Definición
¿Qué es la extradición y cómo funciona en Colombia?
Respuesta corta
La extradición es el acto formal por el cual un Estado entrega a otro a una persona investigada, acusada o condenada en ese otro Estado. En Colombia se rige por el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia de 1991, por los tratados aplicables y, en su defecto, por los artículos 490 a 514 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). La concede el Gobierno Nacional, pero solo con un concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando una persona es requerida por la justicia de otro país, la extradición permite que ese Estado solicite su entrega. La solicitud extranjera, por sí sola, no basta: las autoridades colombianas deben comprobar que se cumplen los requisitos de la Constitución Política de Colombia de 1991, del tratado que corresponda y del Código de Procedimiento Penal (en adelante CPP).
Conviene tener clara una idea desde el principio. El trámite de extradición no juzga los hechos: ni la Corte Suprema ni el Gobierno deciden si la persona es culpable o inocente, porque eso corresponde a los jueces del país que la reclama. En Colombia se discute si la solicitud reúne las condiciones jurídicas para que la entrega proceda y con qué garantías.
Extradición pasiva
Otro país pide a Colombia la entrega de una persona que se encuentra en su territorio. Es el caso más frecuente y en él intervienen la Fiscalía, la Cancillería, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Gobierno.
Extradición activa
Un juez colombiano pide a otro país la entrega de una persona procesada o condenada en Colombia. Procede cuando hay medida de aseguramiento, acusación en firme o condena por un delito con pena no inferior a dos años de prisión (artículo 512 del CPP).
La extradición tampoco debe confundirse con la deportación o la expulsión, que son decisiones migratorias de carácter administrativo y no responden a una solicitud de la justicia de otro Estado.
Orientación inmediata
¿Qué hacer si capturan a un familiar con fines de extradición?
Las primeras semanas pesan mucho. Corren plazos que pueden llevar a la libertad, y algunas decisiones, como aceptar la extradición simplificada, tienen efectos difíciles de revertir.
Confirme quién ordenó la captura
La captura con fines de extradición la ordena el Fiscal General de la Nación (artículo 509 del CPP). Pida copia de la orden y averigüe qué país hace la solicitud y si ya hay una petición formal o solo una solicitud de captura provisional.
Designe un defensor de inmediato
La persona tiene derecho a nombrar defensor desde el inicio del trámite y, si no lo hace, se le designa uno de oficio (artículo 510 del CPP). Un defensor de confianza puede revisar la orden, los documentos y los plazos desde el primer día.
Anote la fecha exacta de la captura
Desde ese día corren los 60 días que tiene el Estado requirente para formalizar la solicitud. Si vencen sin que lo haga, procede la libertad (artículo 511 del CPP).
No firme ni acepte nada sin asesoría
La renuncia al trámite ordinario (extradición simplificada) acelera la entrega y quita la posibilidad de pedir pruebas. Tampoco conviene declarar sobre los hechos investigados en el exterior.
Reúna los documentos de la persona
Documento de identidad, pasaportes, registros de entradas y salidas del país y pruebas de dónde estaba en las fechas de los hechos. Pueden servir para discutir la identidad o el lugar de comisión.
Control de procedencia
¿Qué requisitos debe cumplir una extradición para que proceda?
Respuesta corta
La Corte Suprema verifica cinco puntos (artículo 502 del CPP): la validez formal de los documentos, la plena identidad de la persona, la doble incriminación, la equivalencia de la providencia extranjera con una acusación colombiana y, cuando corresponda, el cumplimiento del tratado aplicable.
- Identidad
- La persona capturada debe ser exactamente la misma que identifican las providencias y documentos extranjeros. Homonimias y errores en los datos son una causa real de conceptos desfavorables.
- Doble incriminación
- Los hechos deben ser delito también en Colombia, aunque el nombre del delito no coincida. En el régimen legal general, la pena en Colombia debe tener un mínimo no inferior a cuatro años de prisión (numeral 1 del artículo 493 del CPP).
- Providencia
- En el exterior debe existir al menos una resolución de acusación o su equivalente, o una condena (numeral 2 del artículo 493 del CPP).
- Documentación
- La solicitud llega por vía diplomática con copia auténtica de la providencia, la descripción de los hechos con lugar y fecha, los datos de identidad y las normas penales aplicables, traducidas al español cuando haga falta (artículo 495 del CPP).
- Límites constitucionales
- No procede por delitos políticos. A colombianos por nacimiento, solo por delitos cometidos en el exterior y posteriores al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997.
- Condiciones de entrega
- El Gobierno debe exigir que la persona no sea juzgada por hechos anteriores distintos, ni sometida a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, pena de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación (artículo 494 del CPP).
- Procesos en Colombia
- Si la persona tiene un proceso o una condena en Colombia por hechos anteriores, la entrega puede diferirse hasta que termine (artículo 504 del CPP).
Actuaciones iniciales
Captura con fines de extradición y plazos de libertad
La captura con fines de extradición busca asegurar que la persona esté disponible mientras se tramita la solicitud. Tampoco es una condena ni una decisión sobre la extradición. La ordena el Fiscal General de la Nación cuando conoce la solicitud formal, o antes si el Estado requirente la pide mediante una nota que exprese la plena identidad de la persona, la existencia de una condena o acusación y la urgencia de la medida (artículo 509 del CPP).
Para que el Estado requirente formalice la solicitud desde la captura. Si no lo hace, libertad incondicional (artículo 511 del CPP).
Para que el Estado requirente traslade a la persona una vez puesta a su disposición. Si no lo hace, libertad (artículo 511 del CPP).
Para que la Corte emita concepto en la extradición simplificada (parágrafo 1 del artículo 500 del CPP).
Para que el Gobierno decida después de recibir el concepto de la Corte (artículo 503 del CPP).
La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 509 y 511 del CPP en la sentencia C-243 de 2009. Si vencido el plazo de 60 días la persona sigue privada de la libertad sin que se haya formalizado la solicitud, la defensa puede pedir la libertad al Fiscal General y, si no se resuelve, acudir al hábeas corpus regulado por la Ley 1095 de 2006. La libertad no impide una nueva captura si el Estado formaliza después la solicitud.
Interpol. Una notificación roja es una alerta internacional para localizar a una persona. No equivale a una sentencia ni a una orden de captura colombiana, y no sustituye el procedimiento de extradición.
Garantías
¿Qué derechos tiene la persona requerida durante el trámite?
La extradición no es un proceso penal, pero la persona requerida conserva el debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y las garantías propias del trámite. Estas son las que más pesan en la práctica.
- Defensa técnica
- Puede nombrar un abogado de confianza desde el inicio; si no lo hace, se le designa uno de oficio (artículo 510 del CPP). El defensor puede pedir pruebas, alegar ante la Corte y recurrir la resolución del Gobierno.
- Conocer la solicitud
- La defensa tiene derecho a revisar la solicitud extranjera, sus anexos y los conceptos de la Cancillería y del Ministerio de Justicia antes de que la Corte decida.
- Libertad por vencimiento de plazos
- Si el Estado requirente no formaliza la solicitud en 60 días o no traslada a la persona en 30 días después de ponerla a su disposición, procede la libertad (artículo 511 del CPP). Si no se concede, puede acudirse al hábeas corpus.
- Condiciones de entrega
- El Gobierno debe exigir al Estado requirente que no imponga pena de muerte, destierro, prisión perpetua ni confiscación, que no someta a la persona a tortura o tratos crueles y que no la juzgue por hechos anteriores distintos (artículo 494 del CPP).
- Asistencia consular
- Si la persona requerida es extranjera, puede pedir que se informe a su consulado, que puede visitarla y acompañar el trámite.
- Recursos
- Contra la resolución del Gobierno procede el recurso de reposición y, según el caso, el control judicial o la acción de tutela.
Extradición pasiva
¿Cómo es el procedimiento de extradición paso a paso?
El trámite combina una fase administrativa, una judicial ante la Corte Suprema y una decisión final del Gobierno. Estos son sus pasos según el CPP.
Solicitud por vía diplomática
El Estado requirente presenta la solicitud formal con sus anexos, por regla general por vía diplomática (artículo 495 del CPP). Puede haber estado precedida de una solicitud de captura provisional.
Concepto de la Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores, que actúa como canal diplomático, remite el expediente al Ministerio de Justicia, como lo ordena el artículo 496 del CPP, con un concepto sobre si deben aplicarse un tratado, los usos internacionales o las reglas de ese mismo código.
Examen del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia y del Derecho examina la documentación en un término improrrogable de 5 días. Si faltan piezas sustanciales, devuelve el expediente para que se completen (artículos 497 y 498 del CPP).
Envío a la Corte Suprema
Con el expediente completo, se remite a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que emita concepto (artículo 499 del CPP).
Pruebas y alegatos
La persona o su defensor tienen 10 días para pedir pruebas; luego hay 10 días, más el término de distancia, para practicarlas, y 5 días para alegar (artículo 500 del CPP). Intervienen la defensa y el Ministerio Público.
Concepto de la Corte
La Sala emite concepto favorable o desfavorable con base en los fundamentos del artículo 502 del CPP. El desfavorable obliga al Gobierno; el favorable lo deja en libertad de decidir (artículo 501 del CPP).
Resolución del Gobierno
El Gobierno tiene 15 días para dictar la resolución que concede o niega la extradición (artículo 503 del CPP). Contra ella procede el recurso de reposición.
Entrega o libertad
Si se concede, el Fiscal General pone a la persona a disposición de los agentes del Estado requirente; si se niega, ordena su libertad (artículo 506 del CPP). El Estado requirente tiene 30 días para trasladarla.
Decisión judicial y gubernamental
Concepto de la Corte Suprema y decisión final del Gobierno
La Corte Suprema y el Gobierno cumplen funciones distintas. La Corte emite un concepto jurídico sobre la procedencia de la solicitud y el Gobierno adopta la decisión política y administrativa de conceder o negar la entrega. Por eso la extradición se describe como facultativa del Gobierno (artículo 492 del CPP).
Concepto desfavorable
El Gobierno no puede conceder esa extradición. Por eso el trabajo de la defensa ante la Corte, centrado en los requisitos del artículo 502 del CPP, es la etapa decisiva del trámite.
Concepto favorable
El Gobierno queda habilitado para decidir según la conveniencia nacional, pero no está obligado a conceder la entrega. Si la concede, debe exigir las condiciones del artículo 494 del CPP.
Recursos contra la resolución
Contra la resolución ejecutiva que concede la extradición procede el recurso de reposición, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Después, según el caso, puede estudiarse el control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o la acción de tutela si se vulneran derechos fundamentales. Ninguna de estas vías reabre la discusión sobre la culpabilidad.
Después de la decisión
Entrega diferida, varias solicitudes y principio de especialidad
Que el Gobierno conceda la extradición no siempre significa que la persona salga de inmediato del país. El CPP prevé tres situaciones que la defensa debe tener presentes.
Entrega diferida
Si la persona cometió un delito en Colombia antes de la solicitud, la entrega puede aplazarse hasta que sea juzgada y cumpla la pena, o hasta que el proceso termine por preclusión o absolución. Cuando cesa el motivo de detención en Colombia, queda a disposición del Gobierno (artículo 504 del CPP).
Varias solicitudes
Si varios Estados piden a la misma persona por el mismo hecho, tiene preferencia aquel donde se cometió. Por hechos distintos, el que la reclame por el delito más grave y, si son de igual gravedad, el que la pidió primero. El Gobierno fija el orden (artículo 505 del CPP).
Principio de especialidad
La persona extraditada solo puede ser juzgada en el Estado requirente por los hechos que motivaron la extradición. El artículo 494 del CPP obliga al Gobierno a exigir que no sea juzgada por un hecho anterior diferente ni sometida a sanciones distintas de las de la condena. Si el Estado requirente quisiera juzgarla por otros hechos, necesitaría una nueva autorización.
Objetos y gastos
Junto con la persona se entregan los objetos encontrados en su poder que tengan relación con el delito o puedan servir de prueba (artículo 507 del CPP). Cada Estado asume los gastos causados en su propio territorio (artículo 508 del CPP).
Modalidad especial
Extradición simplificada: requisitos y efectos
El parágrafo 1 del artículo 500 del CPP, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, permite que la persona requerida, asistida por su defensor y con la presencia del Ministerio Público, renuncie al procedimiento probatorio ante la Corte. En ese caso la Sala de Casación Penal emite su concepto dentro de los 20 días siguientes, si se cumplen los requisitos.
Lo que cambia
El trámite se acorta de forma considerable, porque se omiten los términos para pedir, practicar pruebas y alegar.
Lo que se mantiene
La Corte sigue verificando los requisitos y el Gobierno sigue decidiendo. Aceptar esta vía no autoriza la entrega ni implica renunciar a las garantías constitucionales.
Aceptar la extradición simplificada significa renunciar a discutir con pruebas la identidad, los documentos o la doble incriminación. Solo debe aceptarse después de que un abogado haya revisado el expediente y descartado objeciones serias.
Colombia como Estado requirente
La extradición activa: cuando Colombia pide a una persona
La extradición activa es el camino inverso. Un juez colombiano puede pedir la extradición de una persona que está en otro país cuando en su contra hay medida de aseguramiento, resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria por un delito con pena privativa de la libertad no inferior a dos años (artículo 512 del CPP).
El juez envía copia de la decisión y de los documentos que la sustentan al Ministerio de Justicia y del Derecho, que examina el expediente y lo devuelve si faltan piezas (artículo 513 del CPP). Completo, pasa a la Cancillería, que adelanta las gestiones diplomáticas ante el otro gobierno según el tratado o los usos internacionales (artículo 514 del CPP). Desde ese momento, el trámite se rige por la ley del país donde está la persona, y quien es requerido necesita también un abogado allí.
Acuerdo de Paz
¿Qué es la garantía de no extradición de la JEP?
El Acto Legislativo 01 de 2017, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, prohíbe conceder la extradición o adoptar medidas de aseguramiento con fines de extradición por hechos ocurridos durante el conflicto armado o con ocasión de él, cometidos antes de la firma del Acuerdo Final, respecto de quienes se sometieron al Sistema. Cuando se discute si la conducta es anterior o posterior a la firma, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz evalúa la fecha.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-112 de 2019, condicionó el artículo 502 del CPP para que, cuando la persona requerida sea integrante o presunto integrante de las FARC-EP, la Sala de Casación Penal pondere también los deberes del Estado de investigar las violaciones graves de derechos humanos, los fines del Sistema Integral y los compromisos internacionales de Colombia.
Cooperación internacional
¿Qué tratados de extradición tiene Colombia?
Los registros de la Cancillería incluyen instrumentos bilaterales y multilaterales. La lista es orientativa y no certifica la vigencia ni la aplicación de un instrumento a un caso concreto, que debe comprobarse en la relación de tratados de la Cancillería.
Cómo se determina la norma aplicable
La Cancillería emite un concepto sobre la norma que debe regir cada solicitud (artículo 496 del CPP). Si hay un tratado bilateral vigente y aprobado por ley, se aplica ese tratado. Si no lo hay, la Corte Suprema aplica de forma subsidiaria los convenios multilaterales con cláusulas de extradición que Colombia haya aprobado, aunque la Cancillería no los mencione (CP130-2024). A falta de ambos rige el CPP, siempre dentro de los límites del artículo 35 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Instrumentos bilaterales identificados
Bélgica
Tratado de extradición del 21 de agosto de 1912; convención adicional firmada en Bogotá el 21 de noviembre de 1931 y convenio adicional de 1959.
Brasil
Tratado de extradición firmado en Río de Janeiro el 28 de diciembre de 1938, que la Cancillería reporta vigente.
Relación de tratados vigentes de la Cancillería, enlazada al inicio de esta sección.
Chile
Tratado de extradición de 1914. En 2021 se firmó un nuevo tratado para reemplazarlo; hasta que entre en vigor debe verificarse cuál aplica.
Costa Rica
Tratado de extradición firmado en San José el 7 de mayo de 1928, aprobado por la Ley 19 de 1931.
Cuba
Tratado de extradición firmado en La Habana el 2 de julio de 1932, aprobado por la Ley 16 de 1932.
España
Convenio de extradición firmado en Bogotá el 23 de julio de 1892, modificado por el Protocolo de Madrid del 16 de marzo de 1999 (artículos 3, 10 y 15), aprobado por la Ley 876 de 2004 y vigente desde el 17 de septiembre de 2005.
Francia
Convención de extradición del 9 de abril de 1850. En 2023 ambos países negociaban su modernización.
Guatemala
Tratado de extradición firmado en Ciudad de Guatemala el 24 de noviembre de 1928, aprobado por la Ley 40 de 1930.
México
Tratado de extradición firmado en Ciudad de México el 1 de agosto de 2011, aprobado por la Ley 1663 de 2013, declarado exequible en la sentencia C-333 de 2014 y vigente desde el 25 de diciembre de 2014. Exige que el delito tenga en ambos Estados una pena mínima de tres años de prisión y dejó sin efecto el tratado de 1928. Lo promulgó el Decreto 1216 de 2015.
Nicaragua
Tratado de extradición firmado en Managua el 25 de marzo de 1929.
Panamá
Tratado de extradición de 1927.
Perú
Convención de extradición de 1870 y acuerdos posteriores.
Reino Unido
Tratado de extradición firmado en Bogotá el 27 de octubre de 1888, aprobado por la Ley 148 de 1888, y convenios complementarios.
Cuando no se indica una ley o un texto oficial, no encontramos una copia oficial en línea del tratado; su vigencia y su texto deben confirmarse con la Cancillería en cada caso.
Instrumentos multilaterales
Acuerdo Bolivariano de Extradición (1911)
Instrumento regional. La Corte lo aplicó en el CP130-2024 a una solicitud de Venezuela.
Convención de Montevideo sobre Extradición (1933)
Convención interamericana; conviene verificar los Estados parte y sus reservas.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo)
Aprobada por Colombia mediante la Ley 800 de 2003. Su artículo 16 regula la extradición por los delitos que comprende, como la participación en un grupo delictivo organizado, el blanqueo de capitales y la corrupción.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Aprobada por Colombia mediante la Ley 970 de 2005. Su artículo 44 regula la extradición por los delitos de corrupción que tipifica.
El tratado con Estados Unidos de 1979
El Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en Washington el 14 de septiembre de 1979 y entró en vigor internacionalmente el 4 de marzo de 1982. Según la Cancillería, conserva esa vigencia porque ninguno de los dos Estados lo ha denunciado, pero no puede aplicarse internamente.
La razón es que sus dos leyes aprobatorias cayeron. La Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la Ley 27 de 1980 en la Sentencia 111 del 12 de diciembre de 1986, por vicios en su sanción, y la Ley 68 de 1986 en la Sentencia 63 del 25 de junio de 1987, porque no surtió un trámite legislativo independiente. Por eso las solicitudes de Estados Unidos se estudian con el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el CPP.
Lo que conviene evitar
Errores frecuentes en un trámite de extradición
- Creer que la notificación roja equivale a una condena. Es solo una alerta de localización; la entrega exige todo el procedimiento colombiano.
- Aceptar la extradición simplificada por presión o por desconocimiento. Se pierde la posibilidad de pedir pruebas ante la Corte.
- Intentar defender la inocencia ante la Corte Suprema. La Sala no juzga los hechos; los argumentos deben dirigirse a los requisitos del artículo 502 del CPP.
- No llevar la cuenta de los 60 días. Si el Estado requirente no formaliza la solicitud a tiempo, la libertad procede, pero hay que pedirla.
- No revisar la fecha y el lugar de los hechos. Para un colombiano por nacimiento pueden ser la diferencia entre un concepto favorable y uno desfavorable.
- Olvidar las condiciones de entrega. La defensa puede pedir que se precisen las garantías del artículo 494 del CPP antes de que el Gobierno decida.
Estrategia jurídica
¿Cómo se defiende a una persona en un trámite de extradición?
La estrategia empieza por reconstruir cómo se inició la solicitud, en qué etapa está y qué autoridad resuelve cada cuestión. A partir de allí se organizan las actuaciones documentales, los argumentos ante la Corte Suprema y, cuando procede, las gestiones frente a la decisión del Gobierno.
- Diagnóstico inicial
- Estado requirente, autoridad que pide la entrega, situación de captura, fecha exacta de la captura y etapa del trámite.
- Norma aplicable
- Si existe un tratado aplicable y cómo se relaciona con la Constitución Política de Colombia de 1991, el CPP y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
- Identidad y documentos
- Cotejo de los datos de identificación, los hechos descritos y las providencias extranjeras, en busca de inconsistencias.
- Doble incriminación
- Comparación de la conducta atribuida con el Código Penal (Ley 599 de 2000) y con la pena mínima exigida.
- Lugar y fecha de los hechos
- Para colombianos por nacimiento, si los hechos se cometieron en el exterior y después del 17 de diciembre de 1997, y si Colombia ya los investiga.
- Garantías
- Condiciones de entrega del artículo 494 del CPP, principio de especialidad, situación de salud y familiar, y garantía de no extradición cuando aplique.
- Intervención y recursos
- Peticiones probatorias y alegatos ante la Corte, vigilancia de los plazos de libertad, recurso de reposición contra la resolución y acciones judiciales posteriores.
No ofrecemos resultados garantizados. La estrategia depende del expediente, del tratado aplicable y de las decisiones de la Corte y del Gobierno.
Resultados documentados
Casos de éxito de la firma
En los trámites que empiezan con una captura, la defensa que actúa desde el primer día tiene más margen. Esta es una selección de resultados documentados y anonimizados de la firma en procesos penales con capturas, medidas y decisiones judiciales.
Tutela · Villavicencio
Se protegió a una persona vinculada por error a antecedentes y a una orden de captura, y se ordenó corregir los registros.
Libertad · Bogotá
Dos procesados por tráfico de estupefacientes conservaron la libertad con medidas no privativas.
Principio de oportunidad · Santa Fe de Antioquia
El juez avaló el principio de oportunidad en un proceso por peculado y terminó la acción penal.
Absolución · Bogotá
Absolución en juicio oral por delitos sexuales, tras la valoración de la prueba practicada.
En nuestra página web se encuentran los casos de éxito, y en Instagram compartimos más resultados y experiencias de la firma, siempre con reserva de los datos de nuestros clientes.
Cada resultado depende de los hechos, las pruebas y la decisión de las autoridades en ese caso. Un resultado anterior no garantiza otro igual.
Fundamentos legales
Marco normativo de la extradición en Colombia
Para saber si una extradición procede, primero hay que determinar qué normas rigen la solicitud. El punto de partida es la Constitución Política de Colombia de 1991; después, el tratado con el Estado requirente, si existe y es aplicable, y en su defecto el CPP. No todos los países ni todas las solicitudes se rigen por las mismas reglas.
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
Todos los artículos de este cuadro pertenecen al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Régimen y requisitos
Trámite
Entrega
Captura y libertad
Los artículos 492 a 514 pueden contrastarse con la versión publicada en el normograma de la Cancillería.
Código Penal (Ley 599 de 2000)
Artículo 18 · Extradición
Reproduce la regla constitucional sobre la extradición de colombianos por nacimiento y la prohibición por delitos políticos.
Constitución Política de Colombia de 1991
Marco constitucional de la extradición
Artículo 35 · Extradición
Modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997. La extradición se solicita, concede u ofrece de acuerdo con los tratados y, en su defecto, con la ley. La de colombianos por nacimiento procede por delitos cometidos en el exterior que también lo sean en Colombia; no procede por delitos políticos ni por hechos anteriores a la promulgación de la reforma.
Artículo 29 · Debido proceso
Debido proceso y derecho de defensa, que la persona requerida conserva durante todo el trámite, con las particularidades propias de la extradición.
Artículo 12 · Tortura y desaparición forzada
Prohíbe la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sustenta las condiciones que Colombia exige antes de entregar a una persona.
Artículo 34 · Penas prohibidas
Prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, límites que también se trasladan a la entrega.
Precedentes judiciales
Jurisprudencia sobre extradición
Los conceptos de la Sala de Casación Penal muestran cómo se aplican los requisitos en casos concretos. Un concepto en otro expediente no determina por sí solo el resultado de una nueva solicitud; hay que comparar los hechos, las normas y el problema jurídico.
Corte Constitucional
Sentencia C-243 de 2009
Declaró ajustadas a la Constitución Política de Colombia de 1991 las normas sobre la captura con fines de extradición y las causales de libertad.
Sentencia C-112 de 2019
Condicionó el artículo 502 del CPP para los casos de integrantes o presuntos integrantes de las FARC-EP.
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
CP130-2024, radicado 64115
La Sala unificó su criterio sobre las normas aplicables cuando no hay un tratado que regule el procedimiento. Los convenios bilaterales o multilaterales de cooperación aprobados por ley se aplican de forma subsidiaria, aunque la Cancillería no los haya mencionado en su concepto.
CP143-2023, radicado 58921
Las conductas ocurrieron íntegramente en Colombia, las víctimas eran colombianas y las autoridades nacionales ya investigaban los mismos hechos. La Corte aplicó los principios de territorialidad, soberanía y juzgar o extraditar, y privilegió la aplicación de la ley colombiana.
CP024-2018, radicado 50914
La solicitud se basaba en el porte de clonazepam para consumo personal. La Corte negó la doble incriminación, porque la conducta no constituía delito en Colombia en esas condiciones.
CP082-2022, radicado 60669
La Sala explicó por qué, a pesar de la vigencia internacional del tratado de 1979 con Estados Unidos, las solicitudes de ese país se estudian con las reglas procesales colombianas.
CP096-2023, radicado 61540
Revisión de la identidad, los documentos y la doble incriminación, junto con las cuestiones territoriales que pesaban para establecer si procedía la entrega.
CP120-2023, radicado 61541
Muestra cómo la Corte verifica los documentos extranjeros y la equivalencia de las providencias exigida por el artículo 502 del CPP.
Honorarios y alcance del servicio
¿Cuánto cuesta un abogado para un trámite de extradición?
La cotización depende de la etapa del trámite, de si ya hubo captura, del volumen de documentos extranjeros por revisar, de la necesidad de traducciones o de coordinar con abogados del Estado requirente y de si se recurre la resolución del Gobierno. Son referencias generales de la guía de honorarios de Asesoría Penal 24/7, no precios mínimos.
Consulta penal inicial
0,5 SMLMV
Referencia publicada para 2026: $875.453. Revisión de la orden de captura, la solicitud y los plazos que están corriendo.
Audiencias preliminares
5 a 50 SMLMV
Actuaciones urgentes después de la captura, como solicitudes de libertad o hábeas corpus, según su número y urgencia.
Indagación penal
14 a 70 SMLMV
Estudio de la solicitud extranjera, del tratado aplicable y de la documentación antes del trámite ante la Corte.
Investigación, acusación y juicio
35 a 170 SMLMV
Representación completa ante la Corte Suprema y frente a la resolución del Gobierno. Los recursos se pactan expresamente.
Los rangos no se suman automáticamente. Traducciones, desplazamientos, impuestos y demás gastos se definen aparte.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre extradición en Colombia
Conceptos básicos
¿Qué es la extradición?
Es el acto por el cual un Estado entrega a otro a una persona que este último reclama para juzgarla o para que cumpla una condena. En Colombia se rige por el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia de 1991, los tratados aplicables y, en su defecto, por los artículos 490 a 514 del Código de Procedimiento Penal.
El trámite no decide si la persona es culpable. Solo establece si se cumplen los requisitos para entregarla.
¿Colombia extradita a colombianos?
Sí, pero con límites. Desde el Acto Legislativo 01 de 1997, el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia de 1991 permite extraditar a colombianos por nacimiento por delitos cometidos en el exterior, siempre que también sean delito en Colombia, y prohíbe hacerlo por hechos anteriores a la promulgación de esa reforma.
Nunca procede por delitos políticos. La misma regla está en el artículo 18 del Código Penal (Ley 599 de 2000).
¿Quién decide si una persona es extraditada?
La decisión final es del Gobierno Nacional, pero solo puede conceder la extradición con un concepto previo y favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (artículo 492 del Código de Procedimiento Penal).
La Cancillería actúa como canal diplomático y el Ministerio de Justicia revisa la documentación.
¿La Corte Suprema decide si la persona es culpable o inocente?
No. La Sala de Casación Penal no juzga los hechos ni sustituye al juez extranjero.
Según el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, verifica la validez formal de los documentos, la plena identidad de la persona, la doble incriminación, la equivalencia de la providencia extranjera y, cuando corresponda, el cumplimiento del tratado.
¿Qué es la doble incriminación?
Es la exigencia de que los hechos por los que se pide a la persona también sean delito en Colombia, aunque el nombre del delito no coincida.
En el régimen legal general, el numeral 1 del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal exige además que en Colombia tengan una pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
Captura y plazos
¿Quién ordena la captura con fines de extradición?
El Fiscal General de la Nación, cuando conoce la solicitud formal.
También puede ordenarla antes, si el Estado requirente la pide con una nota que exprese la plena identidad de la persona, la existencia de una condena o acusación y la urgencia de la medida (artículo 509 del Código de Procedimiento Penal).
¿Cuánto tiempo puede estar detenida una persona sin solicitud formal de extradición?
Sesenta días. Si dentro de los 60 días siguientes a la captura el Estado requirente no formaliza la petición de extradición, el Fiscal General debe ordenar la libertad incondicional.
También procede la libertad si, puesta la persona a disposición del Estado requirente, este no la traslada en 30 días (artículo 511 del Código de Procedimiento Penal).
¿Una notificación roja de Interpol significa que la extradición ya fue aprobada?
No. Una notificación roja es una alerta internacional para localizar a una persona; no equivale a una sentencia ni a una orden de captura colombiana, y no reemplaza el procedimiento de extradición.
En Colombia la captura con fines de extradición la ordena el Fiscal General, y la entrega solo puede concederla el Gobierno con concepto favorable de la Corte Suprema.
¿Cuánto dura un proceso de extradición en Colombia?
Depende del caso, pero suele tomar varios meses. El Código de Procedimiento Penal fija plazos parciales: 5 días para que el Ministerio de Justicia examine la documentación (artículo 497), 10 días para pedir pruebas, 10 para practicarlas y 5 para alegar ante la Corte (artículo 500) y 15 días para que el Gobierno decida tras recibir el concepto (artículo 503).
Los requerimientos de documentos y los recursos alargan el trámite.
Decisión, recursos y defensa
¿En qué casos se niega una extradición?
Cuando la Corte Suprema emite concepto desfavorable, porque ese concepto obliga al Gobierno (artículo 501 del Código de Procedimiento Penal).
Ocurre, por ejemplo, si no hay doble incriminación, si falla la identidad o los documentos, si se trata de un delito político o, para un colombiano por nacimiento, si los hechos ocurrieron antes de diciembre de 1997 o no se cometieron en el exterior.
¿Qué pasa después de un concepto favorable de la Corte?
El expediente vuelve al Gobierno, que tiene 15 días para decidir mediante resolución si concede o niega la extradición (artículo 503 del Código de Procedimiento Penal). El concepto favorable no lo obliga a entregar a la persona.
Si la concede, debe exigir las condiciones del artículo 494 del mismo código, como que no se le imponga pena de muerte, prisión perpetua, destierro o confiscación.
¿Qué condiciones debe exigir Colombia antes de entregar a una persona?
El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal obliga al Gobierno a exigir que la persona no sea juzgada por hechos anteriores distintos de los que motivan la extradición.
También debe exigir que no sea sometida a desaparición forzada, tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que no se le impongan pena de muerte, destierro, prisión perpetua ni confiscación.
¿Se puede recurrir la resolución que concede la extradición?
Sí. Contra la resolución ejecutiva del Gobierno procede el recurso de reposición, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Después, según el caso, puede estudiarse el control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o la acción de tutela si se vulneran derechos fundamentales.
¿Qué es la extradición simplificada?
Es la posibilidad de que la persona requerida, asistida por su defensor y con el Ministerio Público, renuncie al trámite probatorio ante la Corte. En ese caso la Sala de Casación Penal emite su concepto dentro de los 20 días siguientes si se cumplen los requisitos (parágrafo 1 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011).
Acelera el trámite, pero implica renunciar a pedir pruebas, por lo que no debe aceptarse sin asesoría.
¿Qué es la garantía de no extradición de la JEP?
Es una protección prevista por el Acto Legislativo 01 de 2017 para quienes se sometieron al Sistema Integral derivado del Acuerdo de Paz. No puede concederse la extradición por hechos ocurridos durante el conflicto armado y antes de la firma del Acuerdo Final.
Cuando hay duda sobre la fecha de la conducta, la evalúa la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
¿Qué puede hacer el abogado defensor durante el procedimiento?
Revisar el expediente y el tratado aplicable, verificar la identidad y los documentos, discutir la doble incriminación y los límites constitucionales, pedir pruebas y alegar ante la Corte, vigilar los plazos de libertad del artículo 511 del Código de Procedimiento Penal, exigir las condiciones de entrega y recurrir la resolución del Gobierno.
La persona tiene derecho a defensor desde el inicio del trámite; si no lo designa, se le nombra uno de oficio (artículo 510 del mismo código).
Equipo jurídico
Quién estudia su caso
En un trámite de extradición la defensa exige estudiar el expediente con rigor y mantener una comunicación clara con la persona requerida y su familia. Nuestro equipo de abogados penalistas evalúa las actuaciones ante las autoridades colombianas y, cuando el caso lo requiere, coordina el análisis con abogados habilitados en el Estado requirente.
Andrés Felipe Martínez Moya
Abogado Senior y Director Legal
- Abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia; magíster en Derecho Penal y doctorando en Derecho de la Universidad de los Andes.
- Cerca de 3.000 casos penales asesorados o representados, como defensor y como apoderado de víctimas.
- En extradición dirige la defensa ante la Corte Suprema y frente al Gobierno: revisa la solicitud extranjera, el tratado aplicable y los plazos de libertad desde la captura.
Equipo de la firma
Defensa de personas requeridas y consultoría en cooperación penal
- Evaluación del expediente y de la captura.
- Revisión de requisitos y tratados.
- Pruebas y alegatos ante la Corte Suprema.
- Recursos contra la resolución del Gobierno.
- Conceptos jurídicos y estudio de providencias y tratados.
- Análisis de condiciones de entrega y coordinación con abogados en otros países.
Reserva y transparencia: antes de aceptar un caso verificamos que no haya conflicto de interés, y lo que el cliente nos cuenta queda protegido por el secreto profesional.
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Ubicación y cobertura
Abogados de extradición en Bogotá y atención en toda Colombia
Las actuaciones ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Cancillería se adelantan en Bogotá, pero atendemos a personas capturadas en cualquier ciudad del país y a sus familias en el exterior.
Nuestra oficina está en la Calle 99 #10-57, Edificio Ecotek, piso 6, Bogotá D. C. Atención con cita previa.
Podemos atender por videollamada a familiares que viven fuera de Colombia y coordinar con abogados del Estado requirente.
¿Necesita asistencia jurídica en un trámite de extradición?
Revisamos la orden de captura, la documentación disponible y los plazos que están corriendo, y le explicamos con reserva profesional las opciones de defensa en cada etapa.
Información útil para la evaluación inicial
- Fecha y lugar de la captura
- País que solicita la extradición
- Delito que se le atribuye
- Copia de la orden de captura
- Comunicaciones de la Fiscalía o la Corte
- Nacionalidad de la persona requerida
- Procesos abiertos en Colombia
- Dónde estaba en las fechas de los hechos
Este contenido tiene finalidad informativa. No sustituye la asesoría sobre un caso concreto: las reglas aplicables dependen del Estado requirente, del tratado, de los hechos y de las decisiones de las autoridades. No se garantizan resultados.