Respuesta clave
¿Qué es el incidente de reparación integral?
Respuesta corta
Es el procedimiento especial de la Ley 906 de 2004 mediante el cual la víctima de un delito, después de que la sentencia condenatoria queda en firme, pide al juez que dictó la condena que ordene la reparación de los daños causados. Lo solicita la víctima, o el fiscal o el Ministerio Público a instancia de ella, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del fallo. Se tramita en audiencias orales, con oportunidades de conciliación, y termina con una sentencia que fija la indemnización y presta mérito ejecutivo.
En el sistema acusatorio la responsabilidad penal y la responsabilidad civil se deciden en momentos distintos. Durante el juicio se discute si la persona cometió el delito; después de la condena, en el incidente, se discute cuánto daño causó y quién debe pagarlo. Esa separación evita que la discusión patrimonial retrase el juicio.
El incidente desarrolla el derecho de las víctimas a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, que reconoce el literal c) del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, en adelante CPP), y tiene raíz en la Constitución, que encarga a la Fiscalía velar por la protección de las víctimas y solicitar ante el juez las medidas necesarias para su reparación integral. En los procesos regidos por la Ley 600 de 2000 ese papel lo cumplía la constitución de parte civil dentro del mismo proceso; en la Ley 906 el reclamo patrimonial se trasladó a esta etapa posterior.
- Presupuesto
- Una sentencia condenatoria en firme. Sin condena ejecutoriada no hay incidente; si hay absolución o preclusión, la víctima debe acudir a otra jurisdicción.
- Iniciativa
- Siempre depende de la víctima: la pide ella directamente o el fiscal o el Ministerio Público a su instancia. El juez no lo abre por su cuenta, salvo la regla especial para víctimas menores de edad.
- Objeto
- Los daños materiales e inmateriales causados por la conducta punible y las demás formas de reparación que pida la víctima: restitución, indemnización y medidas no pecuniarias.
- Resultado
- Termina por conciliación, por rechazo de la pretensión, por archivo o por sentencia. El acuerdo conciliatorio y la sentencia que acoge la pretensión prestan mérito ejecutivo.
Naturaleza jurídica
¿Qué naturaleza tiene el incidente y cómo se relaciona con el proceso penal?
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ha reiterado que el incidente de reparación integral tiene naturaleza civil, aunque lo tramite el juez penal. En la decisión del radicado 34145, del 13 de abril de 2011, explicó que es un mecanismo para hacer efectiva la reparación del daño y que en él se discuten los elementos de la responsabilidad civil extracontractual: la conducta dañosa, el daño y el nexo causal entre ambos. La culpa del condenado ya no está en discusión, porque quedó establecida en la sentencia penal.
Esa naturaleza tiene tres consecuencias prácticas que conviene tener claras desde el comienzo:
- No se vuelve a discutir la responsabilidad penal. El condenado no puede usar el incidente para reabrir el debate sobre si cometió o no el delito. Lo que sí puede discutir es si el daño existe, cuánto vale y si fue causado por la conducta por la que fue condenado.
- La carga de la prueba del daño es de quien reclama. La víctima debe demostrar cada perjuicio y su valor, como en un proceso civil. La condena penal acredita el hecho, no el monto de la indemnización.
- Se aplican, en lo no regulado, las normas procesales civiles. El artículo 25 del CPP remite a otros códigos en las materias que no regula. La Corte Constitucional lo recordó en la sentencia C-100 de 2026 al señalar que esa remisión conduce al Código General del Proceso, y la Corte Suprema aplica las reglas de la casación civil cuando el recurso se limita a la reparación.
Incidente de reparación integral (Ley 906)
Después de la sentencia condenatoria en firme, dentro de los 30 días siguientes.
El juez penal que dictó la condena, en audiencias orales y concentradas.
Parte civil (Ley 600)
Durante el proceso penal, mediante demanda de constitución de parte civil.
El mismo funcionario penal, que decide la indemnización en la sentencia.
Demanda de responsabilidad civil
En cualquier momento dentro del término de prescripción civil, incluso si no hubo condena o caducó el incidente.
El juez civil competente, mediante un proceso declarativo con todas sus etapas.
Sujetos
¿Quién puede solicitar el incidente y contra quién se dirige?
La legitimación se analiza en dos direcciones: quién puede reclamar (legitimación por activa) y frente a quién se puede reclamar (legitimación por pasiva). Equivocarse en cualquiera de las dos puede llevar al rechazo de la pretensión o a una sentencia que no se puede cobrar.
Quién puede reclamar
- La víctima. El artículo 132 del CPP entiende por víctimas a las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que, individual o colectivamente, hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Incluye a la víctima directa y a quienes sufren un perjuicio propio por el delito, como los familiares de una persona asesinada.
- Los herederos y sucesores de la víctima, cuando reclaman el perjuicio que esta sufrió o el propio que les causó su muerte.
- El fiscal o el Ministerio Público, a instancia de la víctima. No actúan por iniciativa propia: el artículo 102 exige que la víctima lo pida.
- Las entidades públicas afectadas por delitos contra el patrimonio público o la administración pública. La Corte Suprema, en la sentencia SP8463-2017, precisó que la caducidad se aplica sin distinguir la calidad de la víctima ni si los derechos patrimoniales son públicos o privados.
Víctimas menores de edad: el artículo 197 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) dispone que, en los procesos por delitos cuyas víctimas son niños, niñas o adolescentes, el incidente se inicia de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de familia no lo solicitan dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
Contra quién se reclama
- El declarado penalmente responsable. Es el demandado natural del incidente. Si fueron varios los condenados por el mismo hecho, responden solidariamente, como dispone el artículo 96 del Código Penal (Ley 599 de 2000).
- El tercero civilmente responsable. Es quien, según la ley civil, debe responder por el daño que causó el condenado: el empleador, el propietario del vehículo, la empresa transportadora, entre otros. Debe ser citado en la audiencia que abre el incidente.
- El asegurador. La compañía que amparó la responsabilidad civil mediante un contrato de seguro puede ser citada a solicitud de la víctima, del condenado o del tercero civilmente responsable.
Procedencia
¿Qué requisitos hay para solicitar el incidente de reparación integral?
El artículo 102 del CPP, modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010, y el artículo 103, modificado por el artículo 87 de la misma ley, fijan las condiciones de procedencia. El juez las revisa en la primera audiencia y puede rechazar la pretensión si no se cumplen.
Sentencia condenatoria en firme
La condena debe estar ejecutoriada, es decir, sin recursos pendientes. Si se interpuso apelación o casación, el término no corre hasta que se resuelvan. Una sentencia anticipada por aceptación de cargos o por preacuerdo también habilita el incidente cuando queda en firme.
Solicitud expresa y oportuna
La víctima, o el fiscal o el Ministerio Público a instancia de ella, debe pedir el incidente dentro de los 30 días siguientes a la firmeza del fallo. La solicitud puede ser escrita; lo importante es que conste la fecha de radicación.
Condición de víctima
Quien reclama debe demostrar que sufrió un daño por el delito. Si no lo acredita, el juez rechaza la pretensión, y contra esa decisión proceden los recursos ordinarios.
Pretensión concreta
En la audiencia la víctima debe expresar oralmente la forma de reparación que pretende, con indicación de los daños, su valor y las pruebas que hará valer.
Daño no reparado
Si el condenado ya pagó efectivamente los perjuicios y esa era la única pretensión, el juez rechaza la solicitud. Un pago parcial no impide el incidente, pero se descuenta de lo que se ordene.
Cuando la víctima quiere que el tercero civilmente responsable o el asegurador también respondan, debe pedir su citación desde el comienzo: el artículo 102 ordena al juez disponer las citaciones de los artículos 107 y 108 si las solicita el incidentante.
Término perentorio
Caducidad del incidente: ¿cuánto tiempo tiene la víctima?
El artículo 106 del CPP, modificado por el artículo 89 de la Ley 1395 de 2010, establece que la solicitud de reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca 30 días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio. Es el error que más reclamaciones legítimas hace perder.
La Corte Constitucional declaró exequible ese término en la sentencia C-250 de 2011. La Corte Suprema, por su parte, ha contado el término en días hábiles a partir de la ejecutoria, como lo hizo en el auto AP7189-2016 (radicado 42720), en el que declaró caducada la solicitud de una entidad pública presentada por fuera de plazo.
| Situación del proceso | Desde cuándo corren los 30 días |
|---|---|
| Nadie apeló la sentencia de primera instancia | Desde que vence el término para recurrir y la sentencia queda ejecutoriada. |
| Se apeló y el tribunal confirmó la condena | Desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, si no se interpuso casación. |
| Se interpuso casación | Desde que queda en firme la decisión de la Corte Suprema que inadmite la demanda o resuelve el recurso. |
| Sentencia anticipada por allanamiento o preacuerdo | Desde la ejecutoria de esa sentencia, con las mismas reglas. |
| Víctima menor de edad | Si nadie lo pide en 30 días, el juez debe iniciarlo de oficio según el artículo 197 de la Ley 1098 de 2006. |
Durante la emergencia sanitaria de 2020, el Decreto Legislativo 564 suspendió los términos de prescripción y caducidad, pero excluyó la materia penal. La Corte Constitucional, en la sentencia C-213 de 2020, declaró inconstitucional esa exclusión en lo relativo a la caducidad, incluido el término para pedir el incidente de reparación integral, por afectar el acceso a la administración de justicia de las víctimas. Es una regla que aún se discute en procesos cuya condena quedó en firme durante ese periodo.
¿Qué pasa si el término de 30 días ya venció?
La caducidad cierra la vía del incidente, no el derecho a ser indemnizado. En el mismo auto AP7189-2016 la Corte Suprema advirtió que la parte puede reclamar sus derechos en la jurisdicción civil. Allí la víctima debe promover un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual, sujeto a los términos de prescripción del artículo 2358 del Código Civil y del artículo 98 del Código Penal (Ley 599 de 2000). Esa vía es más larga, exige demostrar todos los elementos de la responsabilidad y su viabilidad depende de cada caso, por lo que conviene revisarla con un abogado cuanto antes.
Procedimiento
¿Cómo se tramita el incidente de reparación integral?
El trámite es oral y está pensado para ser rápido: dos audiencias como regla, con oportunidades de conciliación antes de llegar a las pruebas. Estas son sus etapas según los artículos 102 a 105 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Solicitud y convocatoria
Presentada la solicitud oportuna, el juez fallador convoca a audiencia pública dentro de los ocho días siguientes y ordena las citaciones del tercero civilmente responsable y del asegurador si el incidentante las pidió.
Formulación oral de la pretensión
Al iniciar la primera audiencia, el incidentante formula oralmente su pretensión contra el declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación y de las pruebas que hará valer.
Admisión o rechazo
El juez examina la pretensión y la rechaza si quien la promueve no es víctima o si está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y esa era la única pretensión. La decisión que niega la calidad de víctima admite los recursos ordinarios.
Primera conciliación
Admitida la pretensión, el juez la pone en conocimiento del condenado y ofrece la posibilidad de conciliar. Si hay acuerdo, el incidente termina; si no, fija una nueva audiencia dentro de los ocho días siguientes.
Audiencia de pruebas y alegaciones
El artículo 104 dispone que el juez invite de nuevo a conciliar. Si no hay acuerdo, examina las pruebas ofrecidas por cada parte y escucha el fundamento de sus pretensiones en las alegaciones finales.
Sentencia
En la misma audiencia el juez adopta la decisión que pone fin al incidente, mediante sentencia, como manda el artículo 105, modificado por el artículo 88 de la Ley 1395 de 2010.
Consecuencias de no asistir
El parágrafo del artículo 104 regula la inasistencia con efectos severos. Si el solicitante no comparece sin justa causa, se entiende que desiste de su pretensión, se archiva la solicitud y se le condena en costas. Si quien no comparece sin justa causa es el declarado penalmente responsable, el juez recibe la prueba de los asistentes y decide con base en ella. Quien fue debidamente citado queda vinculado a los resultados de la decisión del incidente, aunque no haya asistido.
Solución acordada
¿Cómo funciona la conciliación dentro del incidente de reparación?
La ley prevé al menos dos oportunidades de conciliación: después de admitida la pretensión y al comenzar la audiencia de pruebas. No es un trámite formal. Muchos incidentes terminan en acuerdos, porque el condenado prefiere fijar una suma y un plan de pagos antes que arriesgarse a una sentencia más alta, y la víctima obtiene un pago más rápido y cierto.
Para que la conciliación sea útil, el acuerdo debe ser preciso: valor total, forma y fechas de pago, consecuencias del incumplimiento y, si interviene el asegurador, el monto que asume la póliza. La Corte Suprema, en la sentencia SP8463-2017, recordó que el acuerdo conciliatorio presta mérito ejecutivo, de modo que, si se incumple, la víctima puede cobrarlo directamente por la vía ejecutiva.
Daños indemnizables
¿Qué perjuicios se pueden reclamar en el incidente?
El artículo 94 del Código Penal dispone que la conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de ella. La reparación es integral: comprende todo el daño probado, no una suma simbólica. Cada categoría tiene su propia forma de cálculo y de prueba.
| Perjuicio | Qué comprende | Cómo se prueba |
|---|---|---|
| Daño emergente | Lo que salió del patrimonio de la víctima por el delito: dinero apropiado, gastos médicos, reparación de bienes, gastos funerarios, honorarios necesarios. | Facturas, recibos, certificados bancarios, cotizaciones y avalúos. |
| Lucro cesante consolidado | Los ingresos que la víctima dejó de recibir desde el hecho hasta la sentencia del incidente. | Certificados laborales, desprendibles de nómina, declaraciones de renta, contabilidad, incapacidades. |
| Lucro cesante futuro | Los ingresos que dejará de percibir hacia adelante, por ejemplo por una pérdida de capacidad laboral o por la muerte de quien sostenía el hogar. | Dictamen de pérdida de capacidad laboral, liquidación actuarial, prueba de la dependencia económica. |
| Perjuicio moral | El dolor, la angustia y la aflicción que el delito causó a la víctima y a sus allegados. | Testimonios, prueba del parentesco o la cercanía, dictámenes psicológicos; el juez lo tasa según la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño. |
| Daño a la vida de relación o a la salud | La alteración de las condiciones de existencia: secuelas físicas o psicológicas que limitan actividades personales, familiares o sociales. | Historia clínica, dictamen médico legal, testimonios sobre la vida antes y después del hecho. |
| Restitución y medidas no pecuniarias | La devolución del bien o de su valor y, según el caso, medidas de satisfacción que la víctima solicite y el juez encuentre procedentes. | Prueba de la titularidad del bien y del vínculo de la medida pedida con el daño causado. |
El tope de 1.000 salarios mínimos del artículo 97 del Código Penal
El artículo 97 del Código Penal permite al juez señalar como indemnización, en relación con el daño derivado de la conducta punible, hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales, teniendo en cuenta la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño, y aclara que los daños materiales deben probarse en el proceso. La Corte Constitucional, en la sentencia C-916 de 2002, condicionó esa norma: el límite se aplica exclusivamente a la parte de la indemnización del daño moral cuyo valor pecuniario no fue objetivamente determinado en el proceso.
Dicho de otra forma, el tope no restringe los perjuicios materiales probados, que se reconocen por su valor real aunque superen esa cifra. Tampoco significa que todo daño moral valga 1.000 salarios: es un máximo para casos de extrema gravedad, y el juez debe justificar la suma con criterios de proporcionalidad.
Los perjuicios se liquidan con su valor actualizado. La víctima debe pedir la indexación de las sumas y, cuando corresponda, los intereses, porque un daño calculado con valores de la fecha del hecho pierde capacidad adquisitiva al momento del pago.
Carga probatoria
¿Qué pruebas se necesitan y cómo se valoran los perjuicios?
La sentencia penal demuestra el hecho y la responsabilidad del condenado, pero no el monto del daño. Si la víctima no prueba cuánto perdió, el juez no puede inventarlo, salvo en el perjuicio moral, donde existe un margen de tasación judicial. Por eso la preparación probatoria comienza mucho antes de la audiencia, idealmente desde el proceso penal.
- Prueba documental
- Facturas, contratos, extractos, historias clínicas, certificados laborales, declaraciones de renta y registros civiles que demuestran el parentesco con la víctima directa.
- Prueba pericial
- Dictámenes contables, actuariales, médico legales o psicológicos para cuantificar el lucro cesante, la pérdida de capacidad o las secuelas. Explicamos su alcance en la guía sobre peritazgos y dictámenes periciales.
- Prueba testimonial
- Declaraciones de familiares, compañeros de trabajo o vecinos sobre la dependencia económica, la relación afectiva y el cambio en la vida de la víctima.
- Lo probado en el proceso penal
- La sentencia y la actuación del juicio oral sirven para acreditar el hecho dañoso, pero las pruebas sobre la cuantía deben ofrecerse y practicarse en el incidente con oportunidad de contradicción.
Las pruebas deben anunciarse desde la formulación de la pretensión, porque el artículo 103 exige expresar las pruebas que se harán valer. El condenado, el tercero y el asegurador tienen derecho a controvertirlas e interrogar a los peritos, y pueden presentar sus propios dictámenes para discutir el monto.
Nexo causal: solo se indemniza el daño causado por la conducta por la que hubo condena. Si la víctima reclama gastos o pérdidas que tienen otro origen, o daños derivados de hechos por los que el procesado fue absuelto, el juez debe excluirlos.
Otros obligados
¿Cuándo responden el tercero civilmente responsable y el asegurador?
El condenado no siempre tiene patrimonio para pagar; vincular a otros obligados suele ser lo que hace efectiva la indemnización.
Tercero civilmente responsable
El artículo 107 del CPP lo define como la persona que, según la ley civil, debe responder por el daño causado por la conducta del condenado. Puede ser citado o acudir al incidente a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor, y la citación debe hacerse en la audiencia que abre el incidente. Los casos más comunes surgen de la responsabilidad por el hecho ajeno y de las actividades peligrosas que regula el Código Civil:
- El empleador, por los delitos que cometen sus trabajadores en ejercicio de sus funciones.
- El propietario del vehículo o la empresa transportadora, en lesiones y homicidios culposos de tránsito.
- Las entidades o establecimientos bajo cuyo cuidado o dependencia actuaba el condenado.
El tercero tiene todas las garantías de defensa: puede controvertir la existencia del vínculo que lo obligaría, el daño, su cuantía y el nexo causal. Como no fue parte en el juicio penal, puede discutir los aspectos civiles que lo afectan, aunque no la responsabilidad penal declarada. La Corte Constitucional, en la sentencia C-250 de 2011, concluyó que la regla de vincularlo después de la condena no vulnera sus derechos.
Asegurador
El artículo 108 del CPP permite que la víctima, el condenado o el tercero civilmente responsable soliciten la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada por un contrato de seguro válidamente celebrado. En su redacción original, la norma limitaba esa participación a la conciliación. La Corte Constitucional, en la sentencia C-409 de 2009, retiró del ordenamiento esa restricción, de modo que el asegurador citado es parte del incidente y puede ser condenado a pagar dentro de los límites del contrato.
La aseguradora responde hasta el valor asegurado y según las coberturas, deducibles y exclusiones de la póliza. Por eso hay que identificar desde el principio las pólizas existentes —seguro obligatorio de tránsito, pólizas de responsabilidad civil extracontractual de la empresa, pólizas profesionales— y pedir su citación oportunamente.
Garantía del pago
¿Qué medidas cautelares aseguran la reparación?
Una indemnización solo es útil si se puede cobrar, y la ley permite proteger el patrimonio del responsable desde mucho antes del incidente.
- Embargo y secuestro de bienes. El artículo 92 del CPP permite al juez de control de garantías, desde la audiencia de formulación de imputación o con posterioridad, decretar a petición del fiscal o de la víctima las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios. Se piden ante el juez en audiencias preliminares.
- Prohibición de enajenar. El artículo 97 del CPP impide al imputado enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la imputación, salvo que antes garantice la indemnización.
- Bienes en delitos culposos. El artículo 100 del CPP regula la situación de los vehículos y otros bienes involucrados en conductas culposas, que pueden quedar afectados a la garantía de los perjuicios.
Las medidas también pueden solicitarse dentro del propio incidente. La Corte Constitucional, en la sentencia T-230 de 2024, concluyó que unos jueces incurrieron en defecto sustantivo al negar medidas cautelares en el incidente sin aplicar la integración normativa que prevé el Código de Procedimiento Penal, la cual permite acudir a las normas procesales civiles para decretarlas.
Decisión y ejecución
¿Qué recursos proceden contra la sentencia del incidente: apelación y casación?
La decisión que pone fin al incidente es una sentencia. Puede acoger total o parcialmente la pretensión, negarla o condenar solidariamente al condenado, al tercero civilmente responsable y al asegurador. Cuando acoge la pretensión, presta mérito ejecutivo, como precisó la Corte Suprema en la sentencia SP8463-2017: si los obligados no pagan, la víctima puede cobrarla por la vía ejecutiva y perseguir sus bienes.
Apelación
La sentencia del incidente es apelable ante el superior, con las reglas generales del CPP sobre interposición y sustentación. Pueden apelar la víctima, el condenado, el tercero y el asegurador, cada uno según su interés. Explicamos el trámite y los términos en nuestra guía sobre el recurso de apelación penal.
Casación
El numeral 4 del artículo 181 del CPP dispone que, cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación integral decretada en la providencia que resuelve el incidente, debe fundarse en las causales y la cuantía que regulan la casación civil. Hoy esas reglas están en el Código General del Proceso, que exige un interés para recurrir superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales.
La Corte Suprema lo ha reiterado. En el auto AP2895-2023 (radicado 64541) aplicó a la casación contra la sentencia del incidente los preceptos del Código General del Proceso, y en el auto AP4373-2025 (radicado 58221) precisó que para alcanzar la cuantía no pueden acumularse las pretensiones económicas de varias personas ni incluirse las de quienes no fueron reconocidos como demandantes en el incidente. Si el asunto no alcanza esa cuantía, la segunda instancia es la última oportunidad ordinaria de discusión. Sobre los requisitos del recurso extraordinario, consulte nuestra guía del recurso de casación.
La otra parte
¿Cómo se defienden el condenado y el tercero en el incidente?
Después de la condena, el incidente no se reduce a pagar lo que pida la víctima. El condenado y el tercero tienen derecho a una defensa técnica plena sobre los aspectos civiles.
- Controvertir la existencia del daño. Exigir prueba de cada perjuicio y oponerse a pretensiones sin soporte.
- Discutir la cuantía. Presentar dictámenes propios, controvertir liquidaciones infladas y verificar que los ingresos alegados correspondan a la realidad.
- Cuestionar el nexo causal. Excluir daños que no provienen de la conducta por la que hubo condena o que tienen otra causa.
- Alegar la participación de la víctima en el daño. El artículo 2357 del Código Civil permite reducir la indemnización cuando quien sufrió el daño se expuso a él imprudentemente, lo cual es frecuente en delitos culposos de tránsito.
- Acreditar pagos previos. Lo pagado por el condenado, el asegurador o el tercero antes del incidente se descuenta de la condena.
- Verificar la caducidad. Si la solicitud se presentó por fuera de los 30 días, la defensa debe alegarlo de inmediato.
El tercero civilmente responsable puede, además, discutir que no existía la relación de dependencia o la guarda de la actividad que lo haría responsable, y el asegurador puede invocar los límites, deducibles y exclusiones de la póliza.
Lecciones de la práctica
¿Qué errores son frecuentes en el incidente de reparación integral?
Dejar vencer los 30 días
Es el error más costoso. La víctima espera a que alguien la cite y, cuando acude, el término ya caducó. El juez no abre el incidente por su cuenta, salvo para víctimas menores de edad.
No citar al tercero ni al asegurador
Si no se pide su citación en la audiencia que abre el incidente, la sentencia solo obligará al condenado, que con frecuencia es insolvente.
Formular una pretensión sin cuantificar
Pedir una reparación genérica, sin valores ni pruebas, debilita la posición de la víctima en la conciliación y en la sentencia.
Faltar a una audiencia
La inasistencia injustificada del solicitante equivale a desistimiento, con archivo y condena en costas.
Conciliar sin saber cuánto vale el daño
Aceptar la primera oferta sin una liquidación técnica suele implicar renunciar a buena parte de la reparación.
Cómo le ayudamos
¿Qué servicios prestamos en el incidente de reparación integral?
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- Solicitud de medidas cautelares para asegurar el pago.
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Principio de oportunidad · Santa Fe de Antioquia
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Absolución · Bogotá
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Libertad · Bogotá
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Tutela · Villavicencio
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Legislación vigente
Marco normativo del incidente de reparación integral
Estas son las normas que regulan el incidente y la responsabilidad civil derivada del delito, con las leyes que las modificaron y las sentencias que las condicionaron.
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
Artículo 11 · Derechos de las víctimas
Reconoce a las víctimas el derecho a una pronta e integral reparación, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder.
Artículo 25 · Integración
Remite a otras codificaciones en lo no regulado; por esta vía se aplican al incidente las normas procesales civiles.
Artículo 92 · Medidas cautelares sobre bienes
Permite embargar y secuestrar bienes del imputado, desde la imputación, para proteger el derecho a la indemnización.
Artículo 97 · Prohibición de enajenar
Impide al imputado enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la imputación, salvo que garantice la indemnización de perjuicios.
Artículo 100 · Afectación de bienes en delitos culposos
Regula los vehículos y bienes involucrados en conductas culposas mientras se garantizan los perjuicios.
Artículo 102 · Procedencia y ejercicio del incidente
Modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. Regula quién pide el incidente, la convocatoria dentro de los ocho días siguientes y las citaciones de los artículos 107 y 108.
Artículo 103 · Trámite del incidente
Modificado por el artículo 87 de la Ley 1395 de 2010. Regula la formulación oral de la pretensión, las causales de rechazo y la primera conciliación.
Artículo 104 · Audiencia de pruebas y alegaciones
Mantiene su texto original. Prevé otra conciliación, las pruebas, las alegaciones y los efectos de la inasistencia.
Artículo 105 · Decisión de reparación integral
Modificado por el artículo 88 de la Ley 1395 de 2010. Ordena adoptar la decisión que pone fin al incidente en la misma audiencia y mediante sentencia.
Artículo 106 · Caducidad
Modificado por el artículo 89 de la Ley 1395 de 2010, declarado exequible en la sentencia C-250 de 2011. La solicitud caduca 30 días después de quedar en firme el fallo condenatorio.
Artículo 107 · Tercero civilmente responsable
Define a quien debe responder según la ley civil por el daño causado por el condenado y exige citarlo en la audiencia que abre el incidente.
Artículo 108 · Citación del asegurador
Permite citar al asegurador de la responsabilidad civil. La sentencia C-409 de 2009 retiró la expresión que limitaba su participación a la conciliación.
Artículo 132 · Víctimas
Define quiénes son víctimas: quienes sufren algún daño como consecuencia del injusto.
Artículo 181 · Procedencia de la casación
Su numeral 4 dispone que la casación limitada a la reparación integral se rige por las causales y la cuantía de la casación civil.
Código Penal (Ley 599 de 2000)
Artículo 94 · Reparación del daño
Establece que la conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de ella.
Artículo 95 · Titulares de la acción civil
Reconoce la acción indemnizatoria a las personas naturales, sus sucesores y las personas jurídicas perjudicadas, y al actor popular frente a bienes colectivos.
Artículo 96 · Obligados a indemnizar
Obliga solidariamente a los penalmente responsables y a quienes, según la ley sustancial, deban reparar el daño.
Artículo 97 · Indemnización por daños
Fija hasta 1.000 salarios mínimos la indemnización que el juez puede señalar y exige probar los daños materiales. La sentencia C-916 de 2002 limitó ese tope al daño moral no determinado objetivamente.
Artículo 98 · Prescripción de la acción civil
Regula la prescripción de la acción civil derivada del delito cuando se ejerce dentro del proceso penal y remite a la legislación civil en los demás casos.
Otras normas
Ley 1098 de 2006 · Artículo 197
Ordena iniciar de oficio el incidente cuando la víctima es menor de edad y nadie lo solicitó dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria.
Código Civil · Artículos 2341 a 2360
Regulan la responsabilidad civil extracontractual, el hecho ajeno, las actividades peligrosas, la culpa de la víctima y la prescripción.
Fundamento superior
Marco constitucional
El incidente de reparación integral desarrolla los derechos de las víctimas reconocidos por la Constitución de 1991 y por los tratados de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad.
Artículo 2 · Fines del Estado
Impone a las autoridades proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, y asegurar la vigencia de un orden justo.
Artículo 29 · Debido proceso
Garantiza la defensa y la contradicción del condenado, el tercero y el asegurador dentro del incidente.
Artículo 44 · Derechos de los niños
Consagra la prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que fundamenta la apertura oficiosa del incidente cuando son víctimas.
Artículo 93 · Bloque de constitucionalidad
Integra los tratados que reconocen a las víctimas el derecho a un recurso efectivo y a la reparación.
Artículo 229 · Acceso a la justicia
Garantiza el acceso a la administración de justicia, base de la sentencia C-213 de 2020 sobre la suspensión de la caducidad.
Artículo 250 · Funciones de la Fiscalía
Encarga a la Fiscalía solicitar las medidas para la asistencia a las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito.
Precedentes
Jurisprudencia sobre el incidente de reparación integral
Estas decisiones definen la naturaleza del incidente, el cómputo de la caducidad, la posición del asegurador, el tope del daño moral y las reglas de la casación.
Corte Constitucional
Sentencia C-916 de 2002
Declaró exequible de forma condicionada el artículo 97 del Código Penal: el límite de 1.000 salarios mínimos se aplica exclusivamente al daño moral cuyo valor pecuniario no fue objetivamente determinado en el proceso.
Sentencia C-409 de 2009
Retiró del artículo 108 la restricción que limitaba la intervención del asegurador a la conciliación, con lo cual puede ser parte del incidente y ser condenado dentro de los límites del contrato de seguro.
Sentencia C-250 de 2011
Declaró exequibles, por los cargos analizados, las reglas de la Ley 1395 de 2010 que sitúan el incidente después de la firmeza de la condena y fijan la caducidad de 30 días, al no encontrar afectación de los derechos del tercero civilmente responsable.
Sentencia C-213 de 2020
Al revisar el Decreto Legislativo 564 de 2020, declaró inconstitucional la exclusión de la materia penal de la suspensión de términos de caducidad, incluido el término para solicitar el incidente de reparación integral.
Sentencia T-230 de 2024
Encontró un defecto sustantivo en la negativa a decretar medidas cautelares en el incidente sin aplicar la integración normativa del CPP.
Sentencia C-100 de 2026
Se declaró inhibida frente a la demanda contra los artículos 102 a 106 del CPP, que alegaba la falta de un límite temporal para el incidente, porque la demanda confundía la prescripción con la duración del trámite y omitía la remisión del artículo 25 a las normas procesales civiles.
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Sentencia SP8463-2017
Equiparó el incidente a la antigua parte civil, recordó que la conciliación y la sentencia prestan mérito ejecutivo y precisó que la caducidad opera sin distinguir la calidad de la víctima ni si los derechos son públicos o privados.
Sentencia de casación, radicado 34145
Definió el incidente como un mecanismo para hacer efectiva la reparación del daño, de naturaleza civil, en el que se debaten la conducta dañosa, el daño y el nexo causal, sin reabrir la responsabilidad penal.
Auto AP7189-2016
Con base en el inciso 3 del artículo 157 del CPP, contó los 30 días como hábiles desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, declaró caducada la solicitud presentada por una entidad pública y advirtió que la parte podía reclamar sus derechos en la jurisdicción civil.
Auto AP4373-2025
Reiteró que la casación limitada a la reparación integral exige la cuantía de la casación civil, superior a 1.000 salarios mínimos, y precisó que no pueden acumularse las pretensiones de varias personas ni incluirse las de quienes no fueron reconocidos como demandantes.
Honorarios y alcance
¿Cuánto cuesta un abogado para el incidente de reparación integral?
El valor depende de la cuantía de los perjuicios, del número de víctimas y de obligados, de la complejidad probatoria y de si se requieren peritajes, medidas cautelares o recursos posteriores. Son referencias generales de la guía de honorarios de Asesoría Penal 24/7, no precios mínimos.
Consulta penal inicial
0,5 SMLMV
Revisión de la sentencia, de la ejecutoria y del término de caducidad.
Audiencias preliminares
5 a 50 SMLMV
Incluye solicitudes de medidas cautelares sobre bienes del imputado.
Investigación, acusación y juicio
35 a 170 SMLMV
Defensa o representación de víctimas durante el proceso, con preparación del aspecto patrimonial.
Incidente de reparación integral
Según el caso
Se cotiza tras revisar la sentencia, la cuantía y las pruebas, en propuesta escrita.
Inquietudes habituales
Preguntas frecuentes sobre el incidente de reparación integral
Plazos y solicitud
¿Cuánto tiempo tengo para pedir el incidente de reparación integral?
Treinta días contados desde que la sentencia condenatoria queda en firme, según el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). La Corte Suprema, en el auto AP7189-2016, aplicó el inciso 3 del artículo 157 del mismo código y los contó como días hábiles, desde el día siguiente a la notificación de una sentencia que no admitía recursos.
Si hubo apelación o casación, el término solo empieza cuando esos recursos se resuelven y la condena queda ejecutoriada.
La regla es la misma para las sentencias anticipadas por aceptación de cargos o por preacuerdo. Lo prudente es pedir constancia de ejecutoria y radicar la solicitud con margen, sin esperar el último día.
¿Qué pasa si se vence el plazo de 30 días?
Opera la caducidad: el juez penal debe declararla y ya no puede tramitar el incidente, aunque el daño sea evidente. La defensa del condenado o del tercero puede alegarla en la primera audiencia, y la Corte Suprema ha precisado que la ley no distingue entre víctimas particulares y entidades públicas.
La caducidad cierra este procedimiento especial, no el derecho a la indemnización.
En el auto AP7189-2016 la Corte advirtió que la parte puede acudir a la jurisdicción civil mediante un proceso de responsabilidad civil extracontractual, sujeto a los términos de prescripción del artículo 2358 del Código Civil. Allí la víctima deberá probar todos los elementos de la responsabilidad en un trámite más largo.
¿Quién puede solicitar el incidente de reparación integral?
La víctima directamente, o el fiscal o el Ministerio Público a instancia de ella, según el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Por víctima se entiende, conforme al artículo 132, toda persona natural o jurídica que haya sufrido un daño como consecuencia del delito, de modo que pueden reclamar la víctima directa, sus herederos y quienes sufrieron un perjuicio propio, como los familiares de la persona fallecida.
Las entidades públicas afectadas también están legitimadas y se sujetan al mismo término. Cuando la víctima es menor de edad y nadie lo pide dentro de los 30 días, el artículo 197 de la Ley 1098 de 2006 ordena al juez iniciarlo de oficio.
¿Necesito abogado para el incidente de reparación?
En la práctica, sí. El incidente exige formular oralmente una pretensión concreta, cuantificar cada perjuicio, solicitar la citación del tercero y del asegurador, aportar dictámenes, contrainterrogar peritos y negociar acuerdos que luego se cobran por vía ejecutiva.
Un error técnico en cualquiera de esos pasos puede reducir la indemnización o dejarla sin un obligado solvente.
El condenado, el tercero civilmente responsable y el asegurador también requieren defensa técnica, porque en el incidente pueden controvertir la existencia del daño, su valor y el nexo causal. Si la víctima no tiene recursos, puede pedir orientación sobre la representación pública de víctimas.
Trámite y pruebas
¿Cómo es el trámite del incidente de reparación integral?
Pedido el incidente, el juez que dictó la condena convoca a audiencia dentro de los ocho días siguientes. Allí el incidentante formula oralmente su pretensión y anuncia sus pruebas; el juez decide si la admite, la pone en conocimiento del condenado y ofrece conciliar (artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004).
Si no hay acuerdo, se fija una segunda audiencia dentro de los ocho días siguientes.
En ella se intenta otra conciliación y, si fracasa, se practican las pruebas de las partes, se escuchan sus alegaciones y el juez dicta sentencia en la misma diligencia, conforme a los artículos 104 y 105.
¿En el incidente se puede volver a discutir si el condenado es culpable?
No. La responsabilidad penal quedó definida en la sentencia condenatoria en firme y hace tránsito a cosa juzgada. La Corte Suprema ha explicado que el incidente es un mecanismo independiente y posterior al juicio, de naturaleza civil, en el que ya no se discute si el condenado cometió el delito.
Lo que sí puede controvertir es si el daño existe, cuánto vale y si fue causado por la conducta por la que hubo condena.
También puede alegar pagos previos o la participación imprudente de la víctima en el daño, que según el artículo 2357 del Código Civil permite reducir la indemnización.
¿Qué pruebas necesito para reclamar perjuicios?
La sentencia penal prueba el hecho, no el monto del daño. Para los perjuicios materiales se necesitan documentos que acrediten gastos e ingresos perdidos: facturas, extractos, certificados laborales, declaraciones de renta e historias clínicas.
Cuando el cálculo es complejo, como el lucro cesante futuro o una pérdida de capacidad laboral, conviene un dictamen pericial contable, actuarial o médico.
Para el perjuicio moral sirven los testimonios, los dictámenes psicológicos y la prueba del parentesco o la cercanía afectiva. Todas las pruebas deben anunciarse al formular la pretensión, porque el artículo 103 exige expresar desde ese momento los medios que se harán valer.
¿Qué pasa si no asisto a la audiencia del incidente?
Depende de quién falte. Si el solicitante no comparece sin justa causa, el artículo 104 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) entiende que desiste de su pretensión: se archiva la solicitud y se le condena en costas.
Por eso la víctima debe asistir o asegurar la presencia de su apoderado en cada sesión.
Si quien falta sin justa causa es el condenado, el juez recibe la prueba de los asistentes y decide con base en ella. Además, quien fue debidamente citado queda vinculado a los resultados del incidente aunque no haya comparecido, de modo que ausentarse solo elimina la oportunidad de defenderse.
Perjuicios y obligados
¿Cuánto se puede reclamar por daño moral?
El artículo 97 del Código Penal (Ley 599 de 2000) permite al juez fijar hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. La Corte Constitucional, en la sentencia C-916 de 2002, precisó que ese tope solo rige para el daño moral cuyo valor no fue determinado objetivamente en el proceso; los perjuicios materiales probados se reconocen por su valor real, aunque superen esa cifra.
Es un máximo, no una tarifa.
El juez tasa la suma según la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño, con criterios de proporcionalidad y atendiendo a los parámetros jurisprudenciales para casos similares. Entre familiares cercanos el dolor suele inferirse del parentesco, pero esa inferencia puede desvirtuarse con prueba en contrario.
¿Puede responder alguien distinto al condenado?
Sí. El artículo 107 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) permite vincular al tercero civilmente responsable, es decir, a quien según la ley civil debe responder por el daño causado por el condenado: el empleador por los actos de su trabajador, o el propietario del vehículo y la empresa transportadora en los delitos de tránsito.
El artículo 108 permite citar además al asegurador.
La citación del tercero debe pedirse en la audiencia que abre el incidente. Si no se solicita, la sentencia solo obligará al condenado, que con frecuencia no tiene bienes. El tercero conserva su derecho de defensa y puede discutir el vínculo que lo haría responsable, el daño y su cuantía.
¿La aseguradora solo participa en la conciliación?
No. La redacción original del artículo 108 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) limitaba la intervención del asegurador a la conciliación, pero la Corte Constitucional, en la sentencia C-409 de 2009, retiró esa restricción.
Hoy el asegurador citado es parte del incidente: puede aportar y controvertir pruebas, alegar y ser condenado en la sentencia.
Su obligación está limitada por el contrato: responde hasta el valor asegurado y según las coberturas, deducibles y exclusiones de la póliza. Por eso, antes de la primera audiencia, conviene identificar todas las pólizas aplicables, como las de responsabilidad civil extracontractual de empresas o vehículos, y pedir su citación a tiempo.
¿Qué pasa si el condenado no tiene con qué pagar?
La insolvencia no impide que el juez lo condene.
La sentencia que acoge la pretensión presta mérito ejecutivo y puede cobrarse sobre los bienes presentes y futuros del condenado, además de los del tercero civilmente responsable y el asegurador vinculados, que en la práctica suelen ser quienes garantizan el pago.
Para evitar que el responsable se insolvente, el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) permite pedir embargo y secuestro de bienes desde la audiencia de imputación, y la Corte Constitucional, en la sentencia T-230 de 2024, reconoció que también pueden decretarse medidas cautelares dentro del incidente acudiendo a las normas procesales civiles.
Decisión y recursos
¿Se puede apelar la sentencia del incidente de reparación?
Sí. La decisión que pone fin al incidente es una sentencia, según el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y admite apelación ante el superior. Pueden apelarla la víctima, el condenado, el tercero y el asegurador, cada uno en lo que le resulte desfavorable, con las reglas generales de interposición y sustentación.
La casación es más restringida.
El numeral 4 del artículo 181 exige las causales y la cuantía de la casación civil, hoy un interés superior a 1.000 salarios mínimos según el Código General del Proceso. En el auto AP4373-2025 la Corte Suprema precisó que no pueden sumarse las pretensiones de varias víctimas para alcanzar esa cuantía.
¿Si ya conciliamos, la víctima puede seguir reclamando?
No por los conceptos incluidos en el acuerdo. La conciliación pone fin al incidente y, como recordó la Corte Suprema en la sentencia SP8463-2017, presta mérito ejecutivo: si el obligado incumple, la víctima no vuelve a litigar el daño, sino que cobra directamente lo pactado mediante un proceso ejecutivo.
El acuerdo debe redactarse con precisión: perjuicios que comprende, valor total, cuotas y fechas de pago, intereses o cláusula aceleratoria ante el incumplimiento y, si interviene el asegurador, la suma que asume la póliza.
Un acuerdo ambiguo genera discusiones posteriores sobre qué quedó indemnizado.
Respaldo profesional
¿Quién dirige su caso?
Los incidentes de reparación los dirige el abogado senior de la firma, con un equipo que cuantifica perjuicios, coordina peritos y vigila los términos de caducidad desde el día en que se lee la sentencia.
Andrés Felipe Martínez Moya
Abogado Senior y Director Legal
- Formación: abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia; magíster en Derecho Penal y doctorando en Derecho de la Universidad de los Andes.
- Experiencia: cerca de 3.000 casos penales asesorados o representados, como defensor y como apoderado de víctimas.
- En reparación integral: estructura la pretensión y su prueba, negocia conciliaciones con garantías y defiende a condenados y terceros frente a reclamaciones sin soporte.
Equipo de la firma
Trabajo coordinado en cada incidente
- Litigantes penales: preparan la formulación de la pretensión, interrogan peritos y conducen la conciliación.
- Investigación jurídica: actualiza la jurisprudencia sobre tasación de perjuicios, caducidad y casación.
- Atención al cliente: organiza con la familia los documentos que prueban cada perjuicio y la mantiene informada.
Reserva y transparencia: antes de aceptar un caso verificamos que no haya conflicto de intereses, y todo lo que el cliente nos cuenta queda protegido por el secreto profesional.
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Atención jurídica
Abogados para la reparación de víctimas en Bogotá y en toda Colombia
Tramitamos incidentes de reparación integral ante juzgados penales de todo el país, en audiencias presenciales y virtuales, y actuamos de inmediato cuando el término de caducidad está corriendo.
Nuestra oficina está en la Calle 99 #10-57, Edificio Ecotek, piso 6, Bogotá.
Si la sentencia condenatoria ya quedó en firme, el término de 30 días para pedir el incidente está corriendo. Escríbanos el mismo día.
Qué enviarnos por WhatsApp
- Juzgado y número de radicado.
- Fecha de la sentencia y de su ejecutoria.
- Delito y daños sufridos.
- Si hay empleador, vehículo o póliza involucrados.
Atención 24/7 · Actuaciones virtuales en todo el país
¿Necesita reclamar o controvertir una reparación integral?
Verificamos el término de caducidad, cuantificamos los perjuicios y preparamos la pretensión o la defensa con pruebas sólidas.
Información útil para la evaluación inicial
- Copia de la sentencia
- Constancia de ejecutoria
- Juzgado y radicado
- Soportes de gastos
- Prueba de ingresos
- Historia clínica
- Pólizas de seguro
- Datos del empleador o propietario
Contenido informativo sobre el incidente de reparación integral en Colombia, con base en la Ley 906 de 2004 y el Código Penal. No sustituye la asesoría sobre un caso concreto ni garantiza resultados.