Qué es el Derecho Penal Corporativo

derecho penal corporativo

El derecho penal corporativo es aquella parte del derecho penal que regula los delitos y las penas dentro de la actividad empresarial que desarrollan las personas jurídicas, cuyo objetivo es establecer la responsabilidad penal a nivel individual e institucional en cada compañía. Así, esta disciplina abarca figuras como: el compliance, el buen gobierno corporativo, el debido control interno, el cumplimiento empresarial y la cultura de legalidad.

Este tema ha adquirido una importancia especial en la actualidad, a raíz del incremento del fenómeno de corrupción y criminalidad empresarial, trayendo nuevamente el debate a relucir, de si debiese el sistema penal enfocarse únicamente en la responsabilidad individual o, si, por el contrario, el ordenamiento jurídico debería contemplar la responsabilidad penal de las personas jurídicas como un mecanismo de lucha y prevención frente a la comisión de los delitos de empresa.

En otras legislaciones, como han sido: la española, la francesa, la estadounidense y la alemana, el derecho penal corporativo ha sido ampliamente desarrollado, sin embargo, Colombia hasta ahora lo está desarrollando. La razón principal se debe a la plena adopción de la regla romana Societas Delinquere Non Potest, la cual establece que solamente pueden delinquir las personas físicas.

Si bien no existe un marco legislativo en Colombia que fije con precisión la responsabilidad penal de las empresas y los títulos de imputación que sirvan como fundamento de un proceso penal, si existen diversas disposiciones que contemplan sanciones o medidas preventivas que pueden llegar a afectar el patrimonio o la existencia legal de las personas jurídicas.

De este modo, se puede encontrar la figura del comiso consagrada en el artículo 100 del Código Penal (ley 599 de 2000), mediante la cual, se decomisan todos los bienes muebles e inmuebles que sirven de instrumento para la comisión de delitos o que son fruto del delito. La Fiscalía general de la Nación puede adoptar varias medidas cautelares en virtud del comiso, tales como, la incautación, la ocupación y la suspensión del poder dispositivo. Además, se encuentra el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, a través del cual, el ente acusador puede solicitar ante Juez de Control de Garantías , la suspensión de la personería jurídica y el cierre de establecimientos de comercio.

Caso Colombia

Resulta pertinente traer a colación la definición de empresa (persona jurídica) establecida en el artículo 633 del Código Civil: “persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”. Son entonces, las empresas, las principales agentes de las dinámicas sociales dentro del sistema económico, por eso, es necesario que sus actuaciones, si los requieren, puedan verse susceptibles de responsabilidad punitiva por parte de los agentes que las lleven a cabo.

En otras palabras:

La liberalización del sistema financiero internacional y la mejora en los medios técnicos destinados a potenciar su eficacia, en ocasiones son herramientas utilizadas para la comisión de hechos delictivos, generadores de dinero negro, y para ocultar el origen de estos capitales (…) Así mismo, se percibe con creciente claridad que estos delitos, por socavar la confianza básica en la vida social y los negocios, comprometen el funcionamiento del sistema económico, e incluso político y democrático (Sintura, 2007).

Actualmente, en Colombia existe la necesidad de que las sanciones penales trasciendan de las personas naturales, cubiertas por el velo societario o corporativo, así como las simples sanciones pecuniarias o administrativas que hasta la fecha han probado ser ineficaces en la prevención de estos delitos.

En el panorama actual jurídico colombiano, el tema ha sido desarrollado de forma precaria, por medio de la ley 1474 de 2011, que en su artículo 34 trata de manera puntual la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

(…) Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente.

También existe la ley 1778 de 2016, por medio de la cual: “se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de la lucha contra la corrupción”. Esta norma tiene un alcance limitado, y se configura únicamente una responsabilidad dentro de un contexto administrativo, pero no penal.

En el contexto colombiano, se ha venido dando una problemática en algunos casos de corrupción como como es el del desvío de recursos públicos de las EPS en forma de sobornos internacionales, cohecho y celebración indebida de contratos en un número importante de obras públicas de relevancia nacional como el de Odebrecht, en donde se observa que las sanciones de índole exclusivamente administrativas a las personas jurídicas no terminan siendo eficaces, no están logrando desincentivar estas conductas; por el contrario, pone en evidencia la carencia de prevención general de la realización de conductas criminales, así como la prevención para que la persona jurídica no reincida en la conducta dolosa.

Las sanciones administrativas pueden resultar inocuas en materia de prevención o en algunos casos excesivas pecuniariamente, hasta el punto de generar la disolución y liquidación de empresas.

Además, el sistema actual vulnera los principios de justicia restaurativa al no poder garantizar una reparación integral de las víctimas de estas conductas. En este orden de ideas, se requiere que en Colombia la persona jurídica adquiera la calidad de sujeto penal, pues el velo corporativo se ha convertido en una forma de encubrir la responsabilidad derivada de las conductas criminales empresariales.

Si bien las personas jurídicas no tienen un régimen penal que los sancione directamente en Colombia, la comisión de delitos al interior de su estructura claramente puede llegar a perjudicarlos en su operación comercial, integridad patrimonial e incluso en su existencia legal. De esta forma, si existen graves sanciones en las que puede incurrir una empresa en Colombia cuando se presta para la comisión de delitos. Ahora bien, la ventaja de fijar un sistema de responsabilidad penal corporativa consiste en la posibilidad de determinar correctamente la responsabilidad penal de cada uno de los miembros y áreas de la compañía, con la finalidad de fijar una sanción proporcional.

Precisamente el Compliance es una herramienta fundamental para determinar los niveles de organización de una empresa en la prevención de riesgos legales, y especialmente en riesgos penales. En ese sentido, no solamente se requiere un compliance integral sino también eficiente. Así, las políticas de diagnóstico, prevención y reacción ante hallazgos antijuridicos en las empresas son valoradas positivamente en sede judicial, siempre y cuando sean eficientes.

Las firmas de abogados que prestan servicios de derecho penal corporativo se encargan de adelantar la asesoría y representación en los procesos penales en los que se vean involucradas empresas nacionales e internacionales. Generalmente, son servicios y gestiones profesionales que demandan la constitución de grandes equipos de trabajo altamente capacitados.

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