Realizamos conceptos jurídicos de forma escrita, a través de los cuales le comunicamos al cliente la realidad legal de su caso y la mejor estrategia para el cumplimiento de los objetivos más favorables. La gran ventaja de este servicio radica en que, le permite al cliente fijar en un documento toda la información de la asesoría recibida, mediante una redacción clara y de fácil comprensión. Aunado lo anterior, el concepto se constituye como una poderosa herramienta que permite adelantar exitosamente las gestiones profesionales y obtener resultados favorables en cada caso.
Así, el concepto se recomienda en aquellos casos de mediana o alta complejidad, y se convierte en una hoja de ruta para desarrollar la estrategia de defensa planteada. De igual forma, se aconseja utilizarlo de manera anticipada o preventiva para que tenga un mayor potencial de actuar en favor de nuestros clientes. Generalmente, se requiere este servicio en el análisis de expedientes.
El concepto es un servicio legal que tiene una gran importancia dentro de la actividad del litigio, y repercute de forma trascendental en el desarrollo de cada gestión profesional que adelanta el despacho, dado que permite determinar con precisión el problema jurídico, los objetivos más beneficiosos para el cliente, y la mejor estrategia procesal y sustancial. En ese sentido, el estudio jurídico que se realiza a través de esta figura contiene un análisis amplio de los hechos jurídicamente relevantes y los argumentos de derecho.
El aspecto más importante en la elaboración del concepto que hace la firma de abogados, hace relación al ámbito temporal, puesto que las investigaciones jurídicas que integran el estudio deben ser actuales y tener en cuenta los criterios constitucionales, convencionales, legales, jurisprudenciales y doctrinales más recientes, específicos y relevantes sobre cada materia.
Seguidamente, otro punto fundamental para emitir y utilizar adecuadamente el concepto corresponde a la comunicación entre el cliente y el despacho del bufete de abogados. De esta forma, el cliente debe informar los hechos, las evidencias y actuaciones procesales que conozca, para elaborar un estudio jurídico integral con la debida diligencia profesional. Igualmente, cuando el concepto se le comunica al cliente, este puede o debe en algunos casos decidir la estrategia profesional que seguirá su apoderado contractual.
En otras palabras, el cliente ejerce claramente la dirección de la defensa material en cada caso, y puede acordar libremente con la firma de abogados que las decisiones sobre la defensa se tomen de manera conjunta o se deleguen exclusivamente a la defensa técnica ejercida por los abogados, siguiendo la debida diligencia del ejercicio profesional del derecho por supuesto.
Todo concepto en el área del derecho debe contar de manera general con dos elementos, que son los hechos jurídicamente relevantes y los argumentos jurídicos, sin embargo, el ejercicio profesional especializado en la consultoría y litigio trasciende las metodológicas académicas, y requiere conceptos completos, concretos, oportunos, pragmáticos y útiles para resolver problemas jurídicos de alta complejidad.
En el escenario académico las investigaciones se enfocan o se centran frecuentemente en el mundo deontológico (deber ser), lo cual es muy provechoso para edificar una doctrina legal, no obstante, en el mundo del litigio legal los conceptos deben basarse principalmente en el mundo ontológico (ser-realidad). Así las cosas, los abogados penalistas del despacho deben realizar análisis y juicios de ponderación en el caso expuesto por el cliente, estableciendo principalmente el contexto, los objetivos más favorables y las estrategias que tienen mayor probabilidad de éxito.
De acuerdo con lo anterior, la firma de abogados tiene un compromiso de defender no solamente los derechos y garantías fundamentales de sus clientes, sino también sus intereses mediante estrategias y metodologías autorizadas por la ley. De esta manera, las recomendaciones profesionales se erigen como un acápite esencial dentro de cada concepto legal.
Ahora bien, el aspecto probatorio también es un punto de estudio fundamental para emitir un análisis jurídico exitoso, y se encuentra normalmente dentro de los argumentos de derecho, empero, en otras ocasiones puede ocupar un acápite de forma exclusiva. Vale la pena resaltar que, la suficiencia y solidez de la argumentación jurídica depende directamente de la existencia de pruebas conducentes, pertinentes y útiles, exentas de vicios de ilicitud o ilegalidad.
Por último, existen conceptos jurídicos dentro del ejercicio profesional que no se relacionan directamente con la actividad de litigio, sino con diversos temas de consultoría y múltiples finalidades. Así, las personas naturales y jurídicas (nacionales y extranjeras) requieren con regularidad información sobre la realidad legal de algún tema para adoptar decisiones corporativas, personales, familiares, etc.
Si el cliente requiere asesoría sobre riesgos penales no siempre es necesario un concepto, pues en ocasiones el servicio de consulta resulta suficiente. Dicho esto, el abogado que asigne el despacho para prestar la consultoría debe ser quien determine la tipología inicial del servicio. Luego, el concepto en derecho penal se requiere de forma indispensable en cada fase de la actuación procesal, es decir, tanto en la indagación preliminar en Fiscalía como en el proceso judicial.
Teniendo en cuenta lo anterior, la fase de indagación preliminar en Fiscalía por lo general demanda la emisión de un solo concepto, que requiere para su preparación los hechos reportados en la noticia criminal, mientras que los procesos judiciales de índole penal necesitan varias conceptualizaciones, prácticamente una en cada etapa. Por ejemplo, el proceso penal ordinario contemplado en el C.P.P. (Ley 906 de 2004) requiere un estudio concreto en la fase de audiencias preliminares, audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Incluso, la interposición y sustentación del recurso de apelación del fallo de primera instancia, y la interposición y sustentación de los recursos extraordinarios, deben ser sometidos al análisis mediante concepto.
De igual forma, todo lo relacionado con los sustitutos penales requiere la elaboración de conceptualizaciones para determinar la viabilidad de sus otorgamientos y el trámite de la solicitud.
Finalmente, resulta necesario señalar que, el despacho de abogados de acuerdo con su experticia debe determinar el momento contractual y procesal oportuno para la emisión de sus conceptos. El cotizante en la fase preliminar de la negociación del contrato de prestación de servicios legales puede optar por aceptar, modificar o rechazar las condiciones. Posteriormente, si acepta el clausulado, el cliente sabrá con claridad todas las condiciones profesionales de la emisión de conceptos legales en su caso particular.
Abogada de la Universidad Sergio Arboleda con énfasis en protección de derechos humanos y reparación de víctimas. Especialista en derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como funcionaria judicial en el ámbito penal. De igual forma, se desempeña como docente de procedimiento penal en su alma mater.
Abogada bilingüe de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Social, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia. Así, ha participado en el trabajo de campo de la investigación ‘’Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género” que se adelantó en este claustro y ha escrito artículos jurídicos para Lexir Colombia e Idealex.press. Asimismo, cuenta con una trayectoria laboral en empresas privadas y entidades públicas, tales como, el INPEC, ICBF, Secretaría Distrital de Gobierno y prestigiosas firmas de Bogotá, donde desarrolló amplias competencias en derecho procesal penal. Además, cuenta con gran capacitación en materia de conciliación extrajudicial certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas del mismo claustro y Magister en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad de los Andes. Así, ha adelantado la asesoría y representación en alrededor de 2000 casos penales como apoderado contractual, atendiendo personas naturales, y jurídicas nacionales y extranjeras con intereses en investigaciones y procesos judiciales en el área penal en Bogotá y todo Colombia.