Análisis jurídico de los artículos 365 y 366 del Código Penal, las garantías constitucionales, la valoración de la prueba y la representación durante la indagación y el proceso penal.
El Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026 dispuso el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia y el restablecimiento de la eficacia de los permisos individuales vigentes, siempre que no exista una circunstancia jurídica que impida su ejercicio. Esta modificación no constituye una autorización indiscriminada para portar armas ni elimina los requisitos, controles y restricciones establecidos en el ordenamiento jurídico.
El levantamiento de la suspensión general debe distinguirse de la expedición, vigencia y control de cada permiso individual. La existencia de una medida general no acredita por sí misma la autorización de una persona determinada.
El artículo 223 de la Constitución Política de 1991 mantiene el régimen de autorización por autoridad competente. La verificación de los documentos y del régimen aplicable corresponde a las instituciones encargadas, con sujeción a la normativa vigente.
La valoración debe considerar la fecha de los hechos, la autorización alegada, la conducta atribuida y los demás elementos del tipo penal. No es jurídicamente correcto deducir responsabilidad de manera automática ni afirmar que el decreto despenalizó el porte sin autorización.
El examen de la conducta atribuida exige identificar el verbo rector, el objeto material, la ausencia de permiso de autoridad competente y la atribución subjetiva, sin presumir responsabilidad por la sola proximidad física a un arma.
Debe precisarse si la imputación se refiere a importar, traficar, fabricar, transportar, almacenar, distribuir, vender, suministrar, reparar, portar o tener armas, accesorios, partes o municiones, según el texto legal aplicable. La descripción fáctica debe precisar cuál de esas conductas se atribuye y cómo se relaciona con el elemento examinado; no basta reproducir una lista de verbos.
La naturaleza del elemento incautado debe establecerse mediante prueba pertinente, particularmente cuando se discute su clasificación, funcionalidad o correspondencia con el supuesto legal. La conclusión técnica debe poder confrontarse con el material incorporado y con las explicaciones del perito, sin reemplazar la valoración jurídica del juez.
Corresponde examinar la falta de permiso competente y los elementos probatorios que permitan atribuir conocimiento y voluntad de la conducta, con respeto a la presunción de inocencia. La atribución personal exige analizar el contexto y las pruebas de cada caso. La cercanía física con un objeto no equivale automáticamente a responsabilidad penal.
Distinción relevante: la adecuación típica requiere examinar las circunstancias concretas y la redacción vigente de los artículos 365 y 366 del Código Penal; no toda incautación demuestra automáticamente el delito.
La clasificación jurídica correcta evita atribuir a un mismo hecho normas que regulan supuestos diferentes.
Comprende las conductas expresamente previstas en la norma respecto de armas de fuego de defensa personal, partes esenciales, accesorios esenciales o municiones. La calificación exige identificar el objeto material y la conducta concreta, y distinguirlos de otros supuestos regulados en la legislación penal.
Regula supuestos distintos relacionados con armas y municiones de uso restringido o privativo y explosivos, según la descripción legal. Su aplicación requiere una clasificación sustentada del objeto examinado. La denominación utilizada en el informe inicial no sustituye la prueba técnica.
La eventual imputación de otras conductas requiere demostrar autónomamente sus presupuestos, sin duplicar valoraciones de un mismo hecho. Cuando se alegan varios delitos, la acusación debe individualizar los hechos y fundamentos de cada uno, respetando la prohibición de doble valoración.
La denominación comercial de un objeto no determina por sí sola el tipo penal. La calificación depende de la clasificación jurídica aplicable, sus características acreditadas y la conducta investigada.
| Categoría | Norma de referencia | Criterio jurídico relevante |
|---|---|---|
| Armas de fuego de defensa personal | Art. 365 del C.P. | Exige analizar el objeto material, la conducta atribuida y los demás elementos descritos en la disposición. |
| Armas o municiones de uso restringido o privativo | Art. 366 del C.P. | La clasificación del objeto es decisiva para distinguir este supuesto del regulado en el artículo 365. |
| Armas traumáticas | Decreto 1417 de 2021 | Su clasificación se efectúa conforme a las características y tipologías previstas en la regulación especial; no existe una exclusión penal automática por su denominación. |
La regulación debe leerse como un conjunto: una norma define las categorías generales, otra organiza la reglamentación del sector Defensa y una tercera incorpora reglas específicas sobre armas traumáticas. Sus efectos jurídicos dependen de la clasificación del objeto y del caso concreto.
La base de la clasificación
Establece el régimen general de armas, municiones y explosivos. Sus artículos 8, 9 y 11 describen categorías que sirven como referencia para clasificar las armas traumáticas según sus características.
Consultar el Decreto Ley 2535 de 1993El marco reglamentario integrado
Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa. En su capítulo sobre porte y tenencia se incorporaron las disposiciones específicas para armas traumáticas, que deben consultarse junto con sus modificaciones.
Consultar el Decreto 1070 de 2015La regulación específica
Adicionó al Decreto 1070 de 2015 los artículos 2.2.4.3.3 y siguientes. Estableció criterios para clasificar las armas traumáticas y disposiciones relativas a su control administrativo, remitiendo a las categorías del Decreto Ley 2535 de 1993.
Consultar el Decreto 1417 de 2021Primero se identifica la categoría jurídica relevante con fundamento en el Decreto Ley 2535 de 1993. Después se examina el régimen reglamentario contenido en el Decreto 1070 de 2015, incluidas las disposiciones añadidas por el Decreto 1417 de 2021. La clasificación administrativa no equivale por sí sola a una condena penal: cualquier responsabilidad exige acreditar los elementos del tipo aplicable y las circunstancias del caso.
La expresión tiene un significado en el lenguaje general y una definición específica en el ordenamiento jurídico colombiano. La identificación y clasificación del objeto material debe sustentarse en la normativa aplicable y en las pruebas del proceso.
El Diccionario esencial de la lengua española recoge la expresión «arma de fuego» como aquella cuyo disparo se produce mediante pólvora u otro explosivo. Es una definición lingüística útil para comprender el término, pero no sustituye las exigencias de la legislación colombiana.
Consultar la definición en la RAEEl artículo 6 del Decreto Ley 2535 de 1993 define las armas de fuego a partir del empleo de la fuerza generada por la expansión de gases producidos mediante la combustión de una sustancia química para impulsar un proyectil. La disposición también contiene una regla específica sobre la pérdida del carácter de arma cuando concurren las condiciones que señala el texto legal.
Consultar el artículo 6 del Decreto Ley 2535 de 1993La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP256-2023 (rad. 63192), examinó las características del objeto y la clasificación prevista en el Decreto Ley 2535 de 1993 para diferenciar entre categorías de armas. La decisión muestra por qué la calificación jurídica no debe depender únicamente de la denominación utilizada en un informe o de un rasgo aislado.
Consultar la reseña oficial de la sentencia SP256-2023La definición lingüística orienta el significado común; la disposición legal fija los criterios normativos; y la jurisprudencia contribuye a interpretarlos en casos concretos. Para establecer la adecuación típica, deben examinarse las características acreditadas del objeto, la conducta atribuida y los restantes elementos exigidos por el Código Penal, sin presumir responsabilidad.
Las consecuencias punitivas dependen del tipo penal efectivamente imputado, de la fecha de los hechos y de las modificaciones legales aplicables. No deben confundirse las armas de defensa personal del artículo 365 con las de uso restringido o privativo de la fuerza pública del artículo 366.
La pena básica prevista es de nueve (9) a doce (12) años de prisión. La dosificación concreta depende del marco legal aplicable a la fecha de los hechos y de las circunstancias acreditadas. La pena prevista en abstracto no equivale a una condena automática. La individualización debe motivarse conforme a las reglas aplicables y a lo probado.
La pena básica prevista es de once (11) a quince (15) años de prisión. Debe verificarse la clasificación jurídica del objeto material y el régimen temporal aplicable. No debe trasladarse este marco punitivo a conductas del artículo 365 sin justificar previamente la clasificación legal correspondiente.
La agravación exige una causal legal debidamente atribuida y demostrada. Cuando procede la duplicación de la pena básica, el marco de referencia del artículo 365 pasa de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años; su aplicación concreta exige estudiar la disposición vigente y el caso. Las circunstancias agravantes deben formularse y acreditarse de manera específica. No pueden presumirse a partir de la sola existencia de una investigación.
La pena concreta exige verificar el texto legal vigente en la fecha de los hechos, las reglas de dosificación y las circunstancias demostradas en el proceso.
La discusión probatoria debe centrarse en la legalidad, autenticidad, pertinencia y fuerza demostrativa de cada elemento.
Revisión de la descripción de los hechos, los funcionarios intervinientes y los registros incorporados al expediente. Conviene distinguir lo observado directamente de las inferencias del informe y confrontar su contenido con los demás medios de conocimiento.
Análisis de los resultados y límites de la experticia practicada por personal competente. Su relevancia depende de la metodología, el objeto del examen y la claridad de las conclusiones, que pueden ser objeto de contradicción.
Examen de la identificación, documentación y trazabilidad del elemento material probatorio. Una irregularidad debe analizarse según su entidad y efecto probatorio; no toda deficiencia documental produce idéntica consecuencia jurídica.
Contraste de percepción directa, consistencia y corroboración de las declaraciones. El alcance de cada declaración depende de lo que el testigo realmente percibió y de su consistencia con el conjunto probatorio.
Verificación de las garantías aplicables a registros, incautaciones y demás actos investigativos. El análisis comprende la justificación de las actuaciones y el respeto de los derechos fundamentales, con los efectos procesales que correspondan.
Examen integral de los medios de conocimiento conforme al estándar probatorio pertinente. La decisión judicial debe explicar la fuerza de cada prueba y del conjunto, evitando conclusiones fundadas exclusivamente en conjeturas.
Respuesta jurídica: el porte ilegal de armas no genera un derecho automático a obtener la libertad por la sola naturaleza del delito. Las penas mínimas previstas para las conductas de los artículos 365 y 366 del Código Penal superan el umbral legal que permite solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sin embargo, esa circunstancia no hace obligatoria la detención preventiva: su imposición exige una decisión judicial motivada que acredite los presupuestos legales del caso concreto.
El artículo 365 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) contempla, en su modalidad básica, una pena de nueve (9) a doce (12) años. El artículo 366 del mismo código establece, en su modalidad básica, una pena de once (11) a quince (15) años. Estas penas mínimas son superiores a cuatro años; las agravaciones y la ley vigente al momento de los hechos requieren examen particular.
El artículo 313, numeral 2, de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) permite la detención preventiva en establecimiento carcelario para delitos investigables de oficio cuyo mínimo punitivo sea igual o superior a cuatro (4) años, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 308. Por ello, los tipos penales mencionados satisfacen el presupuesto objetivo de pena, pero no determinan por sí solos la privación de la libertad.
El artículo 308 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) exige inferencia razonable de autoría o participación y una finalidad constitucionalmente legítima: evitar obstrucción de la justicia, proteger a la comunidad o a la víctima, o asegurar la comparecencia. El artículo 317 del mismo código regula causales de libertad durante el proceso. La sustitución de la detención preventiva y los mecanismos posteriores a una condena tienen requisitos diferentes.
Fuentes procesales: artículo 308 del Código de Procedimiento Penal ↗ · artículo 313 del Código de Procedimiento Penal ↗ · artículo 317 del Código de Procedimiento Penal ↗.
La defensa temprana permite preservar evidencia, identificar irregularidades en la actuación policial y preparar una estrategia jurídica ajustada a los hechos.
Estudio del informe policial, circunstancias de la incautación, actas, registros, identificación de intervinientes y garantías del procedimiento. Esta revisión permite delimitar los hechos relevantes y diferenciar los datos documentados de las apreciaciones preliminares.
Examen de la cadena de custodia, dictámenes, identificación y clasificación del elemento, así como de la legalidad y pertinencia de la evidencia. La defensa puede identificar cuestiones que requieren aclaración pericial o documental y plantearlas por los cauces procesales pertinentes.
Evaluación de solicitudes probatorias, controles judiciales que procedan y alternativas procesales legalmente disponibles, sin anticipar resultados. Cada solicitud exige considerar la etapa del procedimiento, su fundamento y las garantías de todas las personas involucradas.
La defensa actúa de forma diferenciada en cada audiencia y controla la correspondencia entre hechos, calificación jurídica y medios de prueba.
Análisis de la comunicación de cargos y de las garantías de la persona investigada. La imputación delimita una hipótesis de atribución; por sí misma no constituye una declaración judicial de culpabilidad.
Debate sobre requisitos legales, necesidad, proporcionalidad y alternativas procedentes. La gravedad abstracta del delito no reemplaza la motivación individual sobre los presupuestos de la medida.
Revisión de la atribución fáctica y jurídica formulada por la Fiscalía. Debe verificarse la correspondencia entre los hechos jurídicamente relevantes y la calificación propuesta, sin anticipar la decisión del juicio.
Solicitudes probatorias y discusión de pertinencia, admisibilidad y exclusiones. La preparación de la controversia probatoria exige identificar qué hechos pretende demostrar cada medio de conocimiento.
Contradicción de la prueba, interrogatorios y alegaciones conforme al proceso. La sentencia debe basarse en prueba debatida conforme a las garantías del juicio y al estándar legal de conocimiento.
Evaluación de los mecanismos y recursos legalmente procedentes según el caso. Las opciones dependen de la fase y de las condiciones legales; ninguna modalidad de terminación puede presentarse como automática.
El ejercicio del poder punitivo está sometido a garantías constitucionales que orientan la legalidad de las actuaciones, la valoración probatoria y el derecho de defensa.
El Estado social de derecho y el respeto por la dignidad humana orientan el trato a las personas investigadas. Este principio también exige una actuación institucional respetuosa durante la investigación y el juzgamiento.
Consultar artículo 1 →La privación de libertad se encuentra sometida a condiciones y garantías constitucionales. Su aplicación se examina junto con los presupuestos legales y los controles judiciales que correspondan.
Consultar artículo 28 →Presunción de inocencia, defensa, contradicción y observancia de las formas propias de cada juicio. La carga de demostrar la responsabilidad corresponde a la acusación; la persona investigada no tiene que probar su inocencia.
Consultar artículo 29 →Las decisiones judiciales se someten al régimen constitucional de impugnación y a las excepciones previstas. Su alcance debe determinarse según el tipo de providencia y el régimen de recursos aplicable.
Consultar artículo 31 →Establece reglas constitucionales relevantes para los supuestos de captura en flagrancia. La existencia de una situación de flagrancia no elimina las garantías de la persona capturada ni el control correspondiente.
Consultar artículo 32 →Delimita funciones de la Fiscalía y controles judiciales pertinentes. La investigación y las medidas que afecten derechos deben ajustarse a las competencias y controles previstos en la Constitución.
Consultar artículo 250 →El marco normativo se fundamenta en el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Cada tarjeta identifica un artículo concreto y su relevancia para el estudio del delito y las garantías procesales.
Define los presupuestos generales de la conducta punible. La responsabilidad requiere verificar los presupuestos legales de la conducta y no puede deducirse de una sospecha aislada.
Consultar disposición legal →Exige descripción inequívoca, expresa y clara de las características del tipo. La calificación exige correspondencia entre los hechos demostrados y los elementos de la descripción legal.
Consultar disposición legal →Delimita el principio de lesividad en la conducta punible. La valoración de la lesividad debe hacerse dentro de los parámetros del tipo penal y la jurisprudencia aplicable.
Consultar disposición legal →Rechaza la responsabilidad penal objetiva. La responsabilidad exige una atribución subjetiva conforme a la ley; no se presume por la mera producción de un resultado.
Consultar disposición legal →Regula las conductas previstas respecto de armas de fuego de defensa personal y otros objetos descritos en la norma. La aplicación del precepto requiere examinar la conducta atribuida, el objeto material y la ausencia de autorización en los términos legales.
Consultar disposición legal →Contempla un tipo penal distinto con su propio objeto material. Su diferenciación respecto del artículo 365 es relevante para la calificación jurídica y el marco punitivo.
Consultar disposición legal →Regula el tratamiento de pruebas obtenidas con violación de garantías fundamentales. La procedencia y efectos de la exclusión requieren un examen judicial de las circunstancias concretas.
Consultar disposición legal →Reconoce la libertad como regla y el carácter excepcional de su restricción. La privación preventiva de la libertad debe justificarse de acuerdo con las exigencias legales y constitucionales.
Consultar disposición legal →Define las finalidades constitucionalmente admisibles de la restricción de libertad. La restricción debe responder a finalidades admitidas por el ordenamiento, no a una sanción anticipada.
Consultar disposición legal →Establece el estándar probatorio requerido para una sentencia condenatoria. La duda razonable debe valorarse al decidir sobre la responsabilidad, a partir de la prueba legalmente practicada.
Consultar disposición legal →Vigencia: las referencias normativas deben cotejarse con las reformas y el régimen temporal aplicable a cada expediente. Para los artículos 365 y 366 se incluyen fuentes oficiales de consulta consolidada.
La aplicación de cada providencia requiere verificar su texto completo, sus hechos y el problema jurídico resuelto.
La Sala examinó una condena por homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. También precisó exigencias de motivación para individualizar la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego.
Consultar sentencia →La Corte examinó la demanda contra el agravante territorial incorporado por la Ley 1908 de 2018. Se inhibió de decidir de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda y explicó la importancia del ámbito de aplicación de esa ley.
Consultar sentencia →La decisión estudió la regulación de armas y dispositivos menos letales y reiteró la jurisprudencia sobre el monopolio estatal de las armas, la distribución de competencias y la reserva de ley.
Consultar sentencia →Al revisar el Tratado sobre el Comercio de Armas, la Corte desarrolló el alcance de los artículos 22A y 223 de la Constitución y sistematizó precedentes sobre control estatal y comercio de armas.
Consultar sentencia →La representación en investigaciones relacionadas con armas de fuego exige conocimiento de los delitos contra la seguridad pública, la dogmática de los delitos de peligro abstracto, el análisis probatorio y el respeto de las garantías procesales.
Examinamos la conducta investigada, el producto involucrado, la documentación y la atribución individual. La valoración inicial identifica las cuestiones jurídicas centrales y las necesidades de análisis documental y técnico.
Preparamos intervenciones ante Fiscalía y jueces, de acuerdo con la etapa procesal. La intervención se prepara según los hechos verificables y las oportunidades previstas por la legislación procesal.
En investigaciones relacionadas con el porte de armas pueden intervenir autoridades de investigación y jueces con función de control de garantías. La sede y competencia de cada actuación dependen de la asignación institucional, no exclusivamente de la localidad donde ocurrieron los hechos.
Cuando existe una privación de la libertad, el control judicial examina los presupuestos legales de la actuación y las garantías de la persona capturada. La defensa debe distinguir este examen de la determinación posterior de responsabilidad.
La Fiscalía comunica los hechos jurídicamente relevantes y su calificación provisional conforme a las reglas procesales. La imputación no equivale a una condena y debe permitir comprender de manera suficiente la atribución formulada.
La eventual restricción preventiva de la libertad requiere presupuestos legales y motivación individualizada. No se impone automáticamente por la existencia de una captura o por la gravedad abstracta del delito.
Atención jurídica presencial en Bogotá y orientación para investigaciones por fabricación, tráfico, tenencia o porte de armas de fuego y municiones en otras regiones de Colombia.
Respuestas generales sobre tipicidad, pruebas y defensa en investigaciones penales.
Es la expresión habitual para referirse a determinadas conductas relacionadas con armas de fuego o municiones que el artículo 365 del Código Penal describe de manera expresa. No todo caso se reduce al porte: la calificación depende de los hechos, del objeto material y de los elementos del tipo penal.
No. La disposición también comprende otras conductas expresamente descritas en la ley. En un proceso penal debe precisarse cuál se atribuye, cuáles hechos la sustentan y qué pruebas permiten examinarla, sin equiparar automáticamente situaciones diferentes.
El artículo 365 regula supuestos vinculados con armas de fuego de defensa personal y otros objetos allí previstos; el 366 contempla categorías distintas, como las de uso restringido o privativo. La clasificación requiere sustento técnico y tiene consecuencias en la calificación y en el marco punitivo.
El artículo 365 establece, como pena básica, prisión de nueve (9) a doce (12) años. Esa cifra no determina por sí sola una condena: deben examinarse el texto vigente para la fecha de los hechos, las circunstancias acreditadas y las reglas de individualización judicial.
El artículo 366 contempla una pena básica de once (11) a quince (15) años de prisión. Su aplicación presupone que los hechos y el objeto material correspondan a ese tipo penal; la existencia de circunstancias legalmente previstas puede modificar el marco aplicable.
No. La incautación es un hecho que puede integrar el material probatorio, pero no sustituye la demostración de los elementos del delito ni de la responsabilidad individual. La decisión debe fundarse en una valoración conjunta y respetar la presunción de inocencia.
Sí. Una experticia puede aportar información sobre las características y clasificación del elemento examinado. Su importancia depende de la pregunta técnica, el método, los resultados y la posibilidad de contradicción; no reemplaza la decisión jurídica del juez.
Se revisan la identificación, los registros de manejo y la trazabilidad de los elementos materiales probatorios. Las consecuencias de una deficiencia no se presumen: deben examinarse su alcance, las garantías comprometidas y su incidencia en la valoración de la prueba.
La asistencia jurídica puede resultar pertinente desde las primeras actuaciones, incluso antes de una acusación formal. Su función es explicar derechos, examinar la información disponible y preparar intervenciones ajustadas a la etapa procesal.
Sí. Los actos de investigación que afectan derechos fundamentales están sometidos a reglas y controles específicos. La procedencia de una solicitud y sus efectos dependen de la actuación, del momento procesal y de los hechos que puedan acreditarse.
No existe una respuesta única. Según la etapa y los requisitos legales, pueden examinarse decisiones como el archivo de diligencias o la solicitud de preclusión. Son figuras distintas y su procedencia debe justificarse con el supuesto normativo correspondiente.
No. La captura y la medida de aseguramiento son actuaciones con presupuestos y controles diferentes. La primera no implica automáticamente la imposición de la segunda; cualquier restricción debe examinarse conforme a las exigencias constitucionales y legales.
La valoración de una investigación por porte ilegal de armas exige examinar la conducta atribuida, las características del elemento incautado y la evidencia disponible.
Comuníquese con nuestro equipo para solicitar orientación sobre su caso.
La estrategia jurídica depende de los hechos, las pruebas y la etapa procesal. La consulta inicial no implica promesa de resultados.
Abogada bilingüe de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Social, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia. Así, ha participado en el trabajo de campo de la investigación ‘’Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género” que se adelantó en este claustro y ha escrito artículos jurídicos para Lexir Colombia e Idealex.press. Asimismo, cuenta con una trayectoria laboral en empresas privadas y entidades públicas, tales como, el INPEC, ICBF, Secretaría Distrital de Gobierno y prestigiosas firmas de Bogotá, donde desarrolló amplias competencias en derecho procesal penal. Además, cuenta con gran capacitación en materia de conciliación extrajudicial certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas del mismo claustro, Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad de los Andes, institución donde actualmente adelanta sus estudios de Doctorado en Derecho. Así, ha adelantado la asesoría y representación en alrededor de 3000 casos penales como apoderado contractual, atendiendo personas naturales, y jurídicas nacionales y extranjeras con intereses en investigaciones y procesos judiciales en el área penal en Bogotá y todo Colombia.
