Acompañamiento jurídico
¿Qué incluye la asesoría legal para pymes?
Respuesta corta
La asesoría legal para pymes es el análisis y la atención de los asuntos jurídicos del funcionamiento de una empresa: su organización societaria, sus contratos, sus trabajadores, sus clientes, sus datos y su relación con las autoridades. Puede prestarse para resolver una necesidad específica o como acompañamiento periódico, y su alcance depende de la actividad, el tamaño y los riesgos de cada organización.
En una pyme, el gerente suele ser también el responsable de compras, de personal y de cumplimiento. Así, los errores jurídicos se cometen por falta de tiempo más que por mala fe: un contrato firmado sin revisar, una liquidación laboral mal calculada o una política de datos que nunca se adoptó. La asesoría legal busca que esas decisiones se tomen con información y a tiempo.
Gestiones jurídicas habituales
- Revisión y elaboración de contratos.
- Asesoría en relaciones entre socios.
- Orientación en contratación laboral.
- Atención de controversias comerciales.
- Revisión de obligaciones empresariales.
- Identificación de riesgos jurídicos.
- Acompañamiento ante requerimientos de autoridades.
Lo que gana la empresa
- Contratos que protegen el flujo de caja.
- Menos demandas laborales y reclamaciones.
- Cumplimiento de obligaciones que generan multas.
- Socios con reglas claras para decidir.
- Un plan de acción cuando surge un conflicto.
- Respaldo frente a riesgos penales y de cumplimiento.
Clasificación
¿Qué es una pyme en Colombia?
Las micro, pequeñas y medianas empresas se rigen por la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, conocidas como leyes Mipyme. Desde 2019, conforme al Decreto 1074 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), la clasificación se hace según los ingresos por actividades ordinarias anuales y el sector económico (manufactura, servicios o comercio), medidos en unidades de valor tributario.
La categoría de la empresa tiene consecuencias prácticas: de ella dependen el acceso a programas de apoyo y financiación, algunos beneficios tributarios y ciertas obligaciones, como la implementación de sistemas de autocontrol del riesgo cuando se superan los umbrales que fija la Superintendencia de Sociedades. La forma jurídica más usada es la sociedad por acciones simplificada (SAS), aunque también hay pymes constituidas como sociedades limitadas, anónimas o como personas naturales comerciantes.
Áreas de práctica
Servicios de asesoría jurídica para pequeñas y medianas empresas
El acompañamiento debe responder a los problemas concretos de cada empresa, considerando su actividad, su estructura y sus obligaciones legales.
01
Derecho societario y gobierno corporativo
Constitución y reformas, estatutos, acuerdos de accionistas, actas y conflictos entre socios.
Adjunte estatutos y actas, si los tiene.
02
Contratación comercial y cartera
Contratos con clientes y proveedores, reclamaciones por incumplimiento y cobro prejurídico y judicial.
Adjunte el contrato, facturas o pagarés.
03
Derecho laboral y seguridad social
Contratos, reglamentos, procesos disciplinarios, terminaciones y reclamaciones laborales.
Adjunte el contrato y la comunicación recibida.
04
Asuntos tributarios y administrativos
Requerimientos, procedimientos administrativos, recursos y contingencias tributarias.
Adjunte el requerimiento e indique su plazo.
05
Datos personales y negocios digitales
Políticas de tratamiento, autorizaciones, avisos de privacidad y comercio electrónico.
Adjunte su política o aviso actual.
06
Prevención de riesgos y cumplimiento
Diagnóstico jurídico preventivo, procedimientos internos, SAGRILAFT, PTEE y riesgo penal.
Le enviamos una propuesta escrita.
Derecho societario
Sociedades, socios y gobierno corporativo
La mayoría de las pymes colombianas son sociedades por acciones simplificadas. La Ley 1258 de 2008 permite constituirlas por documento privado inscrito en el registro mercantil, limita la responsabilidad de los accionistas al monto de sus aportes y da gran libertad para diseñar los estatutos. Esa flexibilidad es una ventaja, pero también un riesgo: unos estatutos genéricos dejan sin respuesta las preguntas que más conflictos generan.
- Acuerdos de accionistas
- Pueden regular la compra y venta de acciones, el voto y la administración por un término de hasta diez años, y son oponibles a la sociedad si se depositan en ella (artículo 24 de la Ley 1258 de 2008).
- Conflictos entre socios
- Desacuerdos sobre administración, aportes, utilidades o salida de un socio. Muchos pueden resolverse con la Superintendencia de Sociedades, que tiene funciones jurisdiccionales en asuntos societarios.
- Abuso de la sociedad
- Si la sociedad se usa para defraudar a terceros, los socios y administradores pueden responder personalmente (desestimación de la personalidad jurídica, artículo 42 de la Ley 1258 de 2008).
- Deberes de los administradores
- Deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, y responden por los perjuicios que causen por dolo o culpa (Ley 222 de 1995).
- Obligaciones periódicas
- Renovar la matrícula mercantil en los tres primeros meses de cada año, llevar libros y actas, y celebrar la asamblea ordinaria.
Contratación comercial
¿Qué debe incluir un contrato con clientes, proveedores y aliados?
En el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) rige el principio de autonomía de la voluntad: las partes pueden pactar casi todo, pero lo que no pacten lo definirá la ley o un juez. Un buen contrato comercial no es el más largo, sino el que anticipa los riesgos reales del negocio.
Precio y pago
Valor, forma, plazo, intereses de mora y el título con el que se cobrará.
Pactar pagos sin un documento que preste mérito ejecutivo.
Obligaciones y entregas
Qué se entrega, cuándo, con qué calidad y cómo se recibe.
Descripciones vagas que impiden probar el incumplimiento.
Garantías
Pólizas, pagarés en blanco con carta de instrucciones, prendas o fiadores.
Firmar sin respaldo frente a un cliente nuevo.
Incumplimiento y terminación
Cláusula penal, causales de terminación anticipada y preavisos.
Terminar unilateralmente sin causa pactada.
Solución de conflictos
Negociación previa, conciliación, arbitraje o juez competente.
Pactar un arbitraje costoso para contratos pequeños.
Confidencialidad y datos
Información reservada, propiedad intelectual y tratamiento de datos.
Compartir bases de datos sin contrato de transmisión.
Cobro
¿Cómo recuperar la cartera y cobrar las facturas?
La cartera vencida es uno de los problemas más frecuentes de las pymes. La estrategia de cobro depende del documento que tenga la empresa: no es lo mismo cobrar un pagaré que una factura no aceptada o un servicio sin soporte escrito.
- Cobro prejurídico
- Comunicaciones formales, acuerdos de pago y reporte a centrales de riesgo con los requisitos de la ley. Muchas deudas se recuperan aquí.
- Factura electrónica como título valor
- La factura aceptada, expresa o tácitamente, presta mérito ejecutivo. La aceptación tácita ocurre si el comprador no reclama dentro de los plazos legales tras recibirla (Ley 1231 de 2008, que modificó el Código de Comercio).
- Proceso ejecutivo
- Con un título que contenga una obligación clara, expresa y exigible, se puede demandar y pedir el embargo de bienes desde el inicio (artículo 422 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012).
- Proceso monitorio
- Para deudas de dinero de mínima cuantía sin título ejecutivo, como un servicio prestado sin factura aceptada (artículo 419 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012).
- Plazos
- La acción cambiaria directa de un pagaré o letra prescribe en tres años desde el vencimiento (artículo 789 del Código de Comercio, Decreto 410 de 1971). Dejar pasar el tiempo es la forma más común de perder la cartera.
Derecho laboral
Relaciones laborales y seguridad social
Las relaciones laborales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y sus reformas. Para una pyme, una demanda laboral puede representar varios años de salarios, prestaciones, indemnizaciones y sanciones moratorias, por eso la prevención es la mejor inversión.
Contratación
El tipo de contrato, el periodo de prueba por escrito y el salario frente al mínimo y la jornada.
Contratos de prestación de servicios que en realidad son laborales.
Seguridad social
Afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación desde el primer día.
Responsabilidad directa del empleador por accidentes o enfermedades.
SG-SST
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo exigido por el Decreto 1072 de 2015.
Multas y responsabilidad por accidentes de trabajo.
Disciplina
Reglamento interno y un procedimiento disciplinario con derecho de defensa (artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo).
Sanciones y despidos declarados ilegales.
Terminación
Justa causa (artículo 62), indemnización sin justa causa (artículo 64), liquidación y paz y salvo.
Indemnizaciones moratorias por liquidaciones incompletas.
Estabilidad reforzada
Trabajadoras embarazadas o en lactancia, personas con afectaciones de salud y aforados sindicales.
Reintegro y pago de salarios dejados de percibir.
Si la empresa recibe una demanda laboral, debe revisar de inmediato la notificación, identificar los plazos, conservar los documentos (contratos, nóminas, planillas de seguridad social, comunicaciones) y preparar la contestación con un abogado. Cuando procede, la conciliación ante el Ministerio del Trabajo puede cerrar el conflicto con un acuerdo.
Actualización normativa
Reforma laboral de 2025 y jornada de 42 horas: qué cambia para las pymes
Respuesta corta
La Ley 2466 de 2025, sancionada el 25 de junio de 2025, estableció el contrato a término indefinido como regla general, adelantó la jornada nocturna a las 7:00 p. m., aumenta de forma gradual el recargo dominical y festivo del 75 % al 100 % hasta 2027 y convirtió el contrato de aprendizaje en un contrato laboral. A eso se suma la jornada máxima de 42 horas semanales que rige desde el 15 de julio de 2026 por la Ley 2101 de 2021.
Contratos
El indefinido es la regla; el fijo tiene un tope de cuatro años y el de obra o labor debe constar por escrito y definir la actividad.
Revisar sus modelos de contrato y las renovaciones de los contratos a término fijo.
Jornada y recargos
Jornada nocturna de 7:00 p. m. a 6:00 a. m., horas extra limitadas a dos diarias y doce semanales, y recargo dominical y festivo creciente.
Recalcular nómina, turnos y costos laborales por cada año de transición.
Aprendices del SENA
El contrato de aprendizaje pasa a ser laboral, con un pago del 75 % del salario mínimo en la etapa lectiva y del 100 % en la práctica.
Verificar la cuota de aprendices y su costo.
Disciplina y acoso
Se refuerzan las garantías en los procesos disciplinarios y las medidas contra la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo.
Actualizar el reglamento interno y los protocolos.
Como varias medidas entran en vigor de forma escalonada, conviene revisar cada año los costos de nómina y los contratos. Una auditoría laboral preventiva permite ajustar la operación antes de que surja una reclamación.
Protección de datos personales
¿Qué exige la protección de datos personales a una pyme?
Toda empresa que recolecta datos de clientes, trabajadores o proveedores debe cumplir la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación, compilada en el Decreto 1074 de 2015. La Superintendencia de Industria y Comercio vigila su cumplimiento y puede imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales (artículo 23 de la Ley 1581 de 2012).
- Política de tratamiento
- Un documento que explique qué datos se recogen, para qué, cómo se protegen y cómo ejercer los derechos.
- Autorización previa
- El titular debe autorizar el tratamiento de forma previa, expresa e informada, salvo excepciones legales.
- Aviso de privacidad
- Debe informarse al titular cuando no puede ponerse a su disposición la política completa.
- Registro Nacional de Bases de Datos
- Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales superiores a 100.000 UVT deben registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Encargados y transmisiones
- Si un proveedor maneja los datos (por ejemplo, la nómina o el software de ventas), debe firmarse un contrato de transmisión.
Clientes
Estatuto del Consumidor y comercio electrónico
Si la pyme vende bienes o servicios a consumidores finales, le aplica el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). Sus obligaciones más relevantes son la garantía legal de calidad, idoneidad y seguridad, la información clara sobre precios y condiciones, y, en las ventas a distancia o por internet, el derecho de retracto del consumidor dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega (artículo 47 de la Ley 1480 de 2011).
Las reclamaciones de los consumidores pueden terminar en una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que ejerce funciones jurisdiccionales en esta materia. Unas condiciones de venta claras, una política de garantías y un procedimiento de atención de quejas reducen ese riesgo de forma notable.
Autoridades
Requerimientos de autoridades y asuntos tributarios
Una pyme puede recibir requerimientos de la DIAN, de las secretarías de hacienda, del Ministerio del Trabajo, de la UGPP, de las superintendencias o de las autoridades ambientales y sanitarias. La forma de responder importa tanto como el contenido: una respuesta fuera de plazo o sin soportes puede convertir una simple solicitud de información en una sanción.
Lea el requerimiento con cuidado
Identifique la autoridad, el plazo, lo que se pide y las consecuencias de no responder.
Reúna los soportes
Contabilidad, contratos, nóminas, planillas de seguridad social o los documentos que correspondan.
Responda dentro del término
Con una respuesta técnica y documentada, preparada con el abogado y el contador.
Recurra si procede
Contra los actos administrativos proceden los recursos de reposición y apelación, por regla general dentro de los diez días siguientes a la notificación (artículo 76 de la Ley 1437 de 2011).
Evalúe la vía judicial
Si la decisión se mantiene, puede demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Los procedimientos administrativos se rigen por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), salvo las reglas especiales, como las del procedimiento tributario.
Compliance
Cumplimiento: SAGRILAFT, PTEE y prevención del soborno
Según su tamaño, sector e ingresos, una pyme puede estar obligada a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) o el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) que exige la Superintendencia de Sociedades. Aunque no esté obligada, adoptarlos de forma proporcional protege a la empresa y a sus directivos.
- Conocimiento de clientes y proveedores
- Verificar la identidad y el origen de los recursos de quienes contratan con la empresa, y consultar listas restrictivas.
- Soborno transnacional
- La Ley 1778 de 2016 permite sancionar administrativamente a las personas jurídicas cuyos empleados o contratistas sobornen a servidores públicos extranjeros.
- Responsabilidad de las personas jurídicas
- La Ley 2195 de 2022 amplió las medidas de transparencia y la responsabilidad administrativa de las empresas que se benefician de ciertos delitos.
- Canales de denuncia
- Un canal para reportar irregularidades y un procedimiento para investigarlas.
Nuestra fortaleza
Riesgo penal empresarial: cuando un problema de la empresa se vuelve penal
Asesoría Penal 24/7 es una firma con especialidad penal, y esa experiencia es una ventaja para las empresas: muchos conflictos comerciales, societarios o laborales tienen una dimensión penal que conviene detectar a tiempo, tanto para proteger a la empresa como víctima como para evitar que sus directivos resulten investigados.
La empresa como víctima
Estafas de clientes o proveedores, abuso de confianza de empleados, hurtos internos, falsedad de documentos y ataques informáticos.
Denuncia, representación de la empresa como víctima y medidas para recuperar los bienes.
Riesgo para los directivos
Omisión del agente retenedor o recaudador (artículo 402 del Código Penal, Ley 599 de 2000), administración desleal (artículo 250B), lavado de activos o contratación con el Estado.
Diagnóstico preventivo, investigaciones internas y defensa técnica.
Relaciones laborales
Acoso, accidentes graves de trabajo o retención indebida de aportes.
Protocolos, atención temprana y coordinación con la defensa laboral.
Crisis empresarial
¿Qué hacer ante dificultades financieras o insolvencia?
Cuando la empresa no puede pagar sus obligaciones a tiempo, existen alternativas legales antes del cierre. El régimen de insolvencia empresarial de la Ley 1116 de 2006 permite a las empresas en cesación de pagos, o en incapacidad de pago inminente, solicitar a la Superintendencia de Sociedades un proceso de reorganización para negociar con todos sus acreedores y conservar la empresa como unidad productiva.
Durante la reorganización se suspenden los procesos de cobro en curso y se negocia un acuerdo de pago. Si no es viable, la ley prevé la liquidación ordenada. En ambos casos, los administradores deben actuar con transparencia: ocultar bienes o favorecer a unos acreedores sobre otros puede generar responsabilidad personal y, en casos graves, penal.
Situaciones empresariales
¿Cuándo necesita una pyme asesoría jurídica?
No es necesario esperar una demanda o un requerimiento oficial para consultar a un abogado. La intervención oportuna facilita resolver dificultades y prevenir nuevas controversias.
Socios
Conflictos entre socios
Desacuerdos sobre administración, aportes, utilidades o cumplimiento de acuerdos societarios.
Contratos
Incumplimientos contractuales
Retrasos, obligaciones incumplidas, controversias con proveedores o dificultades para exigir el cumplimiento.
Trabajadores
Reclamaciones laborales
Diferencias sobre salarios, prestaciones, condiciones de trabajo o terminación de contratos.
Cobro
Cartera vencida
Obligaciones pendientes de clientes que requieren evaluar mecanismos jurídicos de recuperación.
Autoridades
Requerimientos oficiales
Solicitudes de información, actuaciones administrativas u observaciones sobre la actividad empresarial.
Crecimiento
Expansión y reorganización
Incorporación de socios, nuevas líneas de negocio, ventas de la empresa o reorganización.
Gestión preventiva
Asesoría legal preventiva para reducir contingencias
La prevención jurídica consiste en identificar situaciones que pueden generar conflictos, sanciones, pérdidas económicas o dificultades operativas, y adoptar medidas proporcionadas para gestionarlas. Una revisión puede detectar inconsistencias contractuales, obligaciones pendientes, deficiencias documentales o procedimientos que necesitan actualización.
Aspectos que pueden revisarse
- Contratos con trabajadores y proveedores.
- Estatutos y documentos societarios.
- Políticas de protección de datos.
- Obligaciones laborales y administrativas.
- Procedimientos de contratación comercial.
- Gestión documental y reclamaciones.
Resultado del diagnóstico
- Mapa de riesgos priorizados por impacto.
- Modelos de contrato y documentos actualizados.
- Plan de acción con responsables y fechas.
- Recomendaciones de cumplimiento laboral y de datos.
- Alertas de riesgo penal para directivos.
- Seguimiento periódico si la empresa lo requiere.
La asesoría preventiva no elimina todos los riesgos ni garantiza la ausencia de controversias. Su finalidad es facilitar decisiones informadas y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones.
Metodología de atención
¿Cómo se desarrolla una asesoría jurídica empresarial?
Consulta inicial
Identificamos la necesidad de la empresa, los antecedentes y el alcance de la consulta.
Revisión jurídica
Analizamos documentos, obligaciones, riesgos y alternativas legales aplicables.
Plan de actuación
Definimos recomendaciones, prioridades, gestiones y responsables.
Ejecución y seguimiento
Desarrollamos las actuaciones contratadas y hacemos seguimiento a los asuntos que lo requieran.
Modalidades de atención
Asesoría jurídica puntual o acompañamiento continuo
No todas las empresas requieren la misma modalidad de atención. La elección depende de la frecuencia de consultas, la complejidad contractual, el número de trabajadores y la exposición a contingencias legales.
Puntual
Consulta específica
Análisis de una situación jurídica delimitada y orientación sobre las alternativas de actuación.
Por asunto
Gestión por asunto
Una actuación determinada, como revisar un contrato, atender una reclamación o adelantar un cobro.
Periódica
Acompañamiento continuo
Atención de consultas recurrentes y seguimiento de asuntos jurídicos previamente definidos, con una tarifa mensual.
La disponibilidad y el alcance de cada modalidad se confirman directamente con la firma en una propuesta escrita.
Marco jurídico colombiano
Normas relevantes para la asesoría legal de pymes
Las obligaciones jurídicas de una empresa dependen de su naturaleza, actividad y circunstancias. Estas son las principales normas que pueden aplicar:
Código de Comercio (Decreto 410 de 1971)
Actividad mercantil, sociedades comerciales, contratos y obligaciones de los comerciantes.
Ley 1258 de 2008
Régimen de las sociedades por acciones simplificadas (SAS).
Ley 222 de 1995
Régimen de sociedades y deberes de los administradores.
Código Sustantivo del Trabajo
Contratos de trabajo, derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores.
Ley 2101 de 2021
Reducción gradual de la jornada laboral a 42 horas semanales.
Ley 2466 de 2025
Reforma laboral: contratación, jornada, recargos y aprendices.
Ley 1581 de 2012
Protección de datos personales.
Ley 1480 de 2011
Estatuto del Consumidor.
Ley 1437 de 2011
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1564 de 2012
Código General del Proceso: procesos ejecutivos, monitorios y declarativos.
Ley 1231 de 2008
Factura como título valor.
Ley 1116 de 2006
Régimen de insolvencia empresarial.
Ley 590 de 2000
Promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ley 905 de 2004
Modificación de la ley Mipyme.
Decreto 1074 de 2015
Reglamento del sector comercio: clasificación de empresas y protección de datos.
Decreto 1072 de 2015
Reglamento del sector trabajo: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Código Penal (Ley 599 de 2000)
Delitos que pueden afectar a la empresa o a sus directivos, como la administración desleal y la omisión del agente retenedor.
Ley 1778 de 2016
Responsabilidad de personas jurídicas por soborno transnacional.
Ley 2195 de 2022
Transparencia y responsabilidad de personas jurídicas.
Ley 2220 de 2022
Estatuto de conciliación.
Nota jurídica. Las normas citadas deben examinarse considerando sus modificaciones, reglamentaciones, jurisprudencia aplicable y vigencia. La información es general y no sustituye una valoración jurídica individual.
Honorarios
¿Cuánto cuesta la asesoría legal para una pyme?
Los honorarios dependen del alcance del servicio, la complejidad del asunto, las actuaciones requeridas y la modalidad de acompañamiento. Siempre entregamos una propuesta escrita con el valor, lo que incluye y la forma de pago.
Consulta inicial
0,5 SMLMV
Referencia para 2026: $875.453. Diagnóstico de la situación y orientación sobre alternativas.
Gestión por asunto
Según el caso
Revisión de un contrato, una respuesta a un requerimiento o un cobro, cotizados por actuación.
Acompañamiento mensual
Tarifa fija
Paquete de horas o consultas al mes, ajustado al tamaño y necesidades de la empresa.
Litigio
Por etapas
Demandas y defensas judiciales, con valores por etapa procesal acordados por escrito.
Información útil
Preguntas frecuentes sobre asesoría legal para pymes
Servicios
¿Qué es la asesoría legal para pymes?
Es un servicio de orientación y acompañamiento jurídico dirigido a pequeñas y medianas empresas.
Puede comprender contratos, asuntos societarios, relaciones laborales, datos personales, cobro de cartera, requerimientos de autoridades, cumplimiento y prevención de riesgos penales. Se presta por consultas puntuales, por asunto o como acompañamiento periódico.
¿Cuándo debería una empresa contratar un abogado?
Conviene consultar antes de firmar contratos relevantes, incorporar o retirar socios, contratar o despedir trabajadores, responder reclamaciones o requerimientos, o tomar decisiones con consecuencias jurídicas importantes.
Consultar a tiempo suele ser mucho más económico que resolver el conflicto después. También es recomendable una revisión preventiva anual.
¿Una pyme necesita asesoría jurídica permanente?
No necesariamente. La conveniencia de un servicio periódico depende de la complejidad de las operaciones, la frecuencia de las consultas, el número de trabajadores y los riesgos que enfrenta la organización.
Muchas pymes empiezan con un diagnóstico y luego deciden si contratan un acompañamiento mensual.
¿Qué documentos se revisan en una asesoría empresarial?
Según el asunto, contratos, estatutos, actas de asamblea, acuerdos de accionistas, comunicaciones, reglamento interno de trabajo, políticas de datos, documentos laborales, facturas y requerimientos de autoridades.
La revisión permite identificar riesgos concretos y priorizar las acciones.
¿Un abogado puede ayudar a resolver conflictos entre socios?
Sí. Puede analizar los estatutos, los acuerdos de accionistas, las decisiones societarias y las circunstancias del conflicto para proponer una negociación o identificar las acciones procedentes, incluidas las que se tramitan ante la Superintendencia de Sociedades.
Unos estatutos bien diseñados previenen la mayoría de estos conflictos.
¿La asesoría legal incluye recuperación de cartera?
Puede incluirla: análisis de las obligaciones pendientes, revisión de los títulos, requerimientos de pago, acuerdos y, si es necesario, procesos ejecutivos o monitorios.
La estrategia depende del documento que respalde la deuda y del tiempo transcurrido, porque la acción cambiaria de un pagaré o letra prescribe en tres años desde el vencimiento.
¿Cuánto cuesta la asesoría legal para una pyme?
Depende del alcance del servicio, la complejidad del asunto, las actuaciones requeridas y la modalidad de acompañamiento.
Como referencia, la consulta inicial de la firma es de 0,5 SMLMV, y los acompañamientos mensuales se cotizan con una tarifa fija según el tamaño de la empresa. Siempre se entrega una propuesta escrita con condiciones claras.
Laboral, cumplimiento y riesgos
¿Qué puede hacer una empresa ante una demanda laboral?
Debe revisar de inmediato la notificación, identificar los plazos para contestar, conservar los documentos relacionados, como contratos, nóminas y planillas de seguridad social, y buscar asesoría para preparar la defensa.
En algunos casos conviene explorar una conciliación. Contestar tarde o sin pruebas puede llevar a una condena que habría podido evitarse.
¿Qué cambió con la reforma laboral de 2025?
La Ley 2466 de 2025 estableció el contrato a término indefinido como regla, adelantó la jornada nocturna a las 7:00 p. m., limita las horas extra, aumenta de forma gradual el recargo dominical y festivo hasta el 100 % en 2027 y convirtió el contrato de aprendizaje en laboral.
Además, desde el 15 de julio de 2026 la jornada máxima es de 42 horas semanales por la Ley 2101 de 2021. Las pymes deben revisar sus contratos y su nómina.
¿Mi empresa debe tener política de tratamiento de datos?
Sí, si recolecta y usa datos personales de clientes, trabajadores o proveedores, lo que ocurre en casi todas las empresas.
La Ley 1581 de 2012 exige política de tratamiento, autorizaciones y procedimientos para atender consultas y reclamos, y la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos. Si la sociedad supera ciertos activos, también debe registrar sus bases de datos.
¿La asesoría jurídica puede prevenir sanciones?
Puede ayudar a identificar obligaciones incumplidas y recomendar medidas correctivas antes de que una autoridad las detecte.
Sin embargo, ninguna asesoría garantiza la ausencia de sanciones o controversias. Lo que sí hace es reducir el riesgo y preparar a la empresa para responder bien si se presentan.
¿Por qué una firma con especialidad penal asesora empresas?
Porque muchos problemas empresariales tienen una dimensión penal: estafas de clientes, abuso de confianza de empleados, retención indebida de impuestos o riesgos de lavado de activos.
Detectarlos a tiempo protege a la empresa como víctima y evita que sus directivos terminen investigados. Esa mirada de conjunto es una de nuestras ventajas.
¿Qué diferencia existe entre asesoría preventiva y defensa judicial?
La asesoría preventiva identifica y gestiona los riesgos antes de que se conviertan en conflictos. La defensa judicial comprende la representación y la defensa dentro de procesos ante jueces o autoridades.
Una buena asesoría preventiva reduce la necesidad de litigar y, si el litigio llega, deja a la empresa mejor preparada.
¿Qué puede hacer una pyme si no puede pagar sus deudas?
Antes de cerrar, puede evaluar un acuerdo con sus acreedores o solicitar un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, conforme a la Ley 1116 de 2006.
Durante ese proceso se suspenden los cobros en curso y se negocia un acuerdo de pago. Es importante actuar con transparencia, porque ocultar bienes puede generar responsabilidad personal.
Equipo jurídico
Quién acompaña a su empresa
La atención de asuntos empresariales exige examinar los hechos, documentos y obligaciones involucradas antes de recomendar o actuar. Cada empresa tiene un abogado responsable y el respaldo de todo el equipo.
Andrés Felipe Martínez Moya
Abogado Senior y Director Legal
- Abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho y doctorando en Derecho de la Universidad de los Andes.
- Se enfoca en asesoría preventiva, cumplimiento y solución de controversias para empresas.
- Su valor diferencial es una visión que combina el derecho empresarial con la prevención del riesgo penal.
- En su empresa define el plan jurídico y toma con la gerencia las decisiones de fondo.
Equipo de la firma
Trabajo coordinado en cada empresa
- Abogados corporativos para contratos, sociedades, datos personales y consumidor.
- Abogados laborales para contratación, disciplina, terminaciones y reclamaciones.
- Litigantes para cobros, procesos ejecutivos y defensa judicial.
- Un área de cumplimiento para SAGRILAFT, PTEE e investigaciones internas.
- Un área de atención que informa a la gerencia de cada actuación y plazo.
Reserva y transparencia: antes de aceptar un asunto verificamos que no haya conflicto de intereses, y la información de la empresa queda protegida por el secreto profesional.
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Canales de atención
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Para una primera consulta ágil, cuéntenos en pocas líneas qué necesita su empresa y desde cuándo ocurre la situación.
Qué enviarnos por WhatsApp o correo
- Nombre y actividad de la empresa.
- El contrato, requerimiento o documento en discusión.
- Fechas clave y plazos que estén corriendo.
- Valor aproximado en juego.
Qué hacemos al recibirlo
- Agendamos una reunión con la gerencia.
- Revisamos los documentos y los riesgos.
- Le enviamos una propuesta escrita.
- Iniciamos las actuaciones acordadas.
Atención 24/7 · Reserva profesional
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Información útil para la evaluación inicial
- Actividad de la empresa
- Número de trabajadores
- Asunto a consultar
- Documentos disponibles
- Plazos que estén corriendo
- Valor en discusión
- Autoridad involucrada, si la hay
- Modalidad de asesoría que prefiere
Contenido informativo sobre asesoría legal para empresas en Colombia. No sustituye la valoración jurídica de un caso concreto ni garantiza resultados.
