Delito de fraude procesal

delito de fraude procesal

La palabra fraude se relaciona con una acción que es opuesta a la honestidad y a la legitimidad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, el fraude hace referencia a toda acción contraria a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Esta conducta hace parte del grupo de delitos que atentan contra la recta y eficaz administración de justicia.

El sujeto activo de esta conducta es indeterminado, es decir, cualquier persona capaz puede incurrir en este delito, sin importar su calidad. El fraude procesal puede producirse en trámites de naturaleza administrativa y judicial. Generalmente, en la comisión de este tipo de delito se incurren en otras conductas reprochadas por el derecho penal, tales como, el falso testimonio, la utilización de documentos falsos y la falsedad personal.

En la materialización del fraude puede intervenir un solo individuo o varios, ejecutando tácticas que lleven al juez o funcionario público a incurrir en error, con el objetivo de que profiera una decisión contraria a derecho, mediante la cual, el autor de esta conducta pueda obtener algún tipo de beneficio. En la comisión de este delito, la estrategia siempre se encuentra íntimamente ligada con el ámbito probatorio, dotando de falsa apariencia y credibilidad a los medios probatorios que puedan ser usados en beneficio de quien incurre en esta conducta.

Los elementos del delito de Fraude Procesal

De esta forma, para que se pueda tipificar el fraude procesal deben estar presentes los siguientes elementos:

  • La acción de llevar a un servidor público a cometer un error.
  • La intención y voluntad de conseguir una resolución, sentencia o acto administrativo que sea contrario a la ley.
  • La utilización de un medio que sea fraudulento.
  • El medio anteriormente enunciado, debe tener la capacidad de hacer incurrir al servidor público en un error, es decir, debe predicarse una relación de causalidad evidente entre la conducta del autor y el yerro del funcionario. En caso que la relación entre estos sea remota, el juicio de adecuación típica puede resultar negativo.

Tergiversación en el Fraude Procesal

La noción de la palabra tergiversar hace referencia a la modificación del sentido de la realidad sobre unos hechos, con el fin de que se interprete de manera incorrecta. Hoy en día, debido al uso de la tecnología, la verdad se tergiversa con mucha frecuencia.

Así, la tergiversación juega un papel fundamental en la persuasión del funcionario público. No toda inducción es idónea para engañar, sino solamente aquellas cuya estrategia de tergiversación tiene la potencialidad de influir en las decisiones del juzgador.

El código penal de nuestro país tipifica el fraude procesal en el artículo 453

El artículo 453 señala que todo individuo que por algún tipo de medio fraudulento induzca a error a un servidor público con el objeto de conseguir una sentencia judicial, un acto administrativo o una resolución que se oponga a la ley, será sancionado con pena privativa de la libertad por un término entre seis (6) y doce (12) años; en cuanto a la multa monetaria, será estimada entre doscientos (200) y mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas entre cinco (5) y ocho (8) años.

Por otra parte, el artículo 454 señala un tipo similar, correspondiente al fraude a resolución judicial o administrativa de policía, expresando que todo sujeto que a través de cualquier medio eluda el cumplimiento de una obligación impuesta por medio de resolución administrativa o judicial de policía, será sancionado con pena privativa de la libertad por un término entre uno (1) y cuatro (4) años; la multa monetaria se estimará entre cinco (5) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Jurisprudencia y el Fraude Procesal

La Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de jurisprudencia se ha expresado sobre el tema manifestando que, el fraude procesal implica que el sujeto activo actué con dolo, es decir, con plena seguridad y voluntad de llevar a un funcionario público a cometer un error. En caso contrario, si el autor de la conducta actúa de buena fe, sin la intención de actuar en oposición a la ley, no se le puede endosar responsabilidad penal. Por supuesto, solamente los elementos materiales probatorios permitirán discernir si es viable una imputación o no.

La misma corporación también señaló que, la implementación de medios fraudulentos en el desarrollo de un proceso judicial se especifica por representar los hechos de una forma distinta a la realidad de los hechos.

De igual forma, para que algún comportamiento configure encaje en la descripción de fraude procesal, resulta necesario que el sujeto busque inducir en error a una autoridad que tenga el deber de expresar la verdad o presentar los hechos de conformidad con la verdad.

Ahora bien, el fraude procesal debe contener una alteración determinante frente a la verdad procesal para acreditar falsamente un hecho que permita obtener un fallo ilegal, el cual no se habría logrado conseguir por medio de información veraz.

Adicionalmente, la Corte señaló que este tipo penal es de mera conducta, en otras palabras, se considera suficiente que el autor ejecute la acción idónea de inducir en error, sin necesidad de lograr un resultado a través de una sentencia o acto administrativo, para que se hallado responsable penalmente.

Quizás te interese:

¿Necesita ayuda?

Escríbanos y obtenga asesoría inmediatamente

Pin It on Pinterest

whatsapp-en-linea whatsapp-en-linea