: requisito de procedibilidad, casos facultativos y suspensión de la caducidad (artículos 92, 93 y 96).
Constitución Política de Colombia de 1991
Marco constitucional de la responsabilidad del Estado
Artículo 90
Cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables.
Artículo 29
Debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas.
Artículo 209
Principios de la función administrativa.
Artículo 229
Derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia.
Precedentes
Jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado
Consejo de Estado
Sentencia de unificación, expediente 61033
El plazo de caducidad de la reparación directa aplica también a los daños por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero corre desde que se conoció o debió conocerse la participación del Estado, y no se exige mientras exista imposibilidad material de demandar.
Sentencia de unificación, expediente 44572
Unificó la liquidación del daño emergente y del lucro cesante: los honorarios de la defensa penal solo se reconocen si se prueba su pago, y el lucro cesante exige probar la actividad productiva o, en su defecto, se liquida con el salario mínimo.
Sentencia de unificación, expediente 46681
Fijó nuevos topes para los perjuicios morales por privación injusta de la libertad, con presunción para la víctima y sus familiares cercanos y reducción a la mitad en caso de detención domiciliaria.
Sentencia de 14 de marzo de 2019, expediente 48635
Aplicó un régimen objetivo frente al conscripto por su relación de especial sujeción con el Estado: la entidad debe garantizar su integridad y solo se exonera si demuestra que su actuación no contribuyó al daño.
Corte Constitucional
Sentencia C-333 de 1996
Definió el daño antijurídico como el perjuicio que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar y precisó que el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991 rige también la responsabilidad contractual del Estado.
Sentencia C-037 de 1996
Revisó la Ley 270 de 1996 y entendió que la privación de la libertad es injusta cuando resulta abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.
Sentencia SU-126 de 2025
Dejó sin efectos una sentencia del Consejo de Estado que negó la reparación sin valorar íntegramente el proceso penal, y reiteró el precedente de la sentencia SU-072 de 2018: el juez debe analizar si la medida fue razonable, proporcionada y legal.
Honorarios y alcance
¿Cuánto cuesta un abogado para demandar al Estado?
La propuesta depende del medio de control, la cuantía de los perjuicios, la necesidad de peritajes, la etapa en que llega el caso y si incluye la conciliación, las dos instancias y el cobro de la condena. En estos procesos es frecuente pactar un honorario fijo por etapas y una participación sobre lo que efectivamente se recupere, siempre por escrito y con el alcance definido.
Peritajes, desplazamientos e impuestos se definen aparte en la propuesta. La primera revisión del caso permite saber si la demanda es viable y si el plazo sigue vigente.
Inquietudes habituales
Preguntas frecuentes sobre demandas contra el Estado
Requisitos y plazos
¿Cuándo puedo demandar al Estado?
Cuando una entidad pública le causó un daño antijurídico, es decir, un perjuicio que usted no tenía el deber jurídico de soportar, y ese daño puede atribuirse a su acción u omisión.
Así lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991. La demanda se presenta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el medio de control que corresponda.
¿Cuánto tiempo tengo para demandar al Estado?
Depende del medio de control.
Según el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en reparación directa hay dos años desde el día siguiente al daño o desde que se conoció; en nulidad y restablecimiento del derecho, cuatro meses desde la notificación del acto; y en controversias contractuales, dos años desde los motivos que fundan la demanda, con reglas especiales de cómputo.
¿Qué pasa si se vence el plazo de caducidad?
El juez rechaza la demanda o declara probada la caducidad, y el derecho a reclamar se pierde definitivamente. No importa la gravedad del daño ni la claridad de la responsabilidad.
La única forma de evitarlo es calcular el término desde el inicio, teniendo en cuenta la suspensión que produce la solicitud de conciliación.
¿Es obligatorio conciliar antes de demandar?
En la mayoría de los casos sí. El artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 exige agotar la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría cuando el asunto es conciliable y se pretende la nulidad y restablecimiento del derecho, la reparación directa o una controversia contractual.
Es facultativa, por ejemplo, cuando se piden medidas cautelares patrimoniales o en el medio de control de repetición.
¿La conciliación suspende la caducidad?
Sí, una sola vez. Según el artículo 96 de la Ley 2220 de 2022, la solicitud suspende el término hasta que se expida la constancia, se impruebe el acuerdo o pasen tres meses desde su presentación, lo que ocurra primero.
Si las partes prorrogan la conciliación, durante la prórroga no opera la suspensión.
Tipos de demanda
¿Qué diferencia hay entre reparación directa y nulidad y restablecimiento?
La reparación directa se usa cuando el daño viene de un hecho, una omisión o una operación administrativa, como un accidente o una falla médica (artículo 140 de la Ley 1437 de 2011).
La nulidad y restablecimiento se usa cuando el daño viene de un acto administrativo, como una destitución o una sanción, que primero debe anularse (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011).
¿Puedo demandar al Estado si me detuvieron y luego me absolvieron?
Sí, mediante reparación directa por privación injusta de la libertad, con base en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
Pero la absolución no basta: según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el juez debe analizar si la medida de aseguramiento fue razonable, proporcionada y legal con las pruebas de ese momento. El Estado se exonera si hubo culpa grave o dolo de la víctima.
¿Puedo demandar por una falla médica en un hospital público?
Sí. Los daños causados por errores de diagnóstico, cirugías, falta de atención o infecciones en hospitales públicos se reclaman por reparación directa.
Normalmente se aplica el régimen de falla del servicio, por lo que la historia clínica y un dictamen médico que explique el error y su relación con el daño son las pruebas centrales.
¿Qué pasa si el daño lo sufrió un grupo de personas?
Cuando un mismo hecho causa perjuicios a un número plural de personas, puede usarse el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo (artículo 145 de la Ley 1437 de 2011), que permite una sola demanda para todos.
También puede cada persona demandar individualmente en reparación directa.
¿Puedo demandar si mi familiar murió por culpa del Estado?
Sí. Los familiares pueden reclamar su propio perjuicio moral y material por la muerte, y los herederos pueden reclamar además los perjuicios que sufrió la víctima antes de morir.
Para padres, hijos, cónyuge o compañero permanente y hermanos, la jurisprudencia presume el dolor con la prueba del parentesco. El plazo es de dos años en reparación directa.
¿Puedo demandar por la muerte o lesión de un soldado?
Sí. Si era conscripto, que prestaba servicio militar obligatorio, el Consejo de Estado aplica un régimen objetivo: el Estado responde por los daños sufridos en el servicio, salvo que pruebe una causa extraña.
Si era soldado profesional, en principio cubre su régimen laboral, y la reparación directa exige probar una falla del servicio o un riesgo excepcional.
¿Se puede demandar al Estado por un error judicial?
Sí, cuando una providencia judicial contraria a la ley causa un daño. Según los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996, deben haberse interpuesto los recursos de ley y la providencia debe estar en firme.
También puede reclamarse el defectuoso funcionamiento de la justicia, como demoras injustificadas o pérdida de bienes bajo custodia judicial.
Perjuicios, proceso y pago
¿Cuánto paga el Estado por perjuicios morales?
No hay una suma fija. El Consejo de Estado ha unificado topes en salarios mínimos según la gravedad del daño, como la muerte, las lesiones o el tiempo de privación de la libertad, y el grado de parentesco con la víctima.
El juez fija el valor dentro de esos topes según lo probado en cada caso.
¿Cuánto dura un proceso contra el Estado?
Depende del despacho, del medio de control y de la complejidad del caso. Entre la primera y la segunda instancia el proceso suele durar varios años.
La conciliación ante la Procuraduría y una demanda bien probada desde el inicio pueden acortar mucho el tiempo para recibir la indemnización.
¿En cuánto tiempo paga el Estado una condena?
Según el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, la entidad debe pagar en un plazo máximo de diez meses desde la ejecutoria de la sentencia, previa solicitud del beneficiario con los documentos exigidos.
Las sumas generan intereses, y si la entidad no paga, puede iniciarse un proceso ejecutivo.
¿Se puede suspender un acto administrativo mientras dura el proceso?
Sí. Puede pedirse la suspensión provisional como medida cautelar desde la demanda o en cualquier etapa (artículo 229 de la Ley 1437 de 2011).
Procede cuando la violación de las normas invocadas surge de comparar el acto con esas normas o del estudio de las pruebas aportadas (artículo 231 de la Ley 1437 de 2011).
¿Qué pruebas necesito para demandar al Estado?
Las que demuestren el daño, cómo ocurrió y su relación con la entidad: informes oficiales, historia clínica, expedientes administrativos o penales, fotografías, testimonios y dictámenes periciales.
Para los perjuicios, soportes de ingresos y gastos y los registros civiles que acrediten el parentesco de los familiares que reclaman.
¿Qué hago si la entidad no responde mi petición o mi recurso?
Si pasan tres meses desde que presentó la petición sin que la entidad responda, se entiende negada por silencio administrativo negativo, según el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011.
Esa negativa ficta puede demandarse en nulidad y restablecimiento del derecho, y en ese caso la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Aun así, conviene no esperar, porque las pruebas y los testigos se pierden con los años.
¿Necesito abogado para demandar al Estado?
Sí. Las demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben presentarse por medio de abogado, salvo casos excepcionales previstos en la ley.
Además, la elección del medio de control, el cálculo de la caducidad, la conciliación y la prueba de los perjuicios son técnicos, y un error en cualquiera puede llevar a perder el caso.
¿El funcionario que causó el daño tiene que pagar?
Frente a la víctima responde la entidad. Pero si el Estado es condenado por un daño causado por dolo o culpa grave de un servidor, debe repetir contra él, según el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 678 de 2001.
La víctima no necesita demandar al funcionario para cobrar.
¿Atienden demandas contra el Estado en toda Colombia?
Sí. Tenemos abogado permanente para urgencias en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y San Andrés isla, y atendemos casos en otras ciudades según disponibilidad, muchas veces de forma virtual, porque buena parte de las audiencias se realiza por videoconferencia.
Cuando el caso lo amerita, el despacho y su director se desplazan a la ciudad donde está el proceso.
Respaldo profesional
¿Quién dirige su caso?
Las demandas contra el Estado las dirige el abogado senior de la firma, con un equipo que documenta el daño, calcula los plazos y cuantifica los perjuicios.
Andrés Felipe Martínez Moya
Abogado Senior y Director Legal
- Formación: abogado de la Universidad Externado de Colombia; magíster y doctorando en Derecho de la Universidad de los Andes.
- Experiencia: cerca de 3.000 casos asesorados o representados, como defensor y como apoderado de víctimas.
- Áreas: litigio ante tribunales, representación de víctimas, responsabilidad del Estado y consultoría corporativa.
- En estos casos: define la estrategia frente al medio de control, la caducidad y la prueba del daño, en especial en la privación injusta de la libertad.
Equipo de la firma
Trabajo coordinado en cada expediente
- Litigantes: preparan la conciliación, la demanda y las audiencias.
- Control de términos: calculan la caducidad desde el primer contacto.
- Prueba y peritaje: reúnen documentos y coordinan dictámenes.
- Seguimiento: informan al cliente de cada actuación y decisión.
Reserva y transparencia: antes de aceptar un caso verificamos que no haya conflicto de intereses, y todo lo que el cliente nos cuenta queda protegido por el secreto profesional.
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Atendemos demandas contra entidades públicas ante los juzgados y tribunales administrativos de Bogotá y de otras ciudades del país, y ante el Consejo de Estado. Muchas audiencias se realizan de forma virtual, lo que permite actuar aunque el proceso esté en otra ciudad.
Nuestra oficina está en la Calle 99 #10-57, Edificio Ecotek, piso 6, Bogotá. Para revisar su caso, envíenos la fecha del daño o del acto, la entidad involucrada y un resumen de lo ocurrido.
Si el daño ocurrió hace más de un año, o el acto se notificó hace más de dos meses, escríbanos cuanto antes: el plazo de caducidad puede estar por vencer.
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