La prisión domiciliaria en Colombia

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En la mayoría de los delitos, el sistema penal colombiano establece como pena principal la privación de la libertad, la cual generalmente se cumple en establecimiento carcelario. El objetivo principal de este tipo de condenas consiste en la protección de la comunidad, la reducción de la tasa de criminalidad y la resocialización para el delincuente. En Colombia la pena privativa de la libertad tiene un límite máximo de cincuenta (50) años, no obstante, cuando se tratan de crímenes de lesa humanidad o que afecten el derecho internacional humanitario, las condenas pueden ser hasta de sesenta (60) años

La ley establece que las penas privativas de la libertad deberán efectuarse en establecimiento carcelario de máxima, mediana o mínima seguridad, dependiendo de la gravedad del delito. En ciertos casos particulares el condenado puede solicitar la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por el domicilio o en el lugar que el juez decida. Así, este mecanismo es llamado prisión domiciliaria, la cual deberá ser impuesta por el Juez de Ejecución de Penas y será materializada por los funcionarios del INPEC.

La prisión domiciliaria en el Código Penal

El artículo 38 del Código Penal Colombiano, consagra el mecanismo de sustitución de la pena privativa de la libertad en el lugar de domicilio del condenado o en el lugar que decida el Juez de Ejecución de Penas, a excepción de aquellos casos en que la víctima pertenezca al grupo familiar del condenado. Para la procedencia de este mecanismo sustitutivo de la pena la ley establece unos requisitos subjetivos y otros requisitos objetivos, a saber:

Requisitos subjetivos que debe cumplir el condenado: estos hacen referencia al ámbito personal del condenado.

  • Las actividades y comportamientos desarrollados por el solicitante en los diferentes entornos de la vida deberán vislumbrar que no representa un peligro para la sociedad y cumplirá su condena.
  • El condenado debe otorgar las garantías necesarias para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con esta medida, entre las cuales se resaltan: – Solicitar al funcionario competente la autorización para el cambio de domicilio; – Ejecutar una buena conducta; – Reparar todos los daños causados a la víctima del ilícito; – Comparecer ante la autoridad designada para la vigilancia del cumplimiento de la condena; -Facilitar la entrada al domicilio de los funcionarios que se encuentren encargados de vigilar la ejecución de la sanción.
  • El condenado debe demostrar arraigo familiar y social.
  • La víctima y el victimario no deben ser parte del mismo grupo familiar.

Requisitos objetivos exigidos por la Ley para el otorgamiento de la prisión domiciliaria: hacen relación a los elementos objetivos del delito y la pena.

  • El delito por el cual ha sido condenado el sujeto debe tener una pena no superior a ocho (8) años.
  • Al momento de presentar la solicitud el condenado debe haber cumplido al menos el 50% de la sentencia.
  • El condenado no puede haber sido sentenciado por alguno de los delitos excluidos por el artículo 68 A del Código Penal, tales como, los tipos penales que atentan contra la libertad y formación sexual, estafa, abuso de confianza, concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio, violencia intrafamiliar, lavado de activos, trata de personas, enriquecimiento ilícito, entre otros.

¿Cómo se debe presentar la solicitud para el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria?

El mecanismo sustitutivo de prisión domiciliario se ejerce mediante la presentación de una solicitud ante el de Juez de Ejecución de Penas, con el fin que permita el cumplimiento de la sentencia en el lugar del domicilio del condenado y no en un establecimiento carcelario. Pese a que, esta medida no brinda una libertad de locomoción absoluta, le permite al sujeto un mayor grado de independencia. Esta solicitud no procederá cuando el sujeto se encuentre evadiendo la justicia.

La petición de prisión domiciliaria se hace a través de un memorial dirigido al Juez de Ejecución de Penas encargado del proceso. En esa petición deberá manifestar los hechos y expresar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley para la procedencia de este mecanismo, por lo tanto, lo más adecuado es contar con la asesoría de un abogado experto en materia penal.

El Juez que otorgue este mecanismo sustitutivo podrá exigir el uso de un dispositivo de rastreo electrónico en aquellos casos en los que el beneficiario estudie o trabaje para obtener una reducción de la pena.

La prisión domiciliaria tiene como objetivo garantizar los derechos humanos y la dignidad, por consiguiente, el legislador estableció cuatro causales, sobre las cuales existe una mayor viabilidad de la procedencia de este beneficio, a saber:

  • Personas que sean mayores de sesenta y cinco (65) años, en estos casos el Juez deberá observar la modalidad de la conducta delictiva.
  • Las mujeres que se encuentre en los últimos dos meses de gestación o cuando no han transcurrido seis meses posteriores al momento en el que dio a luz.
  • Cuando el condenado padezca una grave enfermedad, la cual debe estar prescrita por un médico oficial.
  • Cuando el sentenciado sea padre o madre cabeza de familia, o cuando se encuentre a su cuidado un hijo con alguna discapacidad permanente.

La prisión domiciliaria y su jurisprudencia

La Honorable Corte Constitucional se ha manifestado en diversas jurisprudencias sobre el tema, de la siguiente manera: La detención en un establecimiento carcelario podrá ser sustituida por la detención en el domicilio del condenado, cuando el sentenciado se encuentre en un delicado estado de salud, debido a una enfermedad grave, la cual debe estar diagnosticada mediante dictamen realizado por médicos oficiales. El juez determinará el lugar donde el condenado cumpla su sentencia, ya sea una clínica o en su lugar de residencia.

En el caso en que el sentenciado sufra una patología que le genere incompatibilidad con la reclusión en establecimiento carcelario, el Juez tendrá la potestad de autorizar la prisión en el domicilio o en un centro hospitalario autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario.

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