Qué es la Utilización indebida de Fondos Captados del Público

utilizacion indebida de fondos captados del publico

El delito de utilización indebida de fondos captados del público pertenece al grupo de conductas punibles que atentan contra el sistema financiero. En ese sentido, los delitos financieros son comportamientos que atentan contra el orden social económico y se producen dentro del tráfico comercial, el mundo de los negocios y la actividad financiera. Los autores de este tipo de delitos por lo general son personas con un alto grado de formación académica y profesional, con importantes relaciones sociales, públicas y empresariales.

La tipificación de delitos financieros busca proteger la integridad, transparencia y funcionamiento del sistema financiero y empresarial del país. Concretamente, el objetivo consiste en proteger las normas jurídicas que regulan el funcionamiento de este importante sector de la economía.

Este tipo penal también se denomina absorción interfinanciera y comparte las características principales de los delitos financieros, tales como, la presencia de sociedades o pluralidad de integrantes en el sujeto activo de la conducta, la pluralidad de los sujetos pasivos del delito que con gran frecuencia son inversionistas y ahorradores, y la falta de capacidad del sujeto pasivo para ejercer control de las operaciones que desarrolla el autor del delito y ejercer la defensa de sus derechos económicos.

La tipificación de este delito se dio en Colombia con la expedición del Decreto 2920 de 1982, mediante el cual, se creó este delito en su artículo 18. Anteriormente, esta conducta únicamente tenía consecuencias de carácter administrativo, pues los decretos 2388 de 1975 y 3604 de 1981 solo fijaban multas y declaratoria de ineficacia ipso- iure.

Qué es la utilización indebida de fondos captados del público

Se considera un delito financiero, a través del cual, el administrador, representante legal, director o funcionario de entidades que sean vigiladas por las Superintendencias de Valores, Bancaria o de Economía Solidaria, que haciendo uso de fondos provenientes del público decida sin una previa autorización, obtener el control respecto a otras entidades sujetas a la vigilancia de las Superintendencias antes mencionadas.

El tipo penal es muy claro, sin embargo, surge la necesidad de precisar dos aspectos para su completa compresión. En primer lugar, cuando la norma se refiere a ejercer el control de otras entidades, se refiere al control político que generalmente se deriva del control societario. Vale la pena resaltar que, el control de una sociedad no siempre se obtiene por ostentar más del 50% de las acciones, pues por ejemplo en sociedades tipo comandita o S.A.S, el control se obtiene de manera diferente.

Segundo, se requiere discriminar aquellas entidades que son reguladas por estos órganos de control señalados antes. Así, el numeral 2 del artículo 325 del decreto 663 de 1993 (modificado por el artículo 72 de la ley 795 de 2003), señaló la lista de entidades vigiladas por la superintendencia Bancaría, a saber:

numeral 2 del artículo 325 del decreto 663 de 1993 (modificado por el artículo 72 de la ley 795 de 2003)

Además, la Superintendencia de Valores ejercía la inspección y vigilancia de las bolsas de valores, comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión sociedades administradores de depósitos centralizados de valores, sociedades calificadoras de valores, y los fondos de garantía del mercado de valores. Ahora bien, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Bancaria fueron fusionadas en virtud del decreto 4327 de 2005, mediante el cual, se creó la Superintendencia Financiera de Colombia, quien ejerce la vigilancia e inspección de las entidades consagradas en el mismo artículo 325 del decreto 663 de 1993 y el numeral primero del tercer parágrafo del artículo 75 de la ley 964 de 2005. En ese sentido, se conservaron la mayoría de competencias que tenían bajo la anterior personalidad jurídica.

Por otro lado, la Superintendencia de Economía Solidaria, vigila las cooperativas de ahorro y crédito, y las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, conforme al artículo 34 de la ley 454 de 1998. En este sentido, quedan claras todas las entidades que pueden dar lugar a la estructuración del tipo penal de utilización indebida de fondos captados del público.

La utilización indebida de fondos captados del público en el Código Penal

El Código Penal (Ley 599 de 2000) de nuestro país regula la utilización indebida de fondos captados del público como delito contra el sistema financiero en su artículo 314, señalando que:

Articulo 314 - Ley 599 de 2000

Los elementos del tipo penal de utilización indebida de fondos captados del público

El verbo rector de este delito es destinar que en significa ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. De esta forma, se refiere a la destinación irregular de los recursos de una entidad que es vigilada por alguna de las Superintendencias anteriormente mencionadas, por parte del sujeto activo de esta conducta punible, quien asigna los recursos de la entidad a la que pertenece, para alcanzar el control de otra entidad que de igual forma es vigilada y controlada por los mismos órganos señalados, o de otras sociedades conforme a la legislación comercial.

El sujeto activo de esta conducta es cualificado, debido a que, quien comete el delito debe reunir unas características específicas. Así, solamente el director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades descritas, pueden incurrir en este delito, dado que, tienen poder de decisión acerca del uso de los recursos de estos órganos públicos.

El sujeto pasivo en los delitos contra el sistema financiero es el Estado, por cuanto, se considera que es el titular del bien jurídico protegido, que es el orden económico y social. Ahora bien, las victimas son todos aquellos individuos que se resultan afectados por la comisión de la conducta punible, tales como, los ahorradores, depositantes e inversionistas, sin embargo, el sujeto pasivo comprende al grupo de personas afectadas en conjunto y no consideradas individualmente.

El objeto jurídico de este punible es el orden económico y social, y el objeto material son los recursos que se obtuvieron del público, pues sobre estos recae la acción que ejecuta el sujeto activo, para lograr obtener control sobre otra entidad financiera.

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