Delito de Fuga de Presos

delito de fuga de presos

La fuga de presos, es una acción mediante la cual un detenido, acusado, o imputado, es decir, aquella persona que esta privada de su libertad, en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente por orden de providencia o sentencia, escapa del lugar de detención que le fue impuesto por el Estado.

En este orden de ideas, el delito de fuga de presos, es una norma estipulada en el Código Penal de Colombia, específicamente en el artículo 448. Esta norma establece la pena en la que incurrirán aquellas personas que estando privadas de su libertad en un centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia, incurrirán en la pena de prisión de cuarenta y ocho meses a ciento ocho meses.

Favorecimiento de la Fuga de presos

Asimismo, el Código Penal Colombiano prevé una situación en específico, que es el favorecimiento de la fuga, la cual está regulada en el artículo 449 del mismo. Esta norma regula el hecho de que algún usuario, sea este un servidor público, particular encargado de vigilancia, custodia o conducción del detenido, capturado o condenado, que colabore o facilite la fuga de alguno de los anteriores, incurra en el delito de “Favorecimiento de la Fuga”, el cual está penalizado con prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, así como también caerá sobre estos la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones recaídas en el cargo que le era atribuido, por el mismo lapso de tiempo que establece la pena.

En este sentido, los delitos de Fuga de Presos y Favorecimiento de la Fuga, poseen circunstancias que pueden agravar o atenuar los mismos.

El Código Penal Colombiano establece también, unas situaciones fácticas que pueden agravar el delito de Favorecimiento de la Fuga anteriormente mencionado, y es que, este delito puede tener un aumento hasta por una tercera parte, en el caso de que el detenido, capturado o imputado, al cual le fue colaborado o facilitado la fuga,  hubiese sido privado de su libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquier conducta establecida en el título II del Código Penal.

Circunstancias de Atenuación del delito de fuga de presos

Asimismo, el Código Penal Colombiano establece también circunstancias que pueden atenuar el delito de Fuga de Presos, éstas están establecidas en el artículo 451. Esta norma establece que en el caso de que la persona fugada, se presentare de manera voluntaria dentro de los tres meses siguientes a la fuga, la pena establecida en el artículo 448 será disminuida a la mitad.

De igual manera, la norma que establece circunstancias que pueden atenuar el delito de fuga de presos, también establece la manera en que puede atenuarse el delito de favorecimiento de la fuga, ya que, dispone que será disminuida la pena al coparticipe o servidor público que hubiese facilitado o colaborado en la fuga del preso, si dentro de los tres meses siguientes a la evasión, facilitara la captura de la persona fugada, o lograra su presentación ante una autoridad competente.

Eximente de Responsabilidad Penal

Podemos definir como eximente de responsabilidad penal, aquellos hechos, factores o circunstancias determinantes, que conllevan a que la persona que haya cometido la conducta delictiva, quede exento de responsabilidad penal. La ausencia de responsabilidad penal, ésta consagrada en el artículo 32 del Código Penal.

En este sentido, el Código Penal Colombiano establece una causal que puede eximir totalmente de responsabilidad penal a la persona fugada, este dispone en su artículo 452 que en el caso de que el fugado, se presentara voluntariamente dentro de las treinta y seis horas siguientes a la fuga, esta se tendrá en consideración únicamente para efectos disciplinarios.

Modalidad Culposa

En otro sentido, el Código Penal Colombiano, prevé un caso en específico en su artículo 450, este, establece una modalidad culposa, esto significa que, al haber sido de manera culposa, fue una acción u omisión no intencional, es un hecho dañoso realizado sin dolo, es decir, sin tener la intención maliciosa de haberlo cometido. La norma establece que, en los casos que el servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción del detenido o condenado, que por culpa dé lugar a la fuga, incurrirá en multa o pérdida del empleo o cargo público. Asimismo, en los casos en que el detenido o condenado estuviere privado de su libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquiera de las conductas establecidas en el título II del Código Penal, incurrirá en prisión de treinta y dos a setenta y dos meses.

En otro orden de ideas, es importante resaltar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia  ha esclarecido a los Tribunales Superiores, los Juzgados Penales y a la Fiscalía General de la Nación la competencia para conocer los procesos por delito de fuga de presos, esta ha establecido, que el funcionario competente para conocer el proceso será el que tenga competencia territorial en el lugar donde se haya cometido tal delito.

Asimismo, la Sala ha determinado que a la hora de una persona detenida o acusada, cometer la conducta punible de fuga de presos, se comete el delito de forma instantánea y produce efectos disciplinarios permanentes desde el momento en el que la persona detenida o acusada privada de la libertad, sale del sitio de custodia impuesto por el Estado.

En estos casos, a la hora de incurrir en algunas de las estipulaciones establecidas en el capítulo séptimo del título XVI del Código Penal Colombiano, es fundamental contar con un Abogado especializado en Derecho Penal, que asesore de manera diligente a la persona que haya incurrido en algunos de estos delitos, ya que, es el Abogado Penalista quien posee las herramientas para estudiar el caso, orientar a la persona interesada y, asimismo, encontrar la alternativa más favorable para la misma.

 

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