Acción Penal – Significado, Uso y Prescripción en Colombia

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Los antecedentes históricos apuntan a que durante los tiempos en que el Estado monopolizó el uso de la fuerza se originó la acción penal para reemplazar actos como la autodefensa y la venganza personal.

Es a partir de ese momento en la historia que el Estado asume la defensa de los ciudadanos.

Qué es la acción penal en Colombia y cuál es su concepto

Es el punto de partida del proceso judicial penal, pues es mediante ella que se logra imponer castigo conforme a la ley a quien cometa algún delito; todo esto claro goza de fundamento constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Constitución Política Colombiana.

Puede ser ejercida tanto por el Estado como por particulares, convirtiéndose así en una manifestación de poder de parte del Estado y en un ejercicio del derecho a la defensa de los ciudadanos que han sido victimas de la comisión de delito(s). Su intención no es otra que el restablecimiento de la paz en la sociedad.

Tipos de acción penal

La acción penal se puede ejercer mediante la denuncia o la querella, ambas tienen como finalidad poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la comisión de un delito por parte de un servidor público o de cualquier persona en general.

La diferencia entre la denuncia y la querella radica principalmente en que en la denuncia el denunciante se limita simplemente a contar la historia de los actos que en su opinión configuraron un acto delictivo, y en la querella el querellante adquiere la condición de parte acusadora y posee sólo un término de seis meses desde la comisión de la conducta para interponerla ante las autoridades correspondientes.

Ahora bien, es importante anotar que el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal establece cuáles son los delitos querellables.

Cómo instar una acción penal

Se ejerce mediante la denuncia, la cual inicia la investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación que tiene como propósito la recaudación de pruebas necesarias para establecer o no la comisión del delito. De considerarse que se reunieron las pruebas necesarias para establecer que sí se realizó una conducta ilícita, el fiscal debe realizar la Imputación de los cargos ante el Juez Competente, y será este el encargado de tomar una decisión en derecho -conforme a la jurisprudencia y las normas jurídicas vigentes- respecto a lo probado durante el juicio.

Algunos delitos requieren de la denuncia de la víctima para iniciar la investigación penal, ejerciendo la acción desde su instancia privada, tal es el caso de las violaciones a la propiedad, problemas entre familiares y/o herederos debido al fallecimiento de una persona, injuria, violación a la propiedad industrial, obstaculización a la ley, falsificación de cheque, entre otros.

No obstante, existen otros delitos en los cuales la investigación penal inicia por los agentes del Estado ya que ejercen la acción penal de oficio debido a la gravedad de los hechos y a los derechos afectados, convirtiéndola así en una acción pública, este es el caso de los homicidios, desapariciones forzadas, entre otros.

Sin importar si se trata de la acción pública y/o privada es importante aclarar que es deber de la fiscalía siempre realizar la investigación sobre el caso concreto, ya sea en materia de tránsito, violencia o demás que haya llegado a su conocimiento a través de la denuncia, querella o petición especial.

Ahora bien, toda persona tiene el derecho a denunciar cualquier delito del que haya sido víctima o tenga conocimiento para que se inicie la respectiva investigación. Sin embargo, al instaurar la acción penal no podrá utilizar el desistimiento para evitar los efectos de la misma pues implicaría un desconocimiento de los derechos de la persona afectada.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que es posible que se tomen medidas cautelares sobre los bienes y recursos del imputado como garantía de que se va a reparar a la víctima por los daños ocasionados. De originarse este supuesto, el imputado no podrá disponer de sus bienes mientras las medidas estén vigentes.

Prescripción de la acción penal

Es cuando se pierde el derecho a ejecutar la acción penal, debido al cumplimiento del tiempo máximo estipulado por la ley para que se castigue la comisión de un delito.

La regla general se encuentra establecida en el artículo 83 del Código Penal Colombiano, y estipula que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena que la ley ha otorgado a ese delito. No obstante, también aclara que nunca podrá ser inferior a 5 años ni mayor a 20 años.

Pese a esto, existen también excepciones a la regla general, como es el caso de los delitos contra la libertad, integridad y formación, así como delitos sexuales cometidos contra menores de edad, en los cuales la extinción de la acción penal se da únicamente pasados 20 años desde que la víctima alcanzó la mayoría de edad.

Lo mismo pasa con los delitos de genocidio, tortura, homicidio de defensor de derechos humanos, miembro de organización sindical reconocida o periodistas, desplazamiento forzado, desaparición forzada; pues en ellos el tiempo de prescripción es de treinta años.

En cuanto a las penas no privativas de la libertad, la acción penal no ha prescrito sino han pasados cinco años.

De manera funcionalista el artículo 14 de la ley 1474 de 2011 expresa que en los casos en que la conducta punible sea cometida por un servidor público, militar o de cualquier índole de cargo público en ejercicio de sus funciones, la prescripción de la acción penal aumentará en la mitad del término.

La interrupción en el término de prescripción de la acción penal opera con la formulación de la imputación de los hechos y el delito al denunciado en audiencia ante Juez competente. Sin embargo, es posible que la prescripción pueda generarse en el caso en que se cumpla la mitad del tiempo inicial necesario y no se haya emitido fallo alguno en el proceso por parte del Juez.

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