Respuesta clave
¿Qué es la acción penal?
Respuesta corta
La acción penal es la facultad, y a la vez el deber, que tiene el Estado de perseguir los delitos: investigar los hechos, formular imputación, acusar ante un juez y pedir una condena. En Colombia es pública, obligatoria y, por regla general, oficiosa: la Fiscalía General de la Nación debe ejercerla cuando existan motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia de un delito. No es renunciable a voluntad, salvo en los casos que la ley autoriza, y se extingue solo por las causales legales.
Hablar de acción penal es hablar del límite entre el poder punitivo del Estado y las garantías del ciudadano. La acción penal define quién puede acusar, en qué delitos se necesita la voluntad de la víctima para iniciar el proceso, cuándo el proceso puede terminar sin juicio y cuánto tiempo tiene el Estado para investigar y juzgar antes de perder esa facultad.
Para un investigado, conocer estas reglas puede significar la diferencia entre un proceso que continúa y uno que debe terminar por prescripción, caducidad de la querella o desistimiento. Para una víctima, define qué debe hacer, y en qué plazo, para que su caso sea investigado.
Titularidad
¿Quién ejerce la acción penal en Colombia?
El artículo 250 de la Constitución Política de Colombia de 1991 dispone que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a investigar los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre que medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen su posible existencia. El artículo 66 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) desarrolla esa titularidad y esa obligatoriedad.
- Principio de legalidad u obligatoriedad
- La Fiscalía no puede escoger libremente qué delitos investiga. Si hay motivos, debe actuar.
- Principio de oportunidad como excepción
- El mismo artículo 250 de la Constitución Política de Colombia de 1991 permite a la Fiscalía suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en las causales que fija la ley y con control del juez de control de garantías.
- La víctima como acusador
- El parágrafo 2 del artículo 250, adicionado por el Acto Legislativo 06 de 2011, permite al legislador atribuir el ejercicio de la acción penal a la víctima en atención a la naturaleza del bien jurídico o a la menor lesividad de la conducta. Esa posibilidad se desarrolló con la figura del acusador privado de la Ley 1826 de 2017.
- Otras autoridades
- Los aforados constitucionales tienen reglas especiales de investigación y juzgamiento, y la Justicia Penal Militar conoce de los delitos de la Fuerza Pública relacionados con el servicio.
Formas de activación
Clases de acción penal: de oficio, querella, petición especial y acción privada
De oficio
Con cualquier noticia criminal: denuncia, informe de policía, captura en flagrancia o conocimiento directo de la Fiscalía.
Es la regla general. La denuncia no es un requisito de procedibilidad: solo informa del hecho. Retirarla no termina el proceso.
Querella
Con la querella del querellante legítimo, normalmente la víctima, en los delitos que enumera el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Sin querella oportuna no puede iniciarse la acción. Admite desistimiento y exige intentar la conciliación.
Petición especial
Con la solicitud de la autoridad que la ley señala, en los delitos que menciona el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Opera en hipótesis excepcionales, como ciertos delitos cometidos en el exterior.
Acción privada
La víctima, con abogado, asume la acusación en los delitos que admiten conversión de la acción penal (artículos 549 y siguientes del Código de Procedimiento Penal [Ley 906 de 2004]).
Se tramita por el procedimiento abreviado de la Ley 1826 de 2017. La Fiscalía puede actuar de forma preferente.
Un error frecuente es llamar «a instancia de parte» a todo delito denunciado. La denuncia y la querella no son lo mismo: la denuncia solo pone en conocimiento el hecho; la querella es una condición para que el Estado pueda actuar en ciertos delitos.
Condición de procesabilidad
Delitos querellables: plazo, conciliación y desistimiento
El artículo 74 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) enumera las conductas que requieren querella. Entre ellas están los delitos que no tienen pena privativa de la libertad, con algunas excepciones, y conductas como la injuria, la calumnia, las lesiones personales culposas, el abuso de confianza, el daño en bien ajeno, la usura y el hurto simple, la estafa y la invasión de tierras o edificaciones cuando la cuantía no supera 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Cuándo no se exige querella
- Según el mismo artículo 74, no se requiere en casos de flagrancia, cuando la víctima es menor de edad o inimputable, ni cuando se trata de presunta violencia contra la mujer, entre otros supuestos.
- Plazo de caducidad
- La querella debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la comisión del delito, con la regla especial del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) para cuando el querellante no pudo conocer el hecho por fuerza mayor o caso fortuito. Si caduca, la acción penal se extingue.
- Conciliación obligatoria
- El artículo 522 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) exige intentar la conciliación antes de ejercer la acción penal en los delitos querellables. Si hay acuerdo, se archiva; si no, la Fiscalía continúa.
- Desistimiento
- El querellante puede desistir en las condiciones del artículo 76 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). El desistimiento extingue la acción penal y no puede revocarse.
Ley 1826 de 2017
La acción penal privada y el acusador privado
La Ley 1826 de 2017 creó el procedimiento penal abreviado y la figura del acusador privado. En los delitos que admiten conversión (artículo 550 del Código de Procedimiento Penal [Ley 906 de 2004]), la víctima puede pedir que la acción penal pública se convierta en privada y asumir ella misma la acusación, a través de su abogado.
- Requisitos
- La conversión debe solicitarse y ser autorizada por la Fiscalía; la víctima debe actuar representada por abogado y asume la carga de investigar y probar.
- Apoyo y reversión
- El acusador privado puede pedir apoyo investigativo, y la Fiscalía puede revertir la conversión en los casos que la ley prevé.
- Interrupción de la prescripción
- En el procedimiento abreviado no hay audiencia de imputación. La Corte Suprema, en la sentencia SP1789 de 2022, precisó que el traslado del escrito de acusación interrumpe la prescripción, porque cumple la función de la imputación.
Causales taxativas
Causales de extinción de la acción penal
El artículo 82 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) señalan las causales. Son taxativas: solo extinguen la acción las que la ley reconoce.
Muerte del procesado
La responsabilidad penal es personal: muerto el imputado o acusado, no hay a quién perseguir.
No extingue por sí sola la responsabilidad civil, que puede reclamarse por las vías legales.
Prescripción
El paso del tiempo sin que el Estado haya concluido el proceso en los plazos legales.
Es la causal más litigada. Se explica en detalle en las secciones siguientes.
Desistimiento y caducidad de la querella
En delitos querellables, la víctima desiste o no presenta la querella a tiempo.
No aplica a delitos de oficio, aunque la víctima «retire la denuncia».
Principio de oportunidad
La Fiscalía renuncia a la persecución en una causal del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Requiere control de legalidad del juez y tiene prohibiciones legales para ciertos delitos.
Amnistía propia
La ley del Congreso que, por delitos políticos y con las mayorías constitucionales, extingue la acción penal.
El indulto es distinto: recae sobre la pena ya impuesta, no sobre la acción.
Oblación
El pago de la multa en los delitos que solo tienen pena de multa (artículo 87 del Código Penal [Ley 599 de 2000]).
Es de aplicación muy limitada.
Retractación, pago e indemnización
Solo «en los casos previstos en la ley». La retractación opera en la injuria y la calumnia antes de la sentencia de primera o única instancia (artículo 225 del Código Penal [Ley 599 de 2000]).
No existen como causales generales para cualquier delito.
Límite temporal
Prescripción de la acción penal: la regla general del artículo 83
Respuesta corta
Según el artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000), la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para el delito, si es privativa de la libertad, pero nunca en menos de 5 años ni en más de 20, salvo las excepciones legales. Si el delito no tiene pena privativa de la libertad, prescribe en 5 años. Para el cálculo se tienen en cuenta las causales sustanciales que modifican la punibilidad.
La prescripción protege dos valores a la vez: la seguridad jurídica del ciudadano, que no puede permanecer indefinidamente bajo la amenaza de un proceso, y la eficiencia del Estado, que debe investigar y juzgar en un plazo razonable, en armonía con el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad, como la tentativa, la complicidad o una agravante específica imputada, cambian el máximo de la pena y, por lo tanto, el término de prescripción. Por eso el cálculo exige partir de la calificación jurídica concreta, no del nombre genérico del delito.
Excepciones
Términos especiales e imprescriptibilidad
30 años
Desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, de defensor de derechos humanos o de periodista, y desplazamiento forzado.
Artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000).
Imprescriptibles
Genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.
Artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000).
Imprescriptibles
Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, incesto y homicidio agravado del artículo 103A, cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Artículo 83, modificado por la Ley 2081 de 2021; la Corte Constitucional mantuvo esa regla en la sentencia C-205 de 2022.
Aumento de la mitad
Servidor público que comete el delito en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas; particulares que ejercen funciones públicas y agentes retenedores o recaudadores; y conductas iniciadas o consumadas en el exterior.
El aumento no puede exceder el límite máximo fijado en la ley.
La imprescriptibilidad introducida en 2021 plantea un problema de aplicación en el tiempo: por el principio de legalidad del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, debe analizarse en cada caso si el término ya había corrido, total o parcialmente, bajo la norma anterior.
Cómputo
¿Desde cuándo empieza a correr la prescripción?
El artículo 84 del Código Penal (Ley 599 de 2000) fija el punto de partida según la clase de conducta:
- Ejecución instantánea
- Desde el día de la consumación del delito.
- Ejecución permanente o tentativa
- Desde la perpetración del último acto. En los delitos permanentes, el término no empieza mientras se mantiene la situación antijurídica.
- Delitos omisivos
- Desde que cesa el deber de actuar.
- Varios delitos en un mismo proceso
- El término corre de forma independiente para cada uno. Un delito puede estar prescrito mientras otro sigue vigente en el mismo expediente.
Fijar la fecha de inicio es muchas veces la discusión decisiva, sobre todo en delitos continuados, en delitos contra la administración pública con varios actos y en conductas cuya fecha de consumación no está clara en el expediente.
Formulación de imputación
Interrupción de la prescripción con la imputación
Respuesta corta
La formulación de imputación interrumpe la prescripción. Desde ese día empieza a correr un nuevo término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que según el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) no puede ser inferior a 3 años. La Corte Suprema de Justicia ha precisado que ese nuevo término tampoco puede superar los 10 años.
Existe una aparente contradicción normativa: el artículo 86 del Código Penal (Ley 599 de 2000) dice que, interrumpida la prescripción, el nuevo término no puede ser inferior a 5 años ni superior a 10, mientras el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) fija un mínimo de 3 años. La Sala de Casación Penal ha resuelto que en los procesos de la Ley 906 de 2004 rige el artículo 292, de modo que desde la imputación corre un nuevo periodo que no puede ser menor de 3 años ni mayor de 10 (auto del 5 de octubre de 2011, radicado 37313, reiterado en la sentencia SP1497 de 2016, radicado 43997). En los procesos de la Ley 600 de 2000 la interrupción se produce con la ejecutoria de la resolución de acusación, con las reglas del artículo 86.
Por eso la fecha de la imputación, y la calificación jurídica con la que se formuló, son datos que la defensa debe verificar desde el primer día.
Casación
Prescripción después de la sentencia de segunda instancia
El artículo 189 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) dispone que, proferida la sentencia de segunda instancia, se suspende el término de prescripción, que comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a 5 años. Ese es el plazo con que cuenta la Corte Suprema para resolver el recurso extraordinario de casación.
- Plazo perentorio
- La Corte Constitucional, en las sentencias SU-126 de 2022 y SU-214 de 2023, sostuvo que la única lectura constitucional del artículo 189 es que los 5 años son un término perentorio para dictar la sentencia de casación: si se vencen, debe declararse la prescripción.
- Desde qué fecha
- La SU-214 de 2023 precisó que el plazo se cuenta desde la fecha en que se adopta la sentencia de segunda instancia, no desde su lectura.
- Aplicación de la Corte Suprema
- En el auto AP749 de 2024, la Sala de Casación Penal acogió que los 5 años se cuentan desde la sentencia de segunda instancia sin adiciones, para los asuntos no decididos en casación o decididos después del 7 de abril de 2022, y precisó que la regla no se aplica a los procesos de la Ley 600 de 2000.
Decisión del procesado
¿Se puede renunciar a la prescripción?
Sí. El artículo 85 del Código Penal (Ley 599 de 2000) permite al procesado renunciar a la prescripción de la acción penal, por ejemplo porque quiere una sentencia que declare su inocencia y no una decisión que solo reconozca el paso del tiempo. Si después de la renuncia no se profiere decisión definitiva dentro de los dos años siguientes, la acción penal se extingue.
La renuncia es una decisión estratégica que debe tomarse con asesoría: implica asumir el riesgo de una condena a cambio de la posibilidad de una absolución con efectos de cosa juzgada sobre el fondo del asunto.
Distinción clave
Prescripción de la acción penal y prescripción de la pena
No son lo mismo. La prescripción de la acción penal opera mientras el proceso está en curso y impide que se dicte o quede en firme la condena. La prescripción de la pena opera después de la sentencia ejecutoriada, cuando el Estado no logra hacerla cumplir: según el artículo 89 del Código Penal (Ley 599 de 2000), la pena privativa de la libertad prescribe en el término fijado en la sentencia o en el que falte por ejecutar, sin que pueda ser inferior a 5 años desde la ejecutoria.
Confundir ambas figuras lleva a solicitudes mal planteadas. Quien tiene una condena en firme y no la ha cumplido no puede alegar prescripción de la acción penal, pero sí puede estudiar si prescribió la pena ante el juez de ejecución de penas.
Trámite
¿Cómo se declara la prescripción o la extinción de la acción penal?
En la indagación o después de la imputación
Si el término se cumplió, la Fiscalía no puede seguir adelante y debe solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento por imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, causal prevista en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). La defensa también puede pedirla después de la acusación. La preclusión hace tránsito a cosa juzgada, a diferencia del archivo de las diligencias del artículo 79 de esa misma ley, que procede cuando los hechos no son delito.
Durante el juicio o los recursos
El juez debe declarar la extinción, incluso de oficio, cuando verifique que el término se cumplió. En casación, la Corte Suprema la declara si se vence el plazo del artículo 189.
Soporte de la solicitud
Fechas de comisión, de imputación y de las sentencias; calificación jurídica; causales modificadoras de la punibilidad; y cálculo de cada término, delito por delito.
Derechos de la víctima
Acción penal y reparación del daño
La acción penal busca establecer la responsabilidad y la pena; la reparación del daño se persigue a través del incidente de reparación integral de los artículos 102 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que se tramita después del fallo condenatorio, o mediante un proceso civil independiente.
- Plazo del incidente
- La solicitud de reparación integral en el proceso penal tiene un término de caducidad corto, que corre desde que se anuncia el fallo de responsabilidad, por lo que la víctima debe prepararla con anticipación.
- Si la acción penal se extingue
- La extinción por prescripción o muerte del procesado impide la condena, pero la víctima conserva, según el caso, la vía civil para reclamar los perjuicios, sujeta a sus propios plazos.
- Conciliación y reparación
- En los delitos querellables, la reparación acordada en la conciliación puede terminar el proceso; en los demás, la reparación puede influir en la pena o en la aplicación del principio de oportunidad, pero no extingue por sí sola la acción.
Lo que debe evitar
Errores frecuentes sobre la acción penal y la prescripción
- Creer que retirar la denuncia termina el proceso
- En los delitos de oficio, la acción penal continúa aunque la víctima ya no quiera; solo el desistimiento en delitos querellables extingue la acción.
- Calcular con el nombre del delito y no con la imputación
- Las agravantes, la tentativa o la forma de participación cambian el máximo de la pena y el término.
- Ignorar la imputación
- Después de la imputación el término ya no es el del artículo 83, sino la mitad, con un mínimo de 3 años.
- Olvidar el aumento para servidores públicos
- En los delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas, el término se aumenta en la mitad.
- Confundir la prescripción de la acción con la de la pena
- Son figuras distintas, con jueces y plazos diferentes.
- Esperar a que «se venza» sin asesoría
- La prescripción se declara con un cálculo preciso. Un error de fechas puede llevar a una condena que se creía imposible.
Acompañamiento integral
Cómo le ayudamos
01
Cálculo de prescripción
Verificación de fechas, calificación jurídica y cada término aplicable, delito por delito.
02
Solicitudes de preclusión y extinción
Preparación y sustentación ante el juez de conocimiento o la Corte Suprema.
03
Delitos querellables
Querella oportuna, conciliación y desistimiento con plena seguridad jurídica.
04
Acusador privado
Representación de víctimas en la conversión de la acción penal.
05
Principio de oportunidad
Evaluación de las causales y negociación con la Fiscalía.
06
Casación
Control del plazo del artículo 189 y del cómputo de la prescripción en la Corte Suprema.
Legislación vigente
Marco normativo de la acción penal
Código Penal (Ley 599 de 2000)
Artículo 82
Causales de extinción de la acción penal.
Artículo 83
Término de prescripción de la acción penal.
Artículo 84
Iniciación del término de prescripción.
Artículo 85
Renuncia a la prescripción.
Artículo 86
Interrupción y suspensión del término prescriptivo.
Artículo 87
La oblación.
Artículo 89
Prescripción de la sanción penal.
Artículo 225
Retractación en la injuria y la calumnia.
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
Artículo 66
Titularidad y obligatoriedad de la acción penal.
Artículo 73
Caducidad de la querella.
Artículo 74
Conductas punibles que requieren querella.
Artículo 76
Desistimiento de la querella.
Artículo 77
Extinción de la acción penal.
Artículo 189
Suspensión de la prescripción tras la sentencia de segunda instancia.
Artículo 292
Interrupción de la prescripción con la imputación.
Artículo 324
Causales del principio de oportunidad.
Artículo 332
Causales de preclusión.
Artículo 522
Conciliación en los delitos querellables.
Artículo 550
Conductas susceptibles de conversión de la acción penal.
Constitución Política de Colombia de 1991
Marco constitucional
Artículo 29
Debido proceso, legalidad, favorabilidad y derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas.
Artículo 31
Doble instancia y prohibición de agravar la pena al apelante único.
Artículo 250
Funciones de la Fiscalía General de la Nación, obligación de ejercer la acción penal, principio de oportunidad y posibilidad de atribuir la acción a la víctima (parágrafo 2, Acto Legislativo 06 de 2011).
Precedentes
Jurisprudencia sobre la acción penal y su prescripción
Estas providencias, enlazadas a sus documentos oficiales, fijan las reglas de cómputo más importantes. La cita no sustituye la lectura completa de cada decisión.
Corte Constitucional
Sentencia SU-214 de 2023
Concedió una tutela contra la Sala de Casación Penal y ordenó declarar la prescripción. Sostuvo que la única lectura constitucional del artículo 189 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) es que los 5 años son un término perentorio para dictar la sentencia de casación, contado desde la fecha en que se adopta la sentencia de segunda instancia y no desde su lectura.
Sentencia C-205 de 2022
Frente a la demanda contra la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y el incesto cometidos contra menores de 18 años, introducida por la Ley 2081 de 2021 en el artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000), resolvió estarse a lo decidido en la sentencia C-422 de 2021, que había declarado exequible esa regla.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
Auto AP749 de 2024, radicado 53260
Acogió la interpretación más favorable: los 5 años se cuentan desde la sentencia de segunda instancia, sin adiciones. Precisó que la regla se aplica a los asuntos no decididos en casación o decididos después del 7 de abril de 2022, fecha de la SU-126 de 2022, y que no rige para los procesos de la Ley 600 de 2000.
Sentencia SP1789 de 2022, radicado 59786
Explicó que en el procedimiento abreviado de la Ley 1826 de 2017 el traslado del escrito de acusación interrumpe la prescripción, porque cumple la función procesal de la formulación de imputación, y descartó que el término dependa de la aclaración de cargos en la audiencia concentrada.
Resultados documentados
Casos de éxito de la firma
Resultados documentados de la firma, publicados con reserva de la identidad de los clientes.
Prescripción · Silvania, Cundinamarca
En segunda instancia se declaró prescrita la acción penal en un proceso por violencia intrafamiliar.
Archivo · Cali
La Fiscalía archivó una investigación por un presunto delito sexual por atipicidad de la conducta.
Archivo · Cali
La Fiscalía archivó una investigación por violencia intrafamiliar porque la presunta víctima no podía ser sujeto pasivo de ese delito.
Absolución · Bogotá
Absolución en juicio oral por delitos sexuales, tras la valoración de la prueba practicada.
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Cada resultado depende de los hechos, las pruebas y la decisión de las autoridades en ese caso. Un resultado anterior no garantiza otro igual.
Honorarios y alcance
¿Cuánto cuesta un abogado para un caso de prescripción o extinción de la acción penal?
La cotización depende de la etapa del proceso, del volumen de grabaciones y comunicaciones por analizar, de la autoridad que juzga según el fuero del servidor y del número de audiencias. Estas son referencias generales de la guía de honorarios de Asesoría Penal 24/7; no son precios mínimos.
Consulta penal inicial
0,5 SMLMV
Referencia para 2026: $875.453. Revisión de términos y de la estrategia.
Indagación penal
14 a 70 SMLMV
Estudio de la actuación y gestión ante la Fiscalía antes de la imputación.
Audiencias preliminares
5 a 50 SMLMV
Intervenciones puntuales, según su número y complejidad.
Investigación, acusación y juicio
35 a 170 SMLMV
Defensa completa hasta la sentencia, con los recursos cuando se pactan.
Los rangos no se suman automáticamente. Peritajes, desplazamientos e impuestos se definen aparte, en una propuesta escrita.
Inquietudes habituales
Preguntas frecuentes sobre la acción penal y su prescripción
Conceptos básicos
¿Qué es la acción penal en Colombia?
Es la facultad y el deber del Estado de perseguir los delitos: investigar los hechos, formular imputación, acusar ante un juez y pedir una condena. Por mandato del artículo 250 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la ejerce la Fiscalía General de la Nación, que está obligada a hacerlo cuando existan motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia de un delito. Es pública y obligatoria; solo se suspende o extingue por las causales legales, y de forma excepcional puede ejercerla la víctima como acusador privado.
¿Quién puede ejercer la acción penal?
Por regla general, solo la Fiscalía General de la Nación, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). El parágrafo 2 del artículo 250, adicionado por el Acto Legislativo 06 de 2011, permite atribuir su ejercicio a la víctima en conductas de menor lesividad, lo que se desarrolló con la Ley 1826 de 2017: en los delitos que admiten conversión, la víctima puede actuar como acusador privado con su abogado. La Fiscalía conserva la posibilidad de actuar de forma preferente.
¿Cuál es la diferencia entre denuncia y querella?
La denuncia es el acto por el que cualquier persona informa a la autoridad sobre un posible delito; en los delitos investigables de oficio no es un requisito para actuar, y retirarla no termina el proceso. La querella es una condición de procesabilidad: en los delitos que enumera el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), sin querella del querellante legítimo presentada dentro de los seis meses siguientes al hecho, el Estado no puede iniciar la acción penal. Además, los delitos querellables exigen intentar la conciliación y admiten desistimiento.
¿Qué delitos requieren querella?
El artículo 74 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) incluye, entre otros, los delitos sin pena privativa de la libertad, con algunas excepciones, y conductas como la injuria, la calumnia, las lesiones personales culposas, el abuso de confianza, el daño en bien ajeno, la usura y el hurto simple, la estafa y la invasión de tierras cuando la cuantía no supera 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No se exige querella en flagrancia, cuando la víctima es menor de edad o inimputable, ni cuando se trata de presunta violencia contra la mujer.
¿Cuáles son las causales de extinción de la acción penal?
El artículo 82 del Código Penal (Ley 599 de 2000) enumera la muerte del procesado, el desistimiento, la amnistía propia, la prescripción, la oblación, el pago y la indemnización integral en los casos previstos en la ley, la retractación en los casos previstos en la ley y las demás que consagre la ley. El artículo 77 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) añade la aplicación del principio de oportunidad y la caducidad de la querella. Son taxativas: el indulto, por ejemplo, no extingue la acción, sino la pena ya impuesta.
Prescripción
¿En cuánto tiempo prescribe la acción penal?
Por regla general, en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley para el delito, sin bajar de 5 años ni superar 20 (artículo 83 del Código Penal [Ley 599 de 2000]); si el delito no tiene pena de prisión, en 5 años. Hay excepciones: 30 años para desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado y homicidio de sindicalistas, defensores de derechos humanos o periodistas; y aumento de la mitad para servidores públicos que actuaron en ejercicio de sus funciones y para conductas iniciadas o consumadas en el exterior, sin exceder el límite máximo legal.
¿Qué delitos no prescriben en Colombia?
Según el artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000), son imprescriptibles el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, así como los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, el incesto y el homicidio agravado del artículo 103A cometidos contra niños, niñas y adolescentes, regla introducida por la Ley 2081 de 2021. La Corte Constitucional mantuvo esa imprescriptibilidad en la sentencia C-205 de 2022, que se remitió a lo decidido en la C-422 de 2021. Su aplicación a hechos anteriores a 2021 debe analizarse caso a caso.
¿Desde cuándo se cuenta la prescripción?
El artículo 84 del Código Penal (Ley 599 de 2000) fija el inicio según la conducta: en los delitos de ejecución instantánea, desde el día de la consumación; en los de ejecución permanente o en la tentativa, desde el último acto; y en los omisivos, desde que cesa el deber de actuar. Cuando en un mismo proceso se investigan varios delitos, el término corre de forma independiente para cada uno, de modo que uno puede prescribir mientras los demás continúan. Fijar con precisión la fecha de inicio suele ser la discusión decisiva.
¿Qué pasa con la prescripción después de la imputación?
La imputación interrumpe el término. Desde ese día corre uno nuevo, igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que no puede ser inferior a 3 años según el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). La Corte Suprema de Justicia ha precisado que ese nuevo término tampoco puede superar los 10 años, porque la mitad del máximo general de 20 es 10. En el procedimiento abreviado, el efecto interruptor lo produce el traslado del escrito de acusación (sentencia SP1789 de 2022).
¿Prescribe la acción penal mientras se decide la casación?
Sí. Según el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), proferida la sentencia de segunda instancia el término se suspende y vuelve a correr sin que pueda superar 5 años. La Corte Constitucional, en las sentencias SU-126 de 2022 y SU-214 de 2023, sostuvo que esos 5 años son un plazo perentorio para dictar la sentencia de casación, contado desde la fecha en que se adopta el fallo de segunda instancia; si se vencen, debe declararse la prescripción. La Corte Suprema aplicó esa regla en el auto AP749 de 2024.
¿Se puede renunciar a la prescripción?
Sí. El artículo 85 del Código Penal (Ley 599 de 2000) permite al procesado renunciar a la prescripción de la acción penal, normalmente porque busca una sentencia absolutoria que declare su inocencia y no solo el paso del tiempo. Si después de la renuncia no se profiere una decisión definitiva dentro de los dos años siguientes, la acción penal se extingue. Es una decisión estratégica que implica asumir el riesgo de una condena, por lo que debe tomarse con asesoría y una evaluación realista de la prueba.
Trámite y consecuencias
¿Cómo se pide que se declare la prescripción?
Con una solicitud fundada en el cálculo exacto de los términos: fecha de comisión o del último acto, fecha de la imputación y de las sentencias, calificación jurídica y causales modificadoras de la punibilidad, delito por delito. Si el término se cumplió, procede la preclusión ante el juez de conocimiento por imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal (artículo 332 del Código de Procedimiento Penal [Ley 906 de 2004]), que hace tránsito a cosa juzgada. Durante el juicio o los recursos, el juez debe declararla incluso de oficio.
¿Si la víctima retira la denuncia se acaba el proceso?
Solo en los delitos querellables. En ellos, el desistimiento del querellante extingue la acción penal en las condiciones del artículo 76 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y la conciliación exitosa conduce al archivo. En los delitos investigables de oficio, que son la mayoría, la Fiscalía debe continuar aunque la víctima ya no quiera; su voluntad puede influir en otras decisiones, como la aplicación del principio de oportunidad o la individualización de la pena, pero no termina el proceso por sí sola.
¿Qué diferencia hay entre prescripción de la acción y prescripción de la pena?
La prescripción de la acción penal ocurre mientras el proceso está en curso e impide que se dicte o quede en firme la condena; se rige por los artículos 83 a 86 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y por los artículos 189 y 292 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). La prescripción de la pena ocurre después de la sentencia ejecutoriada, cuando el Estado no logra hacerla cumplir, y según el artículo 89 del Código Penal (Ley 599 de 2000) no puede ser inferior a 5 años desde la ejecutoria. La segunda se tramita ante el juez de ejecución de penas.
¿La prescripción de la acción penal impide reclamar la reparación?
Impide la condena penal y, por lo tanto, el incidente de reparación integral dentro del proceso, que requiere un fallo de responsabilidad. Pero la víctima puede acudir, según el caso, a la jurisdicción civil para reclamar los perjuicios, sujeta a los plazos de prescripción de la acción civil. Por eso, cuando un proceso penal se acerca al vencimiento de sus términos, la víctima debe evaluar con su abogado si conviene asegurar la vía civil de manera paralela.
¿Necesito un abogado para alegar la prescripción?
Es altamente recomendable. El cálculo depende de variables técnicas: la calificación jurídica exacta, las agravantes y atenuantes imputadas, el aumento para servidores públicos, la fecha real de consumación, la interrupción por imputación con sus límites de 3 y 10 años, la suspensión tras la segunda instancia y la ley procesal aplicable, Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004. Un error en cualquiera de esos factores puede llevar a pedir una prescripción que no ha ocurrido o a dejar pasar una que sí.
Respaldo profesional
Quién dirige su caso
Los asuntos de prescripción y extinción de la acción penal los dirige el abogado senior de la firma, con un equipo que reconstruye las fechas del proceso, calcula cada término y controla los plazos.
Andrés Felipe Martínez Moya
Abogado Senior y Director Legal
- Formación: abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia; magíster en Derecho Penal y doctorando en Derecho de la Universidad de los Andes.
- Experiencia: cerca de 3.000 casos penales asesorados o representados, como defensor y como apoderado de víctimas.
- Áreas: defensa penal, representación de víctimas, litigio ante tribunales y consultoría penal corporativa.
- En acción penal y prescripción: define la estrategia de cómputo de términos, la calificación jurídica y la solicitud de preclusión o extinción, y dirige el litigio ante jueces, tribunales y la Corte Suprema.
Equipo de la firma
Trabajo coordinado en cada expediente
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- Análisis probatorio: revisan actas de audiencia, fechas de imputación y sentencias para el cálculo de términos.
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- Control de términos: vigilan la prescripción y los plazos procesales desde la imputación.
- Atención al cliente: informan al cliente y a su familia de cada audiencia y decisión.
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