Concepto jurídico penal: qué es, cuándo pedirlo y qué debe contener

Definición

¿Qué es un concepto jurídico en materia penal?

En el litigio penal, las decisiones de fondo tienen consecuencias que no se pueden deshacer con facilidad. Aceptar cargos en la imputación, firmar un preacuerdo, declarar ante la Fiscalía o dejar pasar el término de un recurso son decisiones que el cliente toma con base en lo que entiende de su caso. El concepto jurídico pone ese entendimiento por escrito, con la claridad necesaria para que la persona pueda decidir y, si quiere, consultar a otro profesional.

El proceso penal colombiano se rige por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en adelante CPP, y los delitos y las penas están en el Código Penal (Ley 599 de 2000), en adelante C. P. Un concepto penal útil conecta ambos: qué delito se discute, qué tiene que probar la Fiscalía, qué puede hacer la defensa en la etapa en que está el proceso y qué consecuencias tiene cada camino.

No es un trabajo académico. Un concepto para un caso real responde preguntas concretas, sin intentar exponer todas las teorías posibles: ¿qué tan fuerte es la acusación?, ¿qué puede pasar si voy a juicio?, ¿me conviene negociar?, ¿qué beneficios puedo pedir?, ¿qué debo hacer esta semana?

Hechos jurídicamente relevantes

Los hechos que encajan en un delito o que pueden cambiar su calificación, la pena o los beneficios.

Problema jurídico

La pregunta precisa que el concepto debe responder, por ejemplo si procede la prisión domiciliaria.

Escenarios

Los resultados posibles del caso según las decisiones que se tomen y lo que ocurra con la prueba.

Recomendación

La estrategia que el abogado sugiere, con sus razones, riesgos y alternativas.

Servicios distintos

¿En qué se diferencia un concepto de una consulta o de la defensa del caso?

Los tres servicios se complementan, pero responden a necesidades distintas.

No todos los casos necesitan un concepto. Si la pregunta es sencilla, como qué significa una citación o cuál es el siguiente paso, una consulta legal suele bastar. El concepto se recomienda en casos de mediana o alta complejidad, cuando hay un expediente que revisar o cuando la decisión que viene tiene consecuencias serias. El abogado que atiende la consulta inicial es quien orienta sobre cuál de los dos servicios conviene.

Momentos de uso

¿Cuándo conviene pedir un concepto jurídico penal?

El concepto es más valioso cuando se pide antes de una decisión de fondo, no después. Estos son los momentos en que más se usa.

• Al recibir una citación o enterarse de una denuncia. Para saber qué delito se investiga, qué tan fuerte puede ser la acusación y qué hacer en la indagación preliminar.
• Antes de la imputación o de la acusación. Para evaluar si conviene aceptar cargos, negociar o prepararse para el juicio.
• Frente a una oferta de preacuerdo. Para comparar la pena negociada con lo que podría pasar en el juicio y verificar que el acuerdo sea legal.
• Antes de la audiencia preparatoria. Para definir qué pruebas pedir, cuáles atacar y si hace falta un perito.
• Después de una sentencia. Para decidir si se apela o si procede un recurso extraordinario, como la casación o la revisión.
• En la ejecución de la pena. Para estudiar la viabilidad de los subrogados, la prisión domiciliaria o la libertad condicional.
• Antes de tomar una decisión empresarial o personal con riesgo penal. Para saber si una operación, un contrato o una omisión puede encajar en un delito del Código Penal (Ley 599 de 2000).

También lo piden personas que ya tienen abogado y quieren una segunda opinión independiente sobre su caso, antes de una decisión que no tiene marcha atrás.

Estructura

¿Qué debe contener un buen concepto jurídico?

Todo concepto parte de dos elementos básicos: los hechos jurídicamente relevantes y los argumentos de derecho. Pero un concepto útil para un caso real necesita más que eso. Esta es la estructura que seguimos.

1. Hechos jurídicamente relevantes

   Un resumen preciso de lo ocurrido, separando lo que está probado, lo que se discute y lo que se desconoce.

2. Problema jurídico

   La pregunta concreta que el concepto responde. Un concepto que intenta responder todo termina sin responder nada.

3. Marco normativo y jurisprudencial

   Las normas vigentes y la jurisprudencia más reciente de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.

4. Análisis probatorio

   Qué pruebas existen, cuáles faltan, cuáles pueden ser excluidas y cuáles conviene conseguir.

5. Escenarios

   Lo que puede ocurrir según las decisiones que se tomen: ir a juicio, negociar, aceptar cargos, recurrir. Con penas, beneficios y plazos de cada camino.

6. Recomendación y riesgos

   La estrategia sugerida, sus razones, los riesgos que implica y las alternativas.

7. Próximos pasos

   Qué hay que hacer, en qué plazo y qué documentos o pruebas se necesitan.

La vigencia de las fuentes pesa tanto como su contenido. El derecho penal cambia con frecuencia: en 2025, por ejemplo, la Ley 2477 de 2025 eliminó el límite de rebajas para quien es capturado en flagrancia, una reforma que cambia el cálculo de muchos preacuerdos. Un concepto con normas o jurisprudencia desactualizadas puede llevar a una mala decisión.

La prueba

¿Por qué el análisis probatorio es el centro del concepto?

La mejor argumentación jurídica no sirve si no hay pruebas que la respalden. En el proceso penal, el juez solo puede condenar con conocimiento más allá de toda duda razonable, como exige el artículo 381 del CPP, y ese conocimiento se construye con pruebas practicadas en el juicio. Por eso el concepto debe responder con honestidad qué puede probar cada parte.

El análisis probatorio revisa cuatro cosas. La pertinencia y la utilidad de cada prueba para los hechos que se discuten. Su legalidad, porque una prueba obtenida con violación de derechos puede ser excluida. Su fuerza real, es decir, qué tanto convence a un juez y qué debilidades puede mostrar un buen contrainterrogatorio. Y lo que falta: los testigos que no se han entrevistado, los documentos que no se han pedido, los peritajes que el caso necesita.

En muchos casos, el análisis probatorio cambia la estrategia. Una acusación que parecía sólida puede depender de un solo testigo con contradicciones, o de un informe técnico que nadie va a sostener en el juicio. Y una defensa que parecía clara puede no tener cómo probar su versión. El cliente merece saberlo antes de decidir.

Proceso penal

¿Se necesita un concepto en cada etapa del proceso?

Muchas veces, sí. El proceso penal ordinario del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) tiene varias etapas, y en cada una se toman decisiones distintas. Por lo general, la indagación preliminar requiere un concepto, y el proceso judicial puede requerir un estudio en cada fase.

En el procedimiento abreviado de la Ley 1826 de 2017 no hay audiencia de imputación, y el estudio se concentra en el traslado del escrito de acusación y en la audiencia concentrada. La casación, en particular, exige un estudio técnico riguroso, como se explica en la guía sobre el recurso de casación.

Antes del problema

¿Sirve un concepto jurídico para prevenir riesgos penales?

Sí, y suele ser su uso más rentable. Un concepto preventivo analiza una decisión antes de tomarla: un contrato con el Estado, una operación con dineros de terceros, el manejo de retenciones tributarias, la terminación de una relación con un socio, la respuesta a una solicitud de una autoridad. Permite identificar si alguna conducta puede encajar en un delito y cómo evitarlo.

Las empresas lo usan con frecuencia en temas como la omisión de agente retenedor, del artículo 402 del Código Penal (Ley 599 de 2000), la contratación estatal, el manejo de información privilegiada o la responsabilidad de los administradores. Las personas naturales lo piden antes de decisiones familiares o patrimoniales con implicaciones penales, como el pago de cuotas alimentarias o la disposición de bienes en disputa.

Un concepto preventivo no es un permiso para actuar. Es un análisis de riesgos con base en los hechos que el cliente informa. Si los hechos cambian, o si el cliente omitió información útil para el análisis, las conclusiones pueden cambiar.

Negociación con la Fiscalía

¿Qué debe analizar un concepto sobre un preacuerdo o una aceptación de cargos?

Es la decisión en la que más se usa el concepto, porque no admite errores. Una aceptación de cargos aprobada por el juez, por regla general, no tiene marcha atrás. El estudio debe responder, como mínimo, cinco preguntas.

1. ¿Qué rebaja corresponde en esta etapa?

   Según el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la rebaja es de hasta la mitad si se acepta en la imputación, hasta una tercera parte después de la acusación y una sexta parte al iniciar el juicio. Desde la Ley 2477 de 2025, la captura en flagrancia ya no limita esas rebajas a la cuarta parte.

2. ¿Qué pena real quedaría?

   El concepto calcula la pena concreta con la rebaja y la compara con la que podría imponerse en un juicio, considerando la fuerza de la prueba.

3. ¿Qué beneficios quedan disponibles?

   Una pena de cinco años no permite la suspensión condicional, que exige una condena no mayor de cuatro. Algunos delitos, además, están excluidos de beneficios por el artículo 68A del C. P.

4. ¿Hay requisitos especiales?

   Si el delito produjo un incremento patrimonial, el artículo 349 del CPP exige reintegrar al menos la mitad antes de negociar. En otros delitos hay prohibiciones de rebajas, como en algunos casos con víctimas menores de edad.

5. ¿Qué pasa con la víctima y la reparación?

   La víctima debe ser escuchada, y después de la condena puede promover el incidente de reparación. El concepto anticipa ese costo.

Con esas respuestas por escrito, la persona puede decidir si acepta, si pide una oferta distinta o si prefiere ir a juicio. Y si acepta, el juez podrá verificar, como exige el artículo 131 del CPP, que su decisión fue libre e informada. La guía sobre preacuerdos con la Fiscalía explica las modalidades de negociación.

Ejecución de la pena

¿Qué estudia un concepto sobre subrogados y beneficios?

Después de la condena, o cuando se calcula una pena posible, el concepto revisa qué beneficios proceden y qué hace falta para pedirlos. Los principales son tres.

• Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Procede cuando la condena no supera cuatro años y se cumplen los demás requisitos del artículo 63 del C. P., que tiene en cuenta los antecedentes penales de la persona y el delito por el que fue condenada.
• Prisión domiciliaria. El artículo 38B del C. P. exige que la pena mínima del delito sea de ocho años o menos, además de arraigo familiar y social.
• Libertad condicional. Puede pedirse después de cumplir las tres quintas partes de la pena, con buena conducta, arraigo y reparación a la víctima, según el artículo 64 del C. P.

El concepto también revisa las exclusiones. El artículo 68A del C. P. niega la suspensión condicional y la prisión domiciliaria a los condenados por una lista de delitos, y a quienes tengan una condena por delito doloso en los cinco años anteriores, aunque deja a salvo la libertad condicional. Un error en este análisis lleva a solicitudes que el juez niega de plano y a expectativas que no se cumplen. La guía de subrogados penales desarrolla cada figura.

Después de la sentencia

¿Por qué conviene un concepto antes de recurrir una sentencia?

Los recursos tienen términos cortos y exigencias técnicas que no admiten improvisación. Un concepto previo permite decidir con fundamento si se recurre, qué se ataca y con qué argumentos.

Apelación

La apelación de la sentencia de primera instancia se interpone en la audiencia de lectura del fallo y se sustenta en un plazo breve. El concepto identifica los errores del juez en la valoración de la prueba o en la aplicación de la ley que tienen posibilidad real de prosperar ante el tribunal, y descarta los argumentos que solo repiten lo ya discutido.

Casación

La casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no es una tercera instancia. La demanda debe ajustarse a causales precisas y demostrar errores concretos y trascendentes en la sentencia. Muchas demandas se inadmiten por defectos de forma. El concepto evalúa si el caso tiene un error que encaje en una causal y si vale el esfuerzo económico y de tiempo que implica.

Acción de revisión

Procede contra sentencias ejecutoriadas en causales específicas, como la aparición de pruebas nuevas que demuestren la inocencia o un cambio favorable de la jurisprudencia. El concepto establece si alguna causal se cumple antes de iniciar un trámite largo y exigente.

Representación de víctimas

¿Un concepto jurídico también sirve para las víctimas?

Sí. La víctima de un delito también toma decisiones con consecuencias: si denuncia y por cuál delito, si concilia en un delito querellable, si acepta un preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado, qué pruebas pide o si promueve el incidente de reparación después de la condena.

Un concepto para víctimas responde preguntas como estas. ¿Los hechos encajan en un delito o se trata de un conflicto civil? ¿Qué pruebas necesita aportar para que la Fiscalía no archive? ¿Qué medidas de protección puede pedir? ¿Qué reparación económica es razonable esperar y cómo se calcula? ¿Conviene una conciliación o una salida negociada? La Corte Constitucional ha reconocido a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y su representante puede intervenir en el proceso, incluso pidiendo pruebas en la audiencia preparatoria.

Un concepto honesto para una víctima también le dice lo que no conviene: denunciar por un delito que no se puede probar, o usar el proceso penal para cobrar una deuda que se recupera mejor por la vía civil.

Formato

¿Cómo luce un concepto jurídico por dentro?

El formato cambia según el caso, pero un concepto bien hecho suele tener una extensión que el cliente pueda leer completa y una organización que le permita encontrar rápido lo que necesita. Este es el orden que usamos.

El lenguaje importa tanto como el contenido. Un concepto lleno de citas y términos técnicos que el cliente no entiende no cumple su función. Por eso explicamos cada figura en palabras sencillas y reservamos las citas para respaldar las conclusiones.

Casos frecuentes

¿Qué preguntas responde un concepto según el delito?

Cada delito tiene sus propias preguntas decisivas. Estas son algunas de las que más aparecen en los conceptos que elaboramos.

Violencia intrafamiliar

Si los hechos encajan en el delito o en una contravención, qué prueba existe más allá del relato de la víctima, si la víctima puede o no retractarse, qué medidas de protección hay vigentes y qué beneficios quedan disponibles, porque este delito está en la lista de exclusiones del artículo 68A del C. P.

Inasistencia alimentaria

Si existía capacidad económica para pagar, si hay justa causa, qué efecto tiene un acuerdo de pago o la reparación, y cómo se coordina el proceso penal con el proceso de familia y con el registro de deudores alimentarios.

Estafa y delitos patrimoniales

Si hubo un engaño previo o se trata de un incumplimiento contractual, cuál es la cuantía, si procede el procedimiento abreviado y qué exige un preacuerdo cuando hubo incremento patrimonial.

Delitos sexuales

Qué prueba técnica existe, cómo se valoran las entrevistas forenses, qué prohibiciones de beneficios y rebajas aplican cuando la víctima es menor de edad y qué riesgos tiene ir a juicio frente a cualquier otra salida.

Accidentes de tránsito

Quién violó el deber de cuidado según la reconstrucción del accidente, cómo influye la conducta de la víctima, si hubo embriaguez y qué efecto tiene la reparación de los perjuicios en la estrategia.

Delitos contra la administración pública

Si el procesado tenía la calidad de servidor público, cuál fue su función real en el contrato o en el trámite, qué dicen los informes de los órganos de control y cómo se relaciona el proceso penal con el fiscal y el disciplinario.

En todos los casos, el concepto termina en lo mismo: qué puede pasar, qué conviene hacer y qué hay que hacer ya.

Defensa material y técnica

¿Quién toma las decisiones en un caso penal: el cliente o el abogado?

Las dos partes, cada una en su ámbito. En el proceso penal existen dos formas de defensa que se complementan. La defensa material la ejerce la propia persona procesada, y la defensa técnica, el abogado, que conoce las normas, la prueba y las audiencias, y diseña y ejecuta la estrategia. El artículo 130 del CPP le da a la persona procesada las mismas atribuciones de la defensa que sean compatibles con su condición, y dispone que, si sus peticiones contradicen las de su abogado, prevalecen las de la defensa técnica.

Aun así, hay decisiones que la ley reserva a la persona. El artículo 131 del CPP dispone que, cuando el imputado renuncia a guardar silencio y al juicio oral, por ejemplo al aceptar cargos, el juez debe verificar que la decisión sea libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y asesorada por la defensa. El concepto jurídico es la forma más clara de cumplir esa exigencia de información: deja por escrito qué gana y qué arriesga la persona con cada opción.

La defensa técnica, a su vez, no se cumple con la sola presencia de un abogado. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP490-2016, anuló parcialmente un proceso porque el abogado, aunque actuó, lo hizo de forma manifiestamente errónea, sin las aptitudes para ejecutar la estrategia que él mismo planteó. Y en la sentencia SP3052-2015 explicó que la defensa puede ser pasiva por estrategia, pero que el abandono del caso no es una estrategia: es una ausencia de defensa que afecta por sí sola el proceso.

Por eso la relación entre cliente y abogado debe acordarse desde el inicio: qué decisiones se toman en conjunto, cuáles se delegan en el abogado y cómo se informa el avance del caso. El concepto ayuda a que esa relación funcione con claridad.

Secreto profesional

¿Lo que le cuento al abogado para el concepto es confidencial?

El artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, el Código Disciplinario del Abogado, impone en su numeral 9 el deber de guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de los servicios. El artículo 385 del CPP incluye la relación del abogado con su cliente entre los casos de excepción al deber de declarar. Eso significa que el abogado no puede ser obligado a revelar en un proceso lo que su cliente le confió.

La Corte Constitucional ha sido firme en este punto. En la sentencia C-411 de 1993 declaró inexequible una norma que permitía revelar el secreto profesional para evitar la consumación de un delito futuro, porque el secreto es inviolable. En la sentencia C-301 de 2012 examinó una regla del Código Disciplinario del Abogado sobre revelaciones para evitar un delito y la declaró exequible solo si la conducta encaja en una causal de exoneración por estado de necesidad, analizada caso a caso.

Para el concepto, la confidencialidad tiene una consecuencia práctica: el cliente debe contar toda la verdad, incluidos los hechos que le perjudican. Un concepto construido sobre una versión incompleta da recomendaciones equivocadas.

Deber de veracidad

¿Un concepto jurídico garantiza el resultado del caso?

No, y desconfíe de quien lo prometa. El numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 obliga al abogado a informar con veracidad a su cliente sobre las posibilidades de la gestión, sin crear falsas expectativas, y sobre la constante evolución del asunto. Un concepto honesto describe las fortalezas y las debilidades del caso, asigna probabilidades razonables a cada escenario y advierte los riesgos.

El resultado final depende de factores que ningún abogado controla: las pruebas que se practiquen, la valoración del juez, las decisiones de la Fiscalía y las de la otra parte. Lo que sí garantiza un buen concepto es que el cliente tome sus decisiones con la mejor información disponible en ese momento.

Nuestro servicio

¿Cómo elaboramos un concepto jurídico en Asesoría Penal 24/7?

El concepto se entrega por escrito y se explica en una reunión. Por lo general toma entre 1 y 8 días, según el volumen del expediente y la complejidad del problema.

1. Entrevista inicial

   Escuchamos al cliente, definimos la pregunta que debe responder el concepto y acordamos el alcance, el plazo y los honorarios.

2. Revisión de documentos

   Estudiamos el expediente, las actas de audiencia, los escritos de la Fiscalía, los documentos del cliente y las pruebas disponibles.

3. Investigación jurídica

   Revisamos las normas vigentes y la jurisprudencia más reciente aplicable al caso.

4. Redacción

   Escribimos el concepto en un lenguaje claro, con los hechos, el análisis, los escenarios, la recomendación y los próximos pasos.

5. Explicación oral

   Nos reunimos con el cliente para explicarle el documento, responder sus preguntas y acordar la estrategia.

Conceptos urgentes y actualizaciones

Algunas decisiones no dan tiempo. Si la audiencia es mañana, si el término de un recurso vence en pocos días o si la Fiscalía ofrece un preacuerdo con fecha límite, el concepto se prioriza y puede entregarse en una versión breve, centrada en la pregunta urgente, que luego se complementa. En esos casos la explicación oral pesa todavía más, porque permite resolver las dudas del cliente antes de la decisión.

Un concepto también puede necesitar actualización. Si aparecen pruebas nuevas, si cambia la imputación, si hay una reforma legal o una sentencia que cambie la situación del caso, las conclusiones deben revisarse. Cada concepto indica la fecha de su elaboración y la información con la que se hizo, para que el cliente sepa cuándo conviene pedir una revisión.

Las condiciones del concepto, su alcance y su oportunidad se acuerdan en el contrato de prestación de servicios. El cliente puede aceptarlas, pedir ajustes o no contratar. Una vez firmado, sabe con claridad qué recibirá y cuándo.

Antes de la reunión

¿Qué debe aportar el cliente para el concepto?

El concepto es tan bueno como la información con la que se elabora. Antes de la reunión conviene reunir lo siguiente.

• Un relato completo de los hechos, con fechas, lugares, personas involucradas y la versión del propio cliente, incluidos los puntos débiles.
• Las actuaciones del proceso, como citaciones, número de noticia criminal, actas de audiencia, escrito de acusación, sentencias.
• Los documentos relacionados, como contratos, mensajes, correos, extractos bancarios, historias clínicas o fotografías.
• Los datos de posibles testigos y lo que cada uno podría declarar.
• Los antecedentes, como condenas anteriores o procesos en curso, porque cambian los beneficios posibles.
• La pregunta que quiere resolver y la decisión que tiene que tomar.

Casos ilustrativos

¿Cómo ayuda un concepto jurídico en casos concretos?

Estos ejemplos son hipotéticos y sirven para mostrar el uso del concepto. No describen casos reales de clientes.

Una oferta de preacuerdo

Una persona acusada recibe una oferta de preacuerdo con una pena de cinco años. El concepto compara esa oferta con lo que podría pasar en el juicio, revisa la prueba de la Fiscalía y encuentra que la acusación depende de un testigo con contradicciones serias. También calcula que, con la pena ofrecida, la persona no tendría acceso a la suspensión condicional de la pena. Con esa información, el cliente decide si negocia otra oferta o va a juicio.

Un riesgo empresarial

Una empresa con dificultades de caja pregunta si puede aplazar el pago de las retenciones en la fuente. El concepto le explica que no consignar las retenciones dentro del plazo puede configurar el delito de omisión de agente retenedor, cuáles son sus penas y qué efecto tiene, según el parágrafo de ese artículo, pagar la totalidad de lo debido con sus intereses. Con eso, la empresa decide cómo priorizar sus pagos.

Una citación como indiciado

Un comerciante recibe una citación de la Fiscalía como indiciado por una denuncia de un exsocio. El concepto revisa la denuncia, los contratos y los extractos, y concluye que los hechos describen un desacuerdo sobre la liquidación de la sociedad, sin el engaño que exige la estafa. Recomienda no declarar de inmediato y presentar un escrito con los documentos que muestran la relación comercial, para pedir el archivo.

Una sentencia condenatoria

Después de una condena en segunda instancia, la familia de una persona quiere saber si conviene presentar casación. El concepto revisa la sentencia, identifica los errores con posibilidad real de prosperar y descarta los que la Corte suele rechazar, para que la decisión se tome con una expectativa realista.

Lo que conviene evitar

¿Qué errores le quitan valor a un concepto jurídico?

• Pedirlo después de tomar la decisión. Un concepto sobre un preacuerdo ya aceptado sirve de poco.
• Ocultar información al abogado. Las conclusiones dependen de los hechos que el cliente informa.
• Usar un concepto viejo para una situación nueva. Las normas, la jurisprudencia y el proceso cambian.
• Buscar solo la respuesta que se quiere oír. El valor del concepto está en su honestidad, no en su optimismo.
• No hacer las preguntas en la reunión. La explicación oral existe para que el cliente entienda el documento.
• Confundir el concepto con la representación. El concepto analiza y recomienda; las actuaciones en el proceso requieren un mandato de representación.

Resultados documentados

Casos de éxito de la firma

Detrás de cada resultado hay un estudio previo del caso y una estrategia definida con el cliente. Publicamos una selección de resultados documentados y anonimizados de la firma en distintas materias penales.

En nuestra página web se encuentran los casos de éxito, y en Instagram compartimos más resultados y experiencias de la firma, siempre con reserva de los datos de nuestros clientes.

Cada resultado depende de los hechos, las pruebas y la decisión de las autoridades en ese caso. Un resultado anterior no garantiza otro igual.

Normas aplicables

Marco normativo del concepto jurídico y la defensa

Estas son las normas que regulan los deberes del abogado, el secreto profesional y las decisiones de la defensa en el proceso penal. Cada artículo enlaza a su texto.

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

Código Penal (Ley 599 de 2000)

Otras leyes

Fundamento superior

¿Qué dice la Constitución sobre la defensa y el secreto profesional?

La Constitución Política de 1991 garantiza la defensa técnica y protege la confidencialidad entre el abogado y su cliente.

Constitución Política de 1991

Precedentes

Jurisprudencia sobre defensa técnica y secreto profesional

Honorarios y alcance

¿Cuánto cuesta un concepto jurídico penal?

El valor depende del volumen del expediente, del número de problemas jurídicos que deben resolverse, de la urgencia y de si el concepto incluye la revisión de pruebas técnicas. Se cotiza después de una primera revisión y se pacta por escrito. Estas son referencias generales de la guía de honorarios de Asesoría Penal 24/7, no precios cerrados.

Equipo jurídico

¿Quién estudia su caso?

En Asesoría Penal 24/7 cada concepto lo elabora un abogado penalista que estudia el expediente, investiga las normas y la jurisprudencia vigentes y explica personalmente sus conclusiones al cliente.

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Atención jurídica

Conceptos jurídicos penales en Bogotá y en toda Colombia

Contenido informativo sobre el concepto jurídico en materia penal en Colombia, con base en el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, la Ley 1123 de 2007 y la jurisprudencia citada. No sustituye la asesoría sobre un caso concreto.