Respuesta clave
¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario?
Respuesta corta
El Derecho Internacional Humanitario es la rama del derecho internacional que se aplica en los conflictos armados, internacionales o internos. Tiene dos objetivos: proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades —población civil, heridos, detenidos, combatientes que se rinden— y restringir los medios y métodos de combate. Se aplica por la existencia objetiva del conflicto, sin importar cómo lo llamen las partes, y obliga por igual al Estado y a los grupos armados organizados. En Colombia, su violación puede constituir delito conforme al Título II del Código Penal (Ley 599 de 2000, en adelante CP).
También se le conoce como derecho de la guerra, derecho de los conflictos armados o ius in bello. Su idea central es sencilla: incluso en la guerra hay límites. No decide si una guerra es legítima —eso corresponde a otras normas del derecho internacional—, sino cómo deben comportarse quienes combaten y cómo deben ser tratadas las personas que quedan en medio.
En un proceso penal colombiano, el DIH determina si una muerte en zona de conflicto se juzga como homicidio común (artículos 103 y 104 del CP) o como homicidio en persona protegida (artículo 135 del CP), con una diferencia de pena que puede superar los veinte años; si la conducta es imprescriptible y qué jurisdicción es competente. La pregunta de partida siempre es la misma: ¿están probados el conflicto, el nexo de la conducta con él y la condición protegida de la víctima o del bien?
Delimitación
DIH, derechos humanos y derecho penal internacional: en qué se diferencian
Las tres disciplinas se tocan constantemente, pero responden a preguntas distintas. Confundirlas es una de las fuentes más comunes de error en denuncias, imputaciones y alegatos.
Derecho Internacional Humanitario
Solo en conflictos armados, internacionales o no internacionales.
A todas las partes del conflicto: Estados y grupos armados organizados.
Derecho internacional de los derechos humanos
En todo tiempo, en paz y en guerra, con un núcleo que no puede suspenderse ni en estados de excepción.
Principalmente a los Estados, que responden internacionalmente ante órganos como la Corte Interamericana.
Derecho penal internacional
Define crímenes internacionales —genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión— y la responsabilidad penal individual.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002.
El DIH y los derechos humanos se aplican simultáneamente durante un conflicto. En las hostilidades prevalece la norma humanitaria, más específica; fuera de ellas, como en un control de orden público, rigen las reglas de uso de la fuerza de los derechos humanos, que son más estrictas.
Tratados y costumbre
Fuentes del Derecho Internacional Humanitario
- Convenios de Ginebra de 1949
- Cuatro tratados que protegen a los heridos y enfermos en campaña (I), a los heridos, enfermos y náufragos en el mar (II), a los prisioneros de guerra (III) y a la población civil (IV). Colombia los aprobó mediante la Ley 5 de 1960.
- Artículo 3 común
- Garantías mínimas en los conflictos no internacionales: trato humano y prohibición del homicidio, la tortura, la toma de rehenes, los tratos humillantes y las condenas sin juicio con garantías. Su aplicación no afecta el estatuto jurídico de las partes.
- Protocolos adicionales de 1977
- El Protocolo I desarrolla las reglas de los conflictos internacionales y la conducción de hostilidades; el Protocolo II, las de los conflictos no internacionales. Colombia es parte de ambos.
- DIH consuetudinario
- Normas que obligan por ser práctica general aceptada como derecho, aunque no estén en un tratado. El estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), publicado en 2005, identificó 161 normas consuetudinarias, la mayoría aplicables también a los conflictos internos.
- Cláusula Martens
- Principio según el cual, en los casos no previstos por los tratados, las personas quedan bajo la protección de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. La Corte Constitucional la invocó en la sentencia C-225 de 1995 para señalar que la ausencia de una regla expresa no autoriza la conducta.
- Otros tratados
- Convenciones sobre armas y bienes culturales, y el Estatuto de Roma, cuyo artículo 8 tipifica los crímenes de guerra.
Ámbito de aplicación
¿Cuándo existe jurídicamente un conflicto armado?
Respuesta corta
Hay conflicto armado internacional cuando dos o más Estados recurren a la fuerza armada entre sí, aunque no haya declaración de guerra. Hay conflicto armado no internacional cuando existe violencia armada prolongada entre el Estado y grupos armados organizados, o entre esos grupos, con un nivel suficiente de intensidad y de organización. Los disturbios, los motines y los actos esporádicos de violencia no son conflicto armado.
La definición más citada viene de la decisión de apelación sobre jurisdicción del caso Tadić, dictada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia el 2 de octubre de 1995 (párrafo 70). De ella se desprenden los dos criterios que hoy aplican los tribunales internacionales, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Intensidad de la violencia
Duración y frecuencia de los enfrentamientos, tipo de armas, número de combatientes y de víctimas, desplazamientos, despliegue de fuerzas militares y no solo policiales.
Organización del grupo armado
Estructura de mando, disciplina interna, capacidad de planear operaciones militares, acceso a armas, reclutamiento, control territorial y capacidad de negociar o cumplir acuerdos.
Artículo 3 común y Protocolo II: dos umbrales distintos
Basta que se cumplan intensidad y organización para que se aplique el artículo 3 común y el DIH consuetudinario. El Protocolo II exige más: según su artículo 1, se aplica a conflictos en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el Protocolo. Por eso no todo conflicto interno activa automáticamente el Protocolo II.
La Ley 1908 de 2018 definió los grupos armados organizados (GAO) con esa misma fórmula y los distinguió de los grupos delictivos organizados. Esa calificación tiene efectos procesales, pero no sustituye el análisis judicial del conflicto y del nexo en cada caso.
La calificación del conflicto no la decide el Gobierno. La Corte Suprema de Justicia ha insistido en que el conflicto armado es un hecho objetivo que no depende de una declaración oficial ni del discurso político del momento (sentencia SP4090 de 2016). La aplicación del DIH tampoco reconoce estatus político ni beligerancia a los grupos armados, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 1995.
Contexto actual
¿Hay conflicto armado en Colombia hoy? Lo que dicen la Corte Suprema y el CICR
Sí. La Corte Suprema ha considerado incontrovertible la existencia en Colombia de una confrontación armada irregular de más de cinco décadas con varios actores (SP4090 de 2016, que retoma la sentencia de radicado 35099 de 2011).
El CICR, que por mandato clasifica jurídicamente las situaciones de violencia, ha señalado que desde 2018 observa un deterioro progresivo de la situación humanitaria en un contexto de persistencia de varios conflictos armados no internacionales, que involucran al Estado y a grupos armados no estatales, y también enfrentamientos entre esos grupos. En su balance publicado en mayo de 2026 sobre lo ocurrido en 2025, reportó:
Cifras humanitarias de 2025 (CICR)
965 personas muertas o heridas, en su mayoría civiles.
308 nuevos casos documentados por el CICR.
176.730 personas confinadas.
235.619 personas desplazadas individualmente y 87.069 en eventos masivos, según la Unidad para las Víctimas.
282 actos violentos contra la atención en salud relacionados con los conflictos, según la Mesa Nacional de Misión Médica.
Los datos vienen del CICR, en su Informe de la situación humanitaria en Colombia durante 2025. Para 2024, el CICR había documentado 382 presuntas violaciones del DIH.
En un proceso penal, estas cifras son contexto, no prueba del caso: el conflicto y el nexo deben acreditarse para la zona y época de los hechos.
Conducción de hostilidades
Principios fundamentales del DIH
Los principios se evalúan con la información razonablemente disponible para quien tomó la decisión en el momento del ataque, no con lo que se supo después. Esa regla es decisiva en los juicios contra militares y contra integrantes de grupos armados.
- Distinción
- Las partes deben distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes, y entre bienes civiles y objetivos militares, y solo pueden dirigir ataques contra estos últimos (artículo 48 del Protocolo I; norma 1 del DIH consuetudinario). En caso de duda, la persona se presume civil. Están prohibidos los ataques indiscriminados.
- Proporcionalidad
- Está prohibido el ataque contra un objetivo militar cuando sea de prever que causará daños incidentales a civiles o bienes civiles excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista (artículos 51.5.b y 57 del Protocolo I).
- Precaución
- Deben tomarse todas las precauciones factibles para verificar que el objetivo es militar, elegir medios y métodos que reduzcan el daño a civiles, advertir cuando sea posible y suspender el ataque si se advierte que es ilícito (artículos 57 y 58 del Protocolo I).
- Necesidad militar
- Solo se justifica la fuerza necesaria para debilitar al adversario. No autoriza conductas que el DIH prohíbe en todo caso.
- Humanidad
- Prohíbe causar sufrimientos innecesarios o males superfluos (artículo 35 del Protocolo I) y exige trato humano a toda persona en poder de una parte.
- Prohibición de la perfidia
- No se puede matar, herir o capturar al adversario abusando de su buena fe, por ejemplo fingiendo rendición o usando indebidamente el emblema de la cruz roja. En Colombia es delito (artículo 143 del CP).
Aplicación práctica. Una muerte de civiles en una operación militar no es automáticamente un crimen: hay que establecer si el objetivo era militar, si se tomaron las precauciones factibles y si el daño incidental previsible era excesivo. Atacar deliberadamente a un civil, en cambio, es una de las infracciones más graves.
Artículo 135 del CP, parágrafo
¿Quiénes son personas protegidas por el DIH en Colombia?
El parágrafo del artículo 135 del CP define, para todo el Título II, quiénes son personas protegidas conforme al DIH:
- Los integrantes de la población civil.
- Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
- Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
- El personal sanitario o religioso.
- Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
- Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.
- Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados apátridas o refugiados.
- Cualquier otra persona que tenga esa condición en virtud de los Convenios de Ginebra, los Protocolos adicionales y otros tratados que llegaren a ratificarse.
- «Combatientes» en conflictos internos
- En la sentencia C-291 de 2007, la Corte Constitucional declaró exequible la palabra «combatientes» del numeral 6, entendida en sentido genérico, porque se refiere a una de las categorías de personas fuera de combate y no reduce la protección que el DIH reconoce a quien depuso las armas.
- Participación directa en hostilidades
- Los civiles pierden la protección contra los ataques solo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación (artículo 13.3 del Protocolo II). Vivir en una zona controlada por un grupo armado, ser familiar de un combatiente o simpatizar con un grupo no convierte a nadie en objetivo militar.
- Integrantes de grupos armados muertos por sus compañeros
- En la sentencia SP107 de 2020, la Corte Suprema concluyó que los miembros de un grupo armado ejecutados por sus propios compañeros por faltas disciplinarias no son personas protegidas, porque la pertenencia al grupo los hace combatientes; ser emboscado por los propios compañeros no equivale a rendición. La conducta se calificó como homicidio agravado (artículos 103 y 104 del CP).
- Violencia sexual dentro de las filas
- En la sentencia C-074 de 2026 (9 de abril de 2026), la Corte Constitucional se declaró inhibida para decidir de fondo una demanda que pedía incluir como personas protegidas a los combatientes víctimas de violencia sexual cometida por su propio grupo. Señaló que la demandante no tuvo en cuenta la remisión al DIH ni la cláusula abierta del numeral 8. El debate sigue abierto en la jurisprudencia penal y en la JEP.
Objetos protegidos
Bienes protegidos por el DIH
- Bienes civiles
- Todo bien que no es objetivo militar: viviendas, escuelas, comercios, vehículos civiles. Un bien civil solo pierde protección si, por su ubicación, finalidad o uso, contribuye eficazmente a la acción militar y su destrucción ofrece una ventaja militar definida.
- Unidades e instalaciones sanitarias
- Hospitales, puestos de salud, ambulancias y personal de salud, identificados con el emblema. Su ataque o el obstáculo a las tareas sanitarias son delitos (artículos 153 y 155 del CP).
- Bienes culturales y lugares de culto
- Monumentos, templos y bienes del patrimonio cultural (artículo 156 del CP).
- Obras con fuerzas peligrosas
- Represas, diques y centrales eléctricas cuyo ataque puede liberar fuerzas que causen pérdidas importantes en la población civil (artículo 157 del CP).
- Bienes indispensables para la supervivencia
- Cultivos, ganado, reservas de agua y alimentos. Atacarlos o hacerlos inútiles para someter a la población es delito (artículo 160 del CP).
- Medio ambiente natural
- Los daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente están prohibidos y su destrucción ilícita está tipificada (artículo 164 del CP).
Bloque de constitucionalidad
Cómo se incorporó el DIH al derecho colombiano
El artículo 93 de la Constitución da prevalencia en el orden interno a los tratados de derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción, y el artículo 214, numeral 2, ordena que en todo caso se respeten las reglas del DIH. Con base en esas normas, la Corte Constitucional desarrolló por primera vez la noción de bloque de constitucionalidad en la sentencia C-225 de 1995, al revisar el Protocolo II, y concluyó que las normas humanitarias son imperativas para todas las partes, incluso sin ratificación, porque expresan principios de ius cogens.
1960 · Convenios de Ginebra
Ley 5 de 1960, que aprobó los cuatro Convenios de 1949.
1993-1994 · Protocolo I
Aprobado por la vía del artículo transitorio 58 de la Constitución y declarado exequible en la sentencia C-574 de 1992. La Ley 11 de 1992, que intentó aprobarlo, fue declarada inexequible por vicios de trámite en la sentencia C-088 de 1993.
Colombia se adhirió el 1 de septiembre de 1993; el Protocolo entró en vigor para el país el 1 de marzo de 1994 y se promulgó con el Decreto 82 de 1996.
1994-1996 · Protocolo II
Ley 171 de 1994, declarada exequible en la sentencia C-225 de 1995.
Adhesión el 14 de agosto de 1995 y entrada en vigor el 14 de febrero de 1996 (Decreto 509 de 1996).
2000-2001 · Código Penal
La Ley 599 de 2000 creó el Título II del Libro Segundo, «Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario», vigente desde el 24 de julio de 2001.
2002 · Estatuto de Roma
Ley 742 de 2002, declarada exequible en la sentencia C-578 de 2002.
Con base en el artículo 124 del Estatuto, Colombia excluyó por siete años la competencia de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra, que solo rige desde el 1 de noviembre de 2009.
2014 · Violencia sexual en el conflicto
Ley 1719 de 2014: nuevos tipos de violencia sexual en persona protegida e imprescriptibilidad de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.
Título II del Libro Segundo del CP
Delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH y sus penas
El Título II contiene un capítulo único con más de cuarenta tipos penales (artículos 135 a 164, con los artículos añadidos por la Ley 1719 de 2014). Todos comparten la exigencia de que la conducta se cometa con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Estas son las penas de prisión de los principales, según el texto vigente con los incrementos de la Ley 890 de 2004 y la reforma del artículo 162 por la Ley 2590 de 2026:
| Artículo y delito | Prisión (meses) |
|---|---|
| Artículo 135 · Homicidio en persona protegida | 480 a 600 |
| Artículo 136 · Lesiones en persona protegida | Pena de lesiones aumentada hasta en ⅓ |
| Artículo 137 · Tortura en persona protegida | 160 a 360 |
| Artículo 138 · Acceso carnal violento en persona protegida | 160 a 324 |
| Artículo 139 · Actos sexuales violentos en persona protegida | 64 a 162 |
| Artículo 141A · Esclavitud sexual en persona protegida | 160 a 324 |
| Artículo 142 · Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos | 96 a 180 |
| Artículo 143 · Perfidia | 48 a 144 |
| Artículo 144 · Actos de terrorismo | 240 a 450 |
| Artículo 145 · Actos de barbarie | 160 a 270 |
| Artículo 146 · Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos | 80 a 180 |
| Artículo 148 · Toma de rehenes | 320 a 540 |
| Artículo 149 · Detención ilegal y privación del debido proceso | 160 a 270 |
| Artículo 153 · Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias | 48 a 108 |
| Artículo 154 · Destrucción y apropiación de bienes protegidos | 80 a 180 |
| Artículo 157 · Ataque contra obras e instalaciones con fuerzas peligrosas | 160 a 270 |
| Artículo 159 · Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil | 160 a 360 |
| Artículo 160 · Atentados a la subsistencia y devastación | 80 a 180 |
| Artículo 161 · Omisión de medidas de protección a la población civil | 64 a 144 |
| Artículo 162 · Reclutamiento ilícito (Ley 2590 de 2026) | 480 a 600 |
| Artículo 164 · Destrucción del medio ambiente | 160 a 270 |
Las penas salen del texto del Código Penal que publica la JEP en su normograma, ya actualizado con la Ley 2590 de 2026, y se pueden contrastar en el Gestor Normativo de Función Pública. La mayoría de estos delitos tiene además multa e inhabilitación, y el juez aplica la pena vigente cuando ocurrieron los hechos, salvo que una posterior sea más favorable. En el marco normativo, al final de la guía, encontrará cada artículo con su enlace y sus reformas.
Algunos textos fueron ajustados por la Corte Constitucional: la sentencia C-148 de 2005 retiró la palabra «graves» del artículo 137 y la C-291 de 2007 se pronunció sobre los artículos 135, 156 y 157.
Elemento normativo común
«Con ocasión y en desarrollo del conflicto armado»: el nexo que define el delito
Respuesta corta
Para que una conducta sea un delito del Título II no basta que ocurra en una zona de conflicto. Debe existir un nexo cercano entre el hecho y el conflicto: que el conflicto haya influido sustancialmente en la capacidad del autor para cometerlo, en su decisión, en la forma de hacerlo o en su finalidad. Si ese nexo no se prueba, la conducta no encaja en el Título II y debe analizarse como delito común.
La Corte Suprema, siguiendo la jurisprudencia internacional, ha identificado en la sentencia SP4090 de 2016 factores para valorar el nexo:
La condición del autor
Si es combatiente o integrante de una de las partes del conflicto.
La condición de la víctima
Si es no combatiente o pertenece a la parte contraria.
La finalidad del acto
Si sirve a los fines de una campaña u operación militar.
El marco del acto
Si se cometió en el ámbito de los deberes oficiales del autor o aprovechando la situación creada por el conflicto.
Ninguno basta por sí solo: un homicidio por una riña personal puede carecer de nexo aunque el autor pertenezca a un grupo armado, y el asesinato de un líder social para consolidar control territorial puede tenerlo aunque no haya combates ese día.
El conflicto no tiene que ser la causa directa del delito: basta que haya desempeñado un papel sustancial. Con ese criterio, en la sentencia SP15512 de 2014 la Corte Suprema consideró probados el acceso carnal violento y la tortura en persona protegida cometidos por integrantes de un grupo que controlaba la zona, porque ese control determinó su capacidad para cometer los hechos, su impunidad y el silencio de la familia de la víctima. Y en la SP212 de 2021 mantuvo condenas por homicidio en persona protegida contra comandantes de un grupo surgido tras la desmovilización paramilitar que asesinó a tres civiles en un retén ilegal en 2008.
Por qué importa para la defensa. La Corte Suprema ha examinado casos en los que la defensa sostuvo que las sentencias solo mencionaron el conflicto, sin explicar por qué la muerte ocurrió con ocasión de él. Cuando el nexo no se motiva ni se prueba, se abre la discusión sobre la tipicidad del artículo 135 y su posible adecuación al homicidio de los artículos 103 y 104 del CP, con consecuencias en la pena, en la prescripción y en la competencia.
«Falsos positivos»
Ejecuciones extrajudiciales: por qué son homicidio en persona protegida
Las muertes de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública se conocen como «falsos positivos». La Corte Suprema cerró el debate sobre su calificación: la tesis de que no encajan en el artículo 135 fue refutada, y esos civiles son víctimas de homicidio en persona protegida.
En la sentencia SP4090 de 2016 (radicado 39842, 30 de marzo de 2016, M. P. Luis Guillermo Salazar Otero), la Corte mantuvo la condena por la muerte de dos civiles no combatientes durante una orden de operaciones dirigida contra grupos guerrilleros y paramilitares en el Cesar, y citó en el mismo sentido decisiones de 2013 y 2014.
- Justicia penal militar excluida
- Desde el Acto Legislativo 01 de 2015, el artículo 221 de la Constitución dispone que la justicia penal militar en ningún caso conocerá de crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
- Competencia de la JEP
- Los hechos anteriores al 1 de diciembre de 2016 cometidos por miembros de la Fuerza Pública con ocasión del conflicto son de competencia prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tramita estos casos en un macrocaso específico.
- Sin amnistía
- Las ejecuciones extrajudiciales, como los demás crímenes de guerra graves y de lesa humanidad, no son amnistiables, aunque en la JEP pueden recibir sanciones propias si hay reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Ley 1719 de 2014
Violencia sexual relacionada con el conflicto armado
La Ley 1719 de 2014 amplió los delitos sexuales en persona protegida para reflejar las conductas reconocidas por el derecho internacional. Además del acceso carnal violento (artículo 138) y los actos sexuales violentos (artículo 139), el CP tipifica hoy el acceso carnal y los actos sexuales abusivos con persona protegida menor de 14 años (138A y 139A), la esterilización forzada (139B), el embarazo forzado (139C), la desnudez forzada (139D), el aborto forzado (139E), la prostitución forzada (141), la esclavitud sexual (141A) y la trata con fines de explotación sexual (141B).
- Imprescriptibilidad
- La misma ley modificó el artículo 83 del CP: la acción penal para genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra es imprescriptible. Cuando la violencia sexual constituye crimen de guerra o de lesa humanidad, no prescribe.
- Investigación y prueba
- La ley incorporó reglas para investigar con enfoque diferencial y evitar la revictimización, en línea con los estándares internacionales sobre valoración del consentimiento en contextos coercitivos.
- Garantías del procesado
- Esas reglas no eliminan la presunción de inocencia ni el derecho a controvertir la prueba. La defensa debe ejercerse con técnica y respeto por la dignidad de la víctima.
Artículo 162 del CP
Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes
El artículo 162 del CP castiga a quien, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclute a menores de 18 años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. La pena ha subido en dos reformas recientes: la Ley 2110 de 2021 la fijó en 156 a 276 meses, y la Ley 2590 de 2026 (6 de julio de 2026, publicada el 9 de julio) la elevó a 480 a 600 meses de prisión —la misma del homicidio en persona protegida— y multa de 2.666,66 a 7.500 salarios mínimos. Esa ley también modificó el artículo 188D, sobre el uso de menores para cometer delitos.
Por el principio de legalidad, la pena aplicable es la vigente cuando se cometió el reclutamiento, salvo que una posterior sea más favorable. Como el reclutamiento puede prolongarse en el tiempo mientras el menor permanece en el grupo, la fecha de los hechos es un punto central del debate.
El estándar colombiano es más protector que el del Estatuto de Roma, que tipifica como crimen de guerra el reclutamiento de menores de 15 años. En Colombia, todo reclutamiento de menores de 18 años por partes del conflicto es delito, y los niños reclutados son ante todo víctimas: la ley les reconoce esa condición y les garantiza procesos de restablecimiento de derechos.
Crímenes internacionales
Crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio: diferencias
Crímenes de guerra
Cometidos en el contexto de un conflicto armado y asociados con él.
Corresponden, en esencia, a los delitos del Título II del CP.
Crímenes de lesa humanidad
Ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento del ataque. No requiere conflicto armado.
No existe un tipo penal autónomo de lesa humanidad; los jueces declaran que ciertos delitos (homicidio, desaparición, tortura, desplazamiento) constituyen crímenes de lesa humanidad por su contexto.
Genocidio
Intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Artículo 101 del CP, que incluye también a los grupos políticos.
Una conducta puede ser a la vez crimen de guerra y de lesa humanidad, y esa calificación determina imprescriptibilidad, beneficios, amnistía y competencia internacional. La aplicación de la imprescriptibilidad del artículo 83 del CP a hechos anteriores a su reforma por la Ley 1719 de 2014 ha sido objeto de debate y debe analizarse caso por caso.
Tampoco procede el principio de oportunidad: el parágrafo 3 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 lo excluye para graves infracciones al DIH, lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, y la Corte Constitucional lo extendió a las graves violaciones de derechos humanos (sentencia C-936 de 2010).
Competencia
¿Quién investiga y juzga las infracciones al DIH en Colombia?
Justicia penal ordinaria
Por regla general, los delitos del Título II cometidos después del 1 de diciembre de 2016, o anteriores que no estén en la JEP. Investiga la Fiscalía y juzgan los jueces penales, con el procedimiento de la Ley 906 de 2004.
Justicia penal militar y policial
Delitos de miembros de la Fuerza Pública en servicio activo relacionados con el servicio, salvo las exclusiones del artículo 221 de la Constitución. En situaciones de conflicto debe aplicar el DIH.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
De manera prevalente, las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por antiguos integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros o agentes del Estado no combatientes que se sometan voluntariamente (Acto Legislativo 01 de 2017 y Ley 1957 de 2019).
Justicia y Paz
Los hechos confesados por desmovilizados de grupos armados postulados a la Ley 975 de 2005, con penas alternativas.
Corte Penal Internacional
Solo de forma complementaria: si el Estado no puede o no quiere investigar genuinamente. La Fiscalía de la CPI cerró en 2021 su examen preliminar sobre Colombia, abierto desde 2004, y suscribió un acuerdo de cooperación con el Estado. Su competencia sobre crímenes de guerra en Colombia rige desde el 1 de noviembre de 2009.
El Sistema Interamericano puede declarar la responsabilidad del Estado, no de personas. Y una decisión de una instancia internacional que constate un incumplimiento protuberante del deber de investigar puede habilitar la acción de revisión de absoluciones o preclusiones en casos de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al DIH (numeral 4 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004).
Autoría y participación
Responsabilidad de mando y formas de autoría en crímenes del conflicto
Los crímenes del conflicto casi nunca son obra de una sola persona: suelen cometerse dentro de estructuras con jefes, mandos medios y ejecutores. Por eso el derecho penal no se queda en quien disparó, sino que examina también la responsabilidad de quien planeó, ordenó o, pudiendo evitarlo, permitió que ocurriera.
- Autoría mediata y coautoría
- Figuras del artículo 29 del CP que la jurisprudencia ha usado para atribuir responsabilidad a quienes dirigen estructuras armadas.
- Posición de garante
- El artículo 25 del CP permite imputar un resultado por omisión a quien tenía el deber jurídico de evitarlo y no actuó.
- Responsabilidad del superior
- El artículo 28 del Estatuto de Roma regula la responsabilidad de jefes y superiores por los crímenes de sus subordinados cuando sabían o debían saber y no adoptaron las medidas necesarias. En la JEP, el Acto Legislativo 01 de 2017 fijó reglas propias para los miembros de la Fuerza Pública, basadas en el control efectivo sobre la conducta de los subordinados.
- Lo que no se presume
- La responsabilidad no se deduce solo del cargo o del grado. Debe probarse el conocimiento, el control efectivo y la omisión de prevenir o sancionar, o la contribución concreta al hecho.
Debate probatorio
Cómo se prueba un delito contra el DIH
Un caso de DIH se prueba en dos niveles. Primero, el contexto: que había un conflicto, quiénes eran las partes y por qué el hecho tuvo relación con él. Después, lo individual: qué ocurrió, quién lo hizo, con qué intención y quién era la víctima. La mayoría de discusiones serias se dan en el cruce de esos dos niveles, por ejemplo cuando un informe de contexto se usa para suplir la falta de prueba sobre un hecho concreto.
Documentos militares y operacionales
Órdenes de operaciones, misiones tácticas, informes de patrullaje, registros de armamento y de pagos o recompensas.
Autenticidad, cadena de custodia, coherencia interna y contraste con la prueba forense.
Prueba forense
Necropsias, balística, trayectorias, distancia de disparo y residuos, que pueden confirmar o desmentir un combate.
Con dictámenes de contraste, revisando método, protocolo y conclusiones del perito.
Informes de contexto
La existencia del conflicto, las partes y los patrones regionales: análisis de la Fiscalía, informes del CICR, de la Defensoría (alertas tempranas) o de organismos internacionales.
Verificando su metodología y su pertinencia para la época y el lugar exactos de los hechos.
Estrategia
Cómo se construye la defensa en un proceso por delitos contra el DIH
En estos procesos la acusación suele apoyarse en el contexto: la región estaba en guerra, el procesado pertenecía a una estructura armada, la víctima era civil. Una buena defensa no niega ese contexto por sistema, sino que exige que cada pieza se pruebe para el caso concreto. Estos son los frentes que revisamos desde el primer día:
¿Había conflicto armado en ese lugar y en esa fecha?
No basta con decir que «en Colombia hay conflicto». La Fiscalía debe mostrar que, en la zona y la época de los hechos, había enfrentamientos con la intensidad y los grupos con la organización que exige el DIH. Si lo que existía era criminalidad común, el Título II no aplica.
¿El hecho tuvo relación real con el conflicto?
Aunque el autor pertenezca a un grupo armado, una muerte por un problema personal puede no tener nexo con la guerra. Si el conflicto no influyó en la decisión, la forma o la finalidad de la conducta, el caso debe juzgarse como delito común, con penas y reglas de prescripción distintas.
¿La víctima era persona protegida?
Hay que establecer si era civil, si estaba fuera de combate o si participaba directamente en las hostilidades en ese momento. La duda favorece la condición de civil, pero la Corte Suprema ha precisado que, por ejemplo, los integrantes de un grupo asesinados por sus propios compañeros no son personas protegidas.
¿El ataque era legítimo?
En operaciones militares se analiza si el objetivo era militar, si se tomaron las precauciones posibles y si el daño previsible a civiles era excesivo, siempre con la información que tenía quien decidió, no con lo que se supo después.
¿Qué hizo exactamente cada procesado?
La responsabilidad no se deduce del cargo ni del grado. Debe probarse qué sabía, qué control tenía sobre los hechos y cuál fue su aporte concreto. Este punto es decisivo en casos contra comandantes.
¿Qué jurisdicción conviene y qué consecuencias tiene?
No es lo mismo enfrentar un juicio ordinario que comparecer ante la JEP o estar en Justicia y Paz. Cada camino tiene beneficios, obligaciones de verdad y riesgos que deben evaluarse a tiempo, antes de tomar decisiones irreversibles.
Para las víctimas
Derechos de las víctimas de infracciones al DIH
Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En la práctica, esos derechos se ejercen por varias vías que pueden coexistir:
Denuncia penal y participación en el proceso
Ante la Fiscalía, con abogado, para intervenir en las audiencias, aportar pruebas y pedir la reparación en el incidente de reparación integral.
Registro como víctima del conflicto
La Ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas a quienes sufrieron daños por infracciones al DIH o violaciones graves de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto desde el 1 de enero de 1985. La Corte Constitucional precisó en la sentencia C-781 de 2012 que la expresión «con ocasión del conflicto armado» tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto.
Acreditación ante la JEP
En los macrocasos de la JEP, las víctimas pueden acreditarse, presentar informes y observaciones y participar en la definición de las sanciones restaurativas.
Ser reconocido como víctima del conflicto para la reparación administrativa no prueba por sí solo, en un juicio penal, el nexo que exige el Título II.
Lo que debe evitar
Errores frecuentes en casos relacionados con el DIH
En la práctica vemos los mismos errores una y otra vez, tanto en defensas como en representaciones de víctimas. Casi todos se pueden evitar si el caso se estudia temprano.
- Dar por probado el conflicto
- Muchas defensas aceptan sin discusión que hubo conflicto y nexo, cuando la Fiscalía solo aportó informes generales sobre la región. Ese silencio cuesta caro: es justamente lo que diferencia una pena de 40 a 50 años de la de un delito común.
- Dejar pasar la pregunta de la jurisdicción
- Si el caso podía ir a la JEP o a Justicia y Paz y nadie lo planteó a tiempo, se pierden oportunidades que después son difíciles de recuperar. Lo mismo ocurre al revés: comparecer sin medir las obligaciones de verdad que eso implica.
- Trabajar con penas desactualizadas
- El Código Penal ha cambiado varias veces en esta materia. Un ejemplo reciente es el reclutamiento ilícito, cuya pena se triplicó con la Ley 2590 de 2026. Citar un texto viejo puede arruinar una negociación o un cálculo de beneficios.
- Declarar sin asesoría
- Una versión libre, una entrevista o una declaración ante la JEP sin preparación puede convertirse en la prueba principal del caso. Antes de hablar con cualquier autoridad, conviene revisar el expediente con un abogado que conozca el DIH.
Acompañamiento integral
Cómo podemos ayudarle en asuntos de Derecho Internacional Humanitario
Trabajamos tanto con personas investigadas como con víctimas y sus familias. En los dos casos empezamos por lo mismo: entender qué pasó, en qué contexto y ante qué autoridad está el caso.
01
Defensa penal
Acompañamos a personas investigadas o acusadas por delitos del Título II desde la indagación hasta los recursos, discutiendo el conflicto, el nexo y la prueba de su participación.
02
Representación de víctimas
Presentamos la denuncia, intervenimos en las audiencias, tramitamos el incidente de reparación y acompañamos la acreditación ante la JEP.
03
Estudio de jurisdicción
Analizamos si el caso corresponde a la justicia ordinaria, a la penal militar, a la JEP o a Justicia y Paz, y qué implica cada opción para usted.
04
Prueba técnica
Coordinamos peritajes forenses, balísticos y de contexto, y revisamos con detalle los documentos militares y operacionales del expediente.
Legislación vigente
Marco normativo del DIH en Colombia
Esta sección reúne las normas que se citan a lo largo de la guía, con el enlace al texto de cada una y una explicación breve de para qué sirve en un caso real. Donde un artículo ha sido reformado o ajustado por la Corte Constitucional, lo indicamos, porque en estos procesos la pena aplicable es la vigente cuando ocurrieron los hechos, salvo que una norma posterior sea más favorable.
Tratados internacionales
Son el punto de partida: definen qué está prohibido en un conflicto armado y a quién se protege.
Convenios de Ginebra de 1949
Los cuatro Convenios protegen, en su orden, a los heridos y enfermos en campaña (I Convenio), a los heridos, enfermos y náufragos en el mar (II Convenio), a los prisioneros de guerra (III Convenio) y a la población civil (IV Convenio). Su artículo 3 común es la norma básica de los conflictos internos como los colombianos.
Protocolo adicional II
Desarrolla las garantías del artículo 3 común en los conflictos no internacionales. Rige para Colombia desde el 14 de febrero de 1996 y se promulgó con el Decreto 509 de 1996.
DIH consuetudinario
Lista de normas que el CICR identificó como costumbre internacional. Es útil cuando un tratado guarda silencio, sobre todo en conflictos internos.
Leyes colombianas
Son las leyes que incorporaron esos tratados al derecho interno o que regulan sus consecuencias penales, de víctimas y de justicia transicional.
Ley 5 de 1960
Aprobó los cuatro Convenios de Ginebra. Desde entonces obligan a Colombia.
Ley 171 de 1994
Aprobó el Protocolo II. La Corte Constitucional la declaró exequible en la sentencia C-225 de 1995.
Ley 742 de 2002
Aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la declaración que aplazó hasta el 1 de noviembre de 2009 su competencia sobre crímenes de guerra en Colombia.
Ley 1448 de 2011
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Define quién es víctima del conflicto para efectos de atención y reparación administrativa.
Ley 1719 de 2014
Creó nuevos delitos de violencia sexual en persona protegida y volvió imprescriptibles el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Ley 1908 de 2018
Distingue los grupos armados organizados de los grupos delictivos organizados y crea reglas de investigación y de sometimiento a la justicia.
Ley 1957 de 2019
Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz: fija su competencia, sus salas y sus sanciones.
Ley 2590 de 2026
La reforma más reciente: elevó la pena del reclutamiento ilícito a 480–600 meses y cambió el artículo 188D, sobre el uso de menores para cometer delitos.
Código Penal (Ley 599 de 2000): reglas generales
Estas normas no son delitos, pero deciden cómo se imputan y cuánto tiempo puede perseguirse un crimen del conflicto.
Artículo 2
Ordena integrar al Código las normas de derechos humanos de la Constitución y de los tratados ratificados. Es la puerta de entrada del DIH al juicio penal.
Artículo 25
Regula la responsabilidad por omisión: responde quien tenía el deber jurídico de evitar el resultado y no lo hizo. Se usa con frecuencia frente a comandantes.
Artículo 29
Define quiénes son autores: el que ejecuta, el que se vale de otro como instrumento y los coautores. De aquí parte la autoría mediata en estructuras armadas.
Artículo 83
Fija los términos de prescripción. Fue reformado por la Ley 1426 de 2010 y por la Ley 1719 de 2014, que declaró imprescriptibles el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Código Penal: delitos comunes que sirven de referencia
Cuando no se prueba el nexo con el conflicto o la condición protegida de la víctima, el caso suele terminar en alguno de estos tipos generales.
Artículo 101
Genocidio. A diferencia del estándar internacional, protege también a los grupos políticos; la Corte Constitucional retiró la exigencia de que el grupo actuara «dentro del marco de la ley» (sentencia C-177 de 2001).
Artículo 103
Homicidio simple. Es el tipo al que se acude cuando la muerte no tiene relación con el conflicto o la víctima no era persona protegida, como en la sentencia SP107 de 2020.
Artículo 104
Agravantes del homicidio. Ha tenido varias reformas que añadieron circunstancias; en la práctica define la pena del homicidio cuando no aplica el artículo 135.
Artículo 165
Desaparición forzada. No exige conflicto armado, por eso se aplica también fuera de él y concurre a menudo con el homicidio en persona protegida.
Artículo 178
Tortura. Tipo general que no requiere conflicto; la sentencia C-148 de 2005 eliminó la exigencia de que los dolores fueran «graves».
Artículo 180
Desplazamiento forzado. Es la alternativa al artículo 159 cuando el desplazamiento no está ligado al conflicto armado.
Título II del Código Penal: delitos contra las personas protegidas
Las penas de prisión de este grupo corresponden al texto con los incrementos del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 (aumento de una tercera parte en el mínimo y de la mitad en el máximo), aplicables a hechos cometidos desde el 1 de enero de 2005, con excepción del artículo 162, cuya pena fue fijada por la Ley 2590 de 2026. Concurren, además, las penas de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas previstas en cada tipo.
Artículo 135
Homicidio en persona protegida, con 480 a 600 meses de prisión. Su parágrafo define las personas protegidas para todo el Título. La Ley 1257 de 2008 añadió un aumento de un tercio a la mitad cuando la víctima es asesinada por ser mujer, y la Corte avaló la palabra «combatientes» del numeral 6 en la sentencia C-291 de 2007.
Artículo 136
Lesiones en persona protegida. No tiene pena propia: toma la de las lesiones personales y la aumenta hasta en una tercera parte.
Artículo 137
Tortura en persona protegida, con 160 a 360 meses. Igual que en el artículo 178, la sentencia C-148 de 2005 retiró la palabra «graves».
Artículo 138
Acceso carnal violento en persona protegida, con 160 a 324 meses.
Artículo 138A
Acceso carnal abusivo con persona protegida menor de 14 años, con 160 a 324 meses. Lo creó la Ley 1719 de 2014.
Artículo 139
Actos sexuales violentos en persona protegida, con 64 a 162 meses.
Artículo 139A
Actos sexuales con persona protegida menor de 14 años, con 64 a 162 meses. Creado por la Ley 1719 de 2014.
Artículo 139B
Esterilización forzada en persona protegida, con 64 a 162 meses. Creado por la Ley 1719 de 2014.
Artículo 139C
Embarazo forzado en persona protegida, con 160 a 324 meses. Creado por la Ley 1719 de 2014.
Artículo 139D
Desnudez forzada en persona protegida, con 64 a 162 meses. Creado por la Ley 1719 de 2014.
Artículo 139E
Aborto forzado en persona protegida, con 160 a 324 meses. Creado por la Ley 1719 de 2014.
Artículo 140
Agravantes de los delitos sexuales en persona protegida. Remite a las circunstancias del artículo 211.
Artículo 141
Prostitución forzada en persona protegida, con 160 a 324 meses. Su texto actual viene de la Ley 1719 de 2014.
Artículo 141A
Esclavitud sexual en persona protegida, con 160 a 324 meses. Creado por la Ley 1719 de 2014.
Artículo 141B
Trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual, con 156 a 276 meses. Creado por la Ley 1719 de 2014.
Artículo 146
Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, con 80 a 180 meses.
Artículo 147
Actos de discriminación racial, como las prácticas de segregación racial en el conflicto, con 80 a 180 meses.
Artículo 148
Toma de rehenes, con 320 a 540 meses. Un aparte de su texto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional; la sentencia C-291 de 2007 la distinguió del secuestro extorsivo.
Artículo 149
Detención ilegal y privación del debido proceso de una persona protegida, con 160 a 270 meses.
Artículo 162
Reclutamiento ilícito de menores de 18 años. Es el artículo que más ha cambiado: la Ley 2110 de 2021 subió la pena a 156–276 meses y la Ley 2590 de 2026 la llevó a 480–600 meses, igual que el homicidio en persona protegida.
Título II del Código Penal: medios de guerra, ayuda humanitaria y bienes protegidos
Estas conductas castigan la forma de hacer la guerra y los ataques contra bienes que la población civil necesita. Sus penas también son las aumentadas por la Ley 890 de 2004.
Artículo 142
Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, con 96 a 180 meses.
Artículo 143
Perfidia: matar, herir o capturar al adversario abusando de su buena fe, con 48 a 144 meses.
Artículo 144
Actos de terrorismo contra la población civil en el conflicto, con 240 a 450 meses. Es distinto del terrorismo común del artículo 343.
Artículo 145
Actos de barbarie, como no dar cuartel o rematar a los heridos, con 160 a 270 meses.
Artículo 150
Constreñimiento a apoyo bélico: obligar a una persona protegida a servir en las fuerzas de la parte adversa, con 48 a 108 meses.
Artículo 151
Despojo en el campo de batalla: quitarle sus pertenencias a un cadáver o a una persona protegida, con 48 a 180 meses.
Artículo 152
Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, con 48 a 90 meses.
Artículo 153
Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, con 48 a 108 meses, aumentada si se usa violencia. Tiene un aparte declarado inexequible.
Artículo 154
Destrucción y apropiación de bienes protegidos, con 80 a 180 meses.
Artículo 155
Destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario, con 80 a 180 meses.
Artículo 156
Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y lugares de culto, con 48 a 180 meses. La sentencia C-291 de 2007 retiró la exigencia de que estuvieran señalados con los signos convencionales.
Artículo 157
Ataque contra obras con fuerzas peligrosas, como represas o centrales, con 160 a 270 meses, o 240 a 360 si se liberan esas fuerzas. También fue ajustado por la sentencia C-291 de 2007 en lo relativo a los signos.
Artículo 158
Represalias contra personas o bienes protegidos, con 32 a 90 meses.
Artículo 159
Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, con 160 a 360 meses.
Artículo 160
Atentados a la subsistencia y devastación de bienes indispensables para la población, con 80 a 180 meses.
Artículo 161
Omisión de medidas de protección a la población civil, con 64 a 144 meses.
Artículo 163
Exacción o contribuciones arbitrarias impuestas a la población, con 96 a 270 meses.
Artículo 164
Destrucción del medio ambiente con medios o métodos de guerra pensados para causar daños extensos, duraderos y graves al medio natural, con 160 a 270 meses.
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
Estas normas definen quién juzga, qué salidas procesales existen y cómo participan las víctimas.
Artículo 3
Da prelación a los tratados de derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción, también dentro del proceso penal.
Artículo 11
Enumera los derechos de las víctimas: verdad, justicia, reparación, información y participación.
Artículo 35
Asigna a los jueces penales del circuito especializados, en su numeral 4, los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH. Leyes posteriores le añadieron otros delitos, como la Ley 985 de 2005 y la Ley 2111 de 2021.
Artículo 102
Regula el incidente de reparación integral, por el que la víctima reclama los perjuicios después de la condena. Su texto fue modificado por la Ley 1395 de 2010.
Artículo 137
Fija cómo intervienen las víctimas en la actuación penal, incluida su representación por abogado.
Artículo 192
Acción de revisión. Su numeral 4 permite revisar decisiones en casos de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al DIH; la sentencia C-979 de 2005 eliminó la palabra «absolutorio» para que no se limitara a las absoluciones.
Artículo 324
Causales del principio de oportunidad, en el texto de la Ley 1312 de 2009. Su parágrafo 3 lo prohíbe en graves infracciones al DIH, lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio; la sentencia C-936 de 2010 lo extendió a las graves violaciones de derechos humanos.
Constitución Política de 1991
Marco constitucional
La Constitución no solo permite aplicar el DIH: lo pone por encima de la ley y lo protege incluso en estados de excepción. Estas son las normas constitucionales que más pesan en un caso relacionado con el conflicto armado.
Artículo 12
Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es el fundamento constitucional de la protección que el DIH extiende a las personas en poder de una parte del conflicto.
Artículo 29
Garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Rige plenamente aunque la acusación sea por un crimen de guerra o de lesa humanidad.
Artículo 93
Da prevalencia en el orden interno a los tratados de derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción. Con base en esta norma, la Corte Constitucional integró el DIH al bloque de constitucionalidad en la sentencia C-225 de 1995.
Artículo 94
Aclara que la enunciación de derechos de la Constitución y de los tratados no excluye otros inherentes a la persona, lo que refuerza la protección de las víctimas del conflicto.
Artículo 214
Regula los estados de excepción. Su numeral 2 prohíbe suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales y ordena que en todo caso se respeten las reglas del DIH.
Artículo 221
Regula el fuero penal militar. Tras el Acto Legislativo 01 de 2015, excluye de esa justicia la lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado, y ordena aplicar el DIH a los hechos ocurridos en situaciones de conflicto.
Precedentes
Jurisprudencia sobre DIH: Corte Constitucional y Corte Suprema
Estas son las decisiones que más ayudan a entender cómo aplican el DIH los jueces colombianos. Cada una enlaza a su texto completo en el sitio de la corte o en un normograma público, para que pueda leerla directamente.
Corte Constitucional
Sentencia C-225 de 1995
Declaró exequibles el Protocolo II y la Ley 171 de 1994. Introdujo la noción de bloque de constitucionalidad, afirmó el carácter imperativo de las normas humanitarias y precisó que su aplicación no equivale a reconocer beligerancia a los grupos armados.
Sentencia C-291 de 2007
Estudió los artículos 135, 156 y 157 del CP. Desarrolló los criterios para determinar la existencia de un conflicto armado interno y declaró exequible la palabra «combatientes» del numeral 6 del parágrafo del artículo 135, entendida como una categoría de personas fuera de combate.
Sentencia C-781 de 2012
Declaró exequible la expresión «ocurridas con ocasión del conflicto armado interno» de la Ley 1448 de 2011 y precisó que tiene un sentido amplio, que exige una relación cercana y suficiente con el conflicto.
Sentencia C-074 de 2026
Se declaró inhibida frente a la demanda que pedía incluir como personas protegidas a los integrantes de grupos armados víctimas de violencia sexual por sus propios compañeros, por falta de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
Sentencia SP15512 de 2014, radicado 39392
Casó parcialmente y declaró configurados el acceso carnal violento y la tortura en persona protegida en el Catatumbo. Precisó que el conflicto no tiene que ser la causa directa: basta un papel sustancial, como el control territorial del grupo. Aplicó perspectiva de género y reconoció que un entorno coercitivo creado por un grupo armado puede excluir el consentimiento.
Sentencia SP16258 de 2015, radicado 45463
Segunda instancia del proceso de Justicia y Paz contra Salvatore Mancuso y otros seis postulados. Los cargos, organizados por patrones de macrocriminalidad, incluyen homicidio y tortura en persona protegida, actos de terrorismo, actos de barbarie, despojo en el campo de batalla y desplazamiento forzado de población civil.
Sentencia SP4090 de 2016, radicado 39842
Reiteró la existencia del conflicto armado en Colombia, fijó factores para valorar el nexo de la conducta con el conflicto y confirmó que la muerte de civiles presentados como bajas en combate es homicidio en persona protegida.
Sentencia SP107 de 2020, radicado 48724
Confirmó la recalificación a homicidio agravado de la muerte de integrantes de las autodefensas ejecutados por su propio grupo: la pertenencia al grupo los hace combatientes y no personas protegidas. Usó, como criterio auxiliar, los factores internacionales de nexo avalados en la sentencia C-291 de 2007.
Sentencia SP212 de 2021, radicado 52400
No casó la condena por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y hurto contra comandantes de un grupo que asesinó a tres civiles en un retén ilegal en el sur de Bolívar en 2008. Reiteró que el conflicto armado es un hecho que no requiere declaración del Gobierno.
Sentencia de única instancia, radicado 32672
Recordó que el principio de oportunidad para desmovilizados no se aplica a graves infracciones al DIH, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
Honorarios y alcance
¿Cuánto cuesta un abogado para un caso de DIH?
La cotización depende de la jurisdicción, la etapa, el expediente, los peritajes y el número de audiencias. Son referencias generales de la guía de honorarios de Asesoría Penal 24/7, no precios mínimos.
Consulta penal inicial
0,5 SMLMV
Diagnóstico del caso, de la jurisdicción y de la estrategia.
Indagación penal
14 a 70 SMLMV
Estudio de la actuación y gestión ante la Fiscalía antes de la imputación.
Audiencias preliminares
5 a 50 SMLMV
Intervenciones puntuales, según su número y complejidad.
Investigación, acusación y juicio
35 a 170 SMLMV
Defensa o representación completa hasta la sentencia, con los recursos cuando se pactan.
Los rangos no se suman automáticamente. Peritajes, desplazamientos e impuestos se definen aparte, en una propuesta escrita.
Inquietudes habituales
Preguntas frecuentes sobre el Derecho Internacional Humanitario
Conceptos básicos
¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario y cuándo se aplica?
Es la rama del derecho internacional público que regula la conducción de las hostilidades y protege a las personas que no participan o han dejado de participar en ellas. Sus fuentes son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos adicionales I y II de 1977, otros tratados sobre armas y bienes culturales, y el DIH consuetudinario.
Se aplica por la existencia objetiva de un conflicto armado, internacional o no internacional, con independencia de que las partes lo reconozcan o de la denominación política que se le dé. En Colombia, por mandato del artículo 214, numeral 2, de la Constitución, sus reglas deben respetarse incluso durante los estados de excepción.
¿Cuáles son los principios del DIH y cómo se aplican?
Los principios de la conducción de hostilidades son la distinción (dirigir los ataques solo contra combatientes y objetivos militares), la proporcionalidad (prohibición de ataques cuyo daño incidental previsible a civiles sea excesivo frente a la ventaja militar concreta y directa), la precaución (adoptar todas las medidas factibles para verificar el objetivo y reducir el daño a la población civil), la necesidad militar y la humanidad, que prohíbe los males superfluos y los sufrimientos innecesarios. A ellos se suma la prohibición de la perfidia.
Su cumplimiento se evalúa con la información razonablemente disponible para quien decidió el ataque en el momento de hacerlo (perspectiva ex ante), no con lo que se conoció después. En caso de duda sobre la condición de una persona, debe presumirse civil.
¿Cuál es la diferencia entre DIH y derechos humanos?
El DIH es un régimen especial que solo opera en conflictos armados y vincula a todas las partes, incluidos los grupos armados organizados no estatales. El derecho internacional de los derechos humanos rige en todo tiempo, obliga principalmente al Estado y su incumplimiento genera responsabilidad internacional ante órganos como la Comisión y la Corte Interamericana.
Durante un conflicto ambos regímenes se aplican de forma complementaria. En la conducción de hostilidades prevalece el DIH como norma especial; fuera de ellas, como en un procedimiento policial, una protesta o una captura en zona urbana, rige el modelo de uso de la fuerza de los derechos humanos, que solo admite la fuerza letal como último recurso.
¿Cuándo existe jurídicamente un conflicto armado no internacional?
Según el estándar fijado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Tadić (1995), acogido por la Corte Constitucional y la Corte Suprema, existe cuando hay violencia armada prolongada entre las autoridades estatales y grupos armados organizados, o entre esos grupos, con un nivel suficiente de intensidad y de organización.
La intensidad se mide por la duración y frecuencia de los enfrentamientos, el tipo de armas, el número de víctimas y desplazados y el despliegue de fuerzas militares. La organización, por la existencia de mando, disciplina, capacidad operativa y control territorial. Los disturbios interiores, los motines y los actos esporádicos de violencia no alcanzan ese umbral (artículo 1.2 del Protocolo II). Para que se aplique el Protocolo II se exige además que el grupo, bajo un mando responsable, controle una parte del territorio que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
Aplicación en Colombia
¿Hay conflicto armado en Colombia?
Sí. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ha considerado incontrovertible la existencia de una confrontación armada irregular de más de cinco décadas, y ha precisado que el conflicto es un hecho objetivo que no depende de una declaración del Gobierno (sentencias SP4090 de 2016 y SP212 de 2021). El CICR, por su parte, reporta varios conflictos armados no internacionales activos y un deterioro humanitario progresivo desde 2018.
Esa constatación general no exime a la Fiscalía de su carga probatoria: en cada proceso debe acreditar que, en la zona y época de los hechos, existía el conflicto y que la conducta concreta tuvo nexo con él.
¿Qué significa «con ocasión y en desarrollo del conflicto armado»?
Es el elemento normativo que comparten todos los delitos del Título II del Código Penal y exige un nexo cercano entre la conducta y el conflicto. La Corte Suprema, siguiendo la jurisprudencia internacional, ha señalado que el conflicto no tiene que ser la causa del delito, pero sí debe haber desempeñado un papel sustancial en la capacidad del autor para cometerlo, en su decisión, en la forma de hacerlo o en su finalidad.
Para valorarlo se consideran, entre otros factores, la condición de combatiente del autor, la condición de no combatiente de la víctima, que el acto sirva a los fines de una campaña militar y que se cometa en el marco de los deberes oficiales del autor (SP4090 de 2016 y SP15512 de 2014). Si el nexo no se prueba, la conducta debe adecuarse a un tipo penal común.
¿Qué es una persona protegida según el Código Penal?
El parágrafo del artículo 135 del Código Penal, aplicable a todo el Título II, enumera ocho categorías: los integrantes de la población civil; las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa; los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate; el personal sanitario o religioso; los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados; los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga; quienes antes de las hostilidades eran apátridas o refugiados, y cualquier otra persona protegida por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos.
La Corte Constitucional declaró exequible la expresión «combatientes» del numeral 6 en la sentencia C-291 de 2007, entendida como una categoría de personas fuera de combate.
¿Un integrante de un grupo armado puede ser persona protegida?
Sí, cuando ha quedado fuera de combate: por captura, rendición, heridas o enfermedad. Mientras participe en las hostilidades no goza de la protección contra los ataques que el DIH reconoce a los civiles.
La Corte Suprema precisó en la sentencia SP107 de 2020 que los integrantes de un grupo armado ejecutados por sus propios compañeros no son personas protegidas, por lo que esas muertes se califican como homicidio agravado y no como homicidio en persona protegida. En la sentencia C-074 de 2026, la Corte Constitucional se declaró inhibida frente a una demanda que pedía extender la protección a combatientes víctimas de violencia sexual dentro de sus propias filas, de modo que el tema sigue abierto en la jurisprudencia penal y en la JEP.
¿Cuál es la pena por homicidio en persona protegida?
El artículo 135 del Código Penal prevé prisión de 480 a 600 meses (40 a 50 años), multa de 2.666,66 a 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 240 a 360 meses, según el texto con los incrementos de la Ley 890 de 2004. La pena se aumenta de una tercera parte a la mitad cuando el homicidio se comete contra una mujer por el hecho de serlo (Ley 1257 de 2008).
Si no se prueban el nexo con el conflicto o la condición protegida de la víctima, la conducta se adecúa al homicidio de los artículos 103 y 104 del Código Penal, con consecuencias distintas en la pena, la prescripción y la competencia.
¿Cuál es la pena por reclutamiento ilícito de menores?
Tras la Ley 2590 de 2026, publicada el 9 de julio de 2026, el artículo 162 del Código Penal castiga con prisión de 480 a 600 meses y multa de 2.666,66 a 7.500 salarios mínimos a quien, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclute a menores de 18 años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. Antes, la Ley 2110 de 2021 había fijado la pena en 156 a 276 meses.
Por el principio de legalidad, la pena aplicable es la vigente cuando ocurrieron los hechos, salvo que una posterior resulte más favorable. Como el reclutamiento puede prolongarse mientras el menor permanece en el grupo, la determinación de la fecha de los hechos es decisiva. El estándar colombiano es más protector que el del Estatuto de Roma, que tipifica como crimen de guerra el reclutamiento de menores de 15 años.
¿Los «falsos positivos» son crímenes de guerra?
La Corte Suprema ha establecido que la muerte de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública constituye homicidio en persona protegida del artículo 135 del Código Penal: la víctima no era combatiente y el hecho está ligado al conflicto, que es condición para que ocurra (SP4090 de 2016). Dependiendo del contexto, estos hechos también pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático.
Por mandato del artículo 221 de la Constitución, la justicia penal militar no puede conocer de ejecuciones extrajudiciales. Los hechos anteriores al 1 de diciembre de 2016 son de competencia prevalente de la JEP, donde no son amnistiables, aunque pueden recibir sanciones propias si hay reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Procesos, jurisdicciones y víctimas
¿Los crímenes de guerra prescriben en Colombia?
No. El artículo 83 del Código Penal, modificado por la Ley 1719 de 2014, dispone que la acción penal para el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra es imprescriptible.
La aplicación de esa regla a hechos anteriores a la reforma ha sido objeto de debate y depende de cómo se califique la conducta en el caso concreto. Cuando no se declara la imprescriptibilidad, rigen los términos ordinarios: la acción prescribe en el máximo de la pena fijada en la ley, sin superar veinte años salvo las excepciones legales, y el término se interrumpe con la formulación de imputación.
¿Procede el principio de oportunidad o la rebaja por acuerdos en estos delitos?
El principio de oportunidad está excluido. El parágrafo 3 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, en el texto de la Ley 1312 de 2009, prohíbe aplicarlo en investigaciones por graves infracciones al DIH, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, y la Corte Constitucional extendió la prohibición a las graves violaciones de derechos humanos (sentencia C-936 de 2010).
Los preacuerdos y la aceptación de cargos no están prohibidos de forma general para todos los delitos del Título II, pero su procedencia y alcance deben revisarse caso por caso, según la conducta, la condición de la víctima y las restricciones legales vigentes.
¿La justicia penal militar puede juzgar infracciones al DIH?
Puede conocer de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el servicio, y en esos casos debe aplicar el DIH. Sin embargo, el artículo 221 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2015, le prohíbe conocer de crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado, que corresponden a la justicia ordinaria o, según la fecha y el nexo con el conflicto, a la JEP.
¿Qué casos conoce la Jurisdicción Especial para la Paz?
De forma prevalente, las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por antiguos integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y, si se someten voluntariamente, terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (Acto Legislativo 01 de 2017 y Ley 1957 de 2019).
Quien reconoce verdad y responsabilidad puede recibir sanciones propias, de contenido restaurativo; quien no lo hace y es vencido en juicio enfrenta sanciones ordinarias de hasta 20 años de privación de la libertad.
¿Puede la Corte Penal Internacional juzgar casos de Colombia?
Solo de manera complementaria, cuando el Estado no está dispuesto a investigar o juzgar genuinamente, o no puede hacerlo. Su competencia rige desde el 1 de noviembre de 2002 para genocidio y lesa humanidad, y desde el 1 de noviembre de 2009 para crímenes de guerra, por la declaración que Colombia formuló con base en el artículo 124 del Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002).
En 2021 la Fiscalía de la CPI cerró el examen preliminar sobre Colombia, abierto desde 2004, y suscribió un acuerdo de cooperación con el Gobierno, lo que significa que hoy no hay una investigación formal abierta, pero la situación puede reexaminarse.
¿Cómo puede una víctima reclamar sus derechos?
Por la vía penal, constituyéndose como víctima en el proceso con representación de abogado para intervenir en las audiencias y reclamar la reparación en el incidente de reparación integral (artículos 11, 102 y 137 de la Ley 906 de 2004). Por la vía administrativa, declarando ante el Ministerio Público para su inscripción en el Registro Único de Víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1985.
Si los hechos son de competencia de la JEP, la víctima puede acreditarse en el macrocaso correspondiente, presentar informes y participar en la definición de las sanciones restaurativas. Estas vías no son excluyentes.
¿Qué hago si me investigan por un delito contra el DIH?
No rinda versión, interrogatorio ni entrevista sin abogado, incluso si la diligencia se presenta como informal. Identifique de inmediato qué autoridad conoce el caso —Fiscalía, justicia penal militar, JEP o Justicia y Paz— y reúna los documentos de la época: órdenes de operaciones, informes, registros de la unidad y cualquier soporte de su ubicación y funciones.
La defensa debe examinar la prueba del conflicto en ese lugar y fecha, el nexo, la condición de la víctima, la legalidad del ataque si hubo una operación militar y su participación concreta. Decisiones como aceptar cargos, preacordar o comparecer ante la JEP tienen efectos difíciles de revertir y deben evaluarse antes de tomarlas.
Respaldo profesional
Quién dirige su caso
Los asuntos de DIH los dirige el abogado senior de la firma, con un equipo que analiza el contexto, la prueba técnica y la jurisdicción desde la primera consulta.
Andrés Felipe Martínez Moya
Abogado Senior y Director Legal
- Formación: abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia; magíster en Derecho Penal y doctorando en Derecho de la Universidad de los Andes.
- Experiencia: cerca de 3.000 casos penales asesorados o representados, como defensor y como apoderado de víctimas.
- En DIH: analiza la existencia del conflicto, el nexo y la condición de persona protegida, y define la estrategia según la jurisdicción.
Equipo de la firma
Trabajo coordinado en cada expediente
- Litigantes penales: preparan audiencias, juicio y recursos.
- Análisis probatorio: revisan documentos operacionales, informes de contexto y prueba forense.
- Atención al cliente: informan al cliente y a su familia de cada audiencia y decisión.
Reserva y transparencia: antes de aceptar un caso verificamos que no haya conflicto de intereses, y todo lo que el cliente nos cuenta queda protegido por el secreto profesional.
Atención jurídica
Abogados para casos de Derecho Internacional Humanitario en Bogotá y en toda Colombia
Atendemos casos relacionados con el conflicto armado ante fiscalías y juzgados de todo el país, la JEP y las salas de Justicia y Paz, muchas veces de forma virtual.
Nuestra oficina está en la Calle 99 #10-57, Edificio Ecotek, piso 6, Bogotá.
Si lo citaron a rendir versión o interrogatorio por hechos relacionados con el conflicto, escríbanos antes de acudir.
Qué enviarnos por WhatsApp
- Autoridad que lo cita: Fiscalía, JEP o juzgado.
- Lugar y fecha de los hechos.
- Número de radicado o noticia criminal.
- Audiencias o diligencias programadas.
Atención 24/7 · Actuaciones virtuales en todo el país
¿Tiene un caso relacionado con el conflicto armado?
Revisamos la prueba del conflicto, del nexo y de la condición de las víctimas, y lo representamos ante la Fiscalía, los jueces y la JEP.
Información útil para la evaluación inicial
- Citación o comunicación recibida
- Radicado del proceso
- Autoridad y jurisdicción
- Fecha y lugar de los hechos
- Unidad o estructura implicada
- Documentos operacionales
- Dictámenes forenses
- Constancias de víctima o registro
Contenido informativo sobre el Derecho Internacional Humanitario y su aplicación en el derecho penal colombiano, actualizado al 7 de noviembre de 2026. No sustituye la asesoría sobre un caso concreto ni garantiza resultados.